El bloque progresista del Constitucional avalará la ley del aborto sin permitir limitaciones
El proyecto de sentencia sobre la ley de plazos, de la que el conservador Enrique Arnaldo es ponente, iniciará su deliberación el 7 de febrero, según 'El País'.
Comienza un momento crucial para el futuro de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como ley del aborto. Después de que el Partido Popular presentase en 2010 un recurso en el Tribuna Constitucional contra la actual norma de plazos, la deliberación arrancará el próximo 7 de febrero. Y lo hará profundamente marcada por el cambio de mayorías resultante de la última renovación.
El bloque progresista, que actualmente cuenta con la mayoría en el Alto Tribunal, tiene previsto avalar la actual ley del aborto con su sistema de plazos -que permite a la mujer abortar en las primeras 14 semanas sin ningún requisito-. Mas no solo eso. Este ala del Constitucional no permitirá ninguna limitación en esta legislación. Así lo ha publicado El País este lunes.
En la citada información se expone que ya se han iniciado los contactos preliminares entre los magistrados y de esas conversaciones informales ya ha quedado claro que ninguno de los siete jueces progresistas que integran el Constitucional no permitirán ningún cambio en la sentencia que dificulte la libre decisión de la mujer. Sin embargo, como se trata de una deliberación, eso no quiere decir que no puedan debatirse, por lo que cualquier propuesta será analizada exhaustivamente.
A favor de la constitucionalidad de la norma
Tal y como señala el mencionado diario, con la actual mayoría progresista se ha configurado una firme determinación a favor de declarar la constitucionalidad de la vigente ley de plazos y la voluntad es poder alcanzar un pacto para resolver la impugnación de la ley del aborto con un fallo consensuado. Eso sí, sin tener que hacer concesiones que supongan pérdida de libertad para las mujeres.
Por otra parte, si la ponencia del magistrado conservador Enrique Arnaldo acabase con su borrador de resolución rechazado, se abrirían varios escenarios. Podría seguir como ponente, pero teniendo que asumir en el nuevo proyecto las tesis de la mayoría -progresista-. También podría renunciar y la redacción de la ponencia pasaría a competer a otro magistrado, esta vez progresista, del Alto Tribunal.