Realidad paralela: todas las contradicciones en las que ha caído el PP con el plan antiaborto

Alfonso Fernández Mañueco ha vivido su semana más dura como presidente de Castilla y León. Nunca antes, el dirigente del PP se había visto amenazado por la posibilidad de que el gobierno central aplicara sobre su región el artículo 155 si hacía cumplir el protocolo antiaborto que días antes Vox había anunciado y pregonado. Después de que Génova le obligara a recular y la medida acaparara todas las portadas, Mañueco no ha tenido más remedio que rectificar e intentar distorsionar las evidencias que ha dejado esta espinosa disputa con su socio de gobierno. 

El pasado jueves 12 de enero, el vicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo anunciaba en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno un nuevo protocolo para asistir a mujeres embarazadas que obligaba a los médicos a ofrecer escuchar el latido del feto, incluso si la paciente pretendía abortar. A su lado en aquella comparecencia estaba el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), que no dijo nada en contra de lo que Gallardo anunciaba a los periodistas. Las medidas se recogieron en una nota de prensa que la Consejería de Sanidad subió a su web y que, a día de hoy, son la única constancia escrita de dicho planteamiento. 

Tras las primeras críticas de la oposición, la propia consejería sale al quite, desmiente a Gallardo y asegura que "el protocolo va a seguir igual". Pero sólo unas horas después, es el propio consejero el que vuelve a salir para asegurar que lo anunciado por Gallardo saldrá adelante salvo "pequeñas matizaciones". Además, asegura que su relación con el vicepresidente es "excelente".

Pero, en paralelo, Génova comienza a mover ficha. Su último fichaje, Borja Sémper, retuitea la información del desmentido que luego no es tal y Cuca Gamarra culpa al Gobierno de esta polémica por intentar sacar del foco de interés las rebajas de penas por la aplicación de la ley del "sólo sí es sí".  A última hora del viernes, la Consejería de Sanidad informa de que el nuevo protocolo entrará en funcionamiento el mismo lunes 16, respondiendo así a la inmediatez expresada por el líder autonómico de Vox. Es decir, el PP de Castilla y León admite que hay un protocolo y que lo va a poner en marcha pese a que la comunidad médica lo rechaza de pleno. Mientras se desata la tormenta, Feijóo se mantiene escondido y no hace declaraciones.

Ese fin de semana, el líder del PP tenía la gran presentación de sus candidatos autonómicos en Zaragoza. Y el incendio político lejos de extinguirse va a más. Según informaba Pablo Montesinos en El HuffPost, los equipos acuerdan que Mañueco atienda a los medios para intentar solventar las dudas y pasar página. En el canutazo, el líder regional niega “la mayor” sobre los teóricos planes antiabortistas, habla de medidas “provida” y evita desautorizar expresamente a Gallardo. No consiguió rebajar la polémica.

El requerimiento del Gobierno pone en aprietos al PP

El domingo 15, el Gobierno envía un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y le advierte de su disposición a más acciones legales. Comienza entonces el choque institucional entre gobierno y Comunidad Autónoma. El lunes, el protocolo no se publica en el boletín oficial de la región ni los hospitales tienen constancia de él. Por tanto, no se aplica pese a lo anunciado por el PP. 

El aviso del Ejecutivo desconcierta a los populares, que vuelven a perderse en su discurso oficial.  Mientras Génova obliga a Fernández Mañueco a parar la polémica, Ayuso carga contra el vicepresidente Gallardo por buscar un "conflicto" y dar alas a Sánchez mientras que la candidata del PP en Extremadura pide sacar el aborto del debate político.

En esa declaración institucional sin preguntas, Mañueco contradice a Gallardo al asegurar que el plan no es de obligado cumplimiento para los médicos. Además, dice que será responsabilidad del consejero de Sanidad trasladar por escrito a los sanitarios en qué se traducen las medidas anunciadas y si existe alguna modificación sobre lo que PP y Vox incluyeron en la nota de prensa entregada al término del Consejo de Gobierno. Es decir, habrá plan y se pondrá por escrito, aunque no quedan fijados sus términos.

Un día después, Feijóo retoma el discurso de que "no se va a modificar el protocolo de atención a mujeres embarazadas" y ataca a su socio de gobierno al recordarle que no tiene las competencias de Sanidad en Castilla y León. Esto abre una grieta enorme con Vox, que empieza a azuzar el fantasma de la ruptura de Gobierno. El PP, por su parte, deja que la prensa hable de un posible adelanto electoral.

El portavoz de la Junta niega la mayor

Este jueves, una semana después de que estallara la bomba, el portavoz del gobierno regional niega la mayor y asegura ahora que no hay protocolo y que nunca lo ha habido, puesto que "no se ha aprobado ninguna acción o norma" que afecte a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué es entonces lo que anunció Gallardo junto a él siete días antes? Para Fernández Carriedo, son "declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de las normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico". 

¿Y por qué no paró los pies a Gallardo al anunciar supuestamente algo que no había aprobado en el Consejo de Gobierno? El dirigente del PP sólo respondió: "Mi voluntad es intentar mejorar si me he equivocado alguna vez". Por último, el consejero descartó que cualquier indicación sobre las nuevas prestaciones vayan a publicarse de manera oficial. ¿Cómo se enterarán entonces los sanitarios de estas novedades? "Habrá un mecanismo de comunicación que tenga establecido Sanidad como cuando hay cualquier mejora", respondió.

De una manera apresurada, PP quiso cerrar así una crisis de imagen que puede afectarle de manera grave a sólo cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas. A golpe de desmentido y contradicciones, Génova ha intentado construir una realidad paralela para mitigar el duro golpe recibido. 

Nunca hubo protocolo aunque se anunció en rueda de prensa. Nunca hubo decisión de publicarlo, aunque la Consejería de Sanidad filtró que el lunes entraría en vigor. Y todo fue una argucia de Vox azuzada por el Gobierno pese a que la propia consejería dijo estar de acuerdo "salvo algunos matices" con las palabras pronunciadas por García-Gallardo en aquella comparecencia junto a un dirigente del PP. Ni el mejor sueño de Resines.