Las acciones que no puedes emprender contra un inquilino moroso: algunas son penales 

Uno de los mayores temores de los propietarios de las viviendas en alquiler en España es el de enfrentarse a un inquilino moroso. Con los precios descontrolados, subiendo en algunos casos por encima del límite establecido por el Gobierno para controlar la inflación, los desahucios por situación de impago de alquiler han caído a mínimos en 2022. 

Las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este año, publicadas hace unas semanas lo dejan claro: los españoles que viven de alquiler representan más de siete de cada diez de los desahucios que se practican en España, que en 2022 ascendieron a un total de 27.533, lo que supone una reducción del 5 % respecto a un año antes. 

A la espera de que el Gobierno apruebe la Ley de Vivienda y, previsiblemente, apruebe un tope al precio de los alquileres, es fundamental tener en cuenta los derechos y obligaciones tanto de arrendatarios como de arrendadores. En el caso de que un inquilino deje de pagar el alquiler, existen ciertas acciones que los propietarios no pueden llevar a cabo para desalojar al moroso porque, tal como apunta el portal inmobiliario Idealista en su blog, el arrendador de la vivienda puede enfrentarse a sanciones o, incluso, penas de cárcel. 

En primer lugar, cortar el suministro de luz, gas o agua a la vivienda es ilegal y puede conllevar sanciones muy graves. De igual manera, cambiar las cerraduras de la vivienda sin contar con una orden judicial es una acción ilegal que vulnera los derechos del inquilino. Asimismo, amenazar o acosar al inquilino es inaceptable y puede tener consecuencias legales muy negativas. En algunos casos puede conllevar pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses. 

En caso de que el inquilino no pague el alquiler y no abandone la vivienda, el arrendador debe iniciar un proceso de desahucio por vía judicial. El tiempo que se tarda en llevar a cabo este proceso puede variar según las circunstancias del caso y el juzgado correspondiente, aunque de media suele durar entre ochos meses y un año. 

Una vez que se ha obtenido una sentencia favorable en el proceso de desahucio, el inquilino debe abandonar la vivienda. Si no lo hace, se puede solicitar la intervención de la policía para llevar a cabo el desalojo. En caso de que el inquilino haya causado daños en la vivienda o haya dejado de pagar otras deudas (como la comunidad de propietarios), el arrendador puede reclamar una indemnización por los daños ocasionados.