¿A qué se enfrentan los responsables del incendio de Murcia? Habla el fiscal 

La unidad científica de la Policía Nacional ya ha comenzado los trabajos de inspección, toma de muestras y recopilación de pruebas en el interior de las discotecas incendiadas en la madrugada de este domingo para tratar de averiguar las causas de la tragedia que acabó con la vida de 13 personas, informan fuentes de ese cuerpo.

Tras la retirada de los bomberos después de 36 horas de trabajo ininterrumpido en la zona, que han empleado las últimas horas en asegurar el espacio y reforzar las estructuras donde han de trabajar los agentes especializados en el esclarecimiento de muertes violentas con el fin de preservar su seguridad, una vez que el fuego ha sido por completo extinguido y el calor de los materiales no afecta a su labor.

Mientras ese trabajo policial avanza, ya surgen cuestiones sobre el proceso judicial que se puede seguir para aclarar lo sucedido, sobre todo tras trascender que supuestamente los locales afectados tenían orden de cese de actividad desde el año pasado. Especialmente interesante es la radiografía de situación que ha hecho el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en declaraciones al diario La Opinión. Según explica, los responsables de este drama se enfrentarían a penas de hasta cuatro años de cárcel.

Para argumentar esta proyección, el fiscal indica que hay que revisar dos puntos esenciales en la investigación de Las Atalayas: la búsqueda de las causas del fuego y la posibilidad de que la tragedia se haya debido a "un homicidio imprudente", por negligencia. Es en ese caso al que corresponde la pena citada de cuatro años en prisión, según el artículo 142 del Código Penal. Define Manzanera que la ley establece entre uno cuatro años de prisión para los responsables de una actuación negligente que acaba con la muerte de una persona, pero "no contempla una condena por cada una de las víctimas mortales, sino que fija la pena en función de los delitos más graves", dice el ciario. "En este caso se supone que la gravedad es la misma en los 13 fallecimientos", afina.

Igualmente, indica al rotativo murciano que hay que ver si "ha habido omisión de medidas de prevención" necesarias para evitar las llamas. "Vamos a ver en qué queda todo. También podría haberse producido un cortocircuito que no estuviera provocado por una omisión", ahonda.

Ahora mismo es el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia el que ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido, tarea en la que trabaja desde mismo domingo. Augura que "va a ser pesado", porque son tres los locales de ocio afectados y muchas víctimas, al menos 13. Hay que ir "centímetro a centímetro", se teme, tanto del escenario como de los restos de las víctimas, y también de los expedientes administrativos sobre licencias y permisos y seguros y el relato de los testigos y supervivientes. 

¿Dentro de la ley?

De momento, los responsables de la discoteca Teatre de Murcia, una de las siniestradas, insisten en que se actuó siempre dentro de la legalidad y amparada por la licencia de actividad concedida en su día, según ha declarado este martes el abogado del propietario, José María Caballero.

En declaraciones a EFE, Caballero ha señalado que la empresa propietaria del local actuó siempre “de forma diligente” en el cumplimiento de las normas, como lo prueba el hecho de que una visita de inspección girada por los servicios sanitarios del ayuntamiento en marzo pasado declaró subsanadas unas deficiencias observadas un mes antes.

El acta levantada al efecto recogía también que el local cumplía las condiciones higiénico-sanitarias, por lo que no existía obstáculo alguno para su inscripción en el registro autonómico correspondiente.

Caballero ha recalcado que Teatre ha contado siempre con licencia de actividad “y con todos los papeles en regla”, para añadir que la división en dos partes del edificio en el que se ubica es solo una “mera cuestión formal”, que en nada afecta a la legalidad de la situación en que se encuentra aquella discoteca. Para él, esa división no obligaba a la empresa a gestionar la concesión de una nueva licencia de actividad, ya que nunca había dejado de contar con la que tenía de tiempo atrás.