El 'sprint' del Gobierno
Ir más allá en los esfuerzos exigidos a los empleados públicos o no proceder a la actualización de las pensiones son medidas que reportarían a las arcas públicas unos ahorros jugosos pero que presionarían, más si cabe, la capacidad de gasto de los hogares españoles.
"Reducir la deuda pública lleva tiempo, sobre todo en un contexto de crecimiento económico débil. Es un maratón, no un sprint". En estos términos se ha pronunciado esta misma semana el FMI, tras comparar cuáles habían sido las dinámicas de endeudamiento de las principales economías del mundo en los últimos cien años. Sin embargo, los países de la periferia del euro han optado (o se lo han impuesto) por jugar la carrera a la baza contraria. Y eso que la realidad evidencia que para reducir un euro de déficit con la actividad contrayéndose, es necesario recortar, como mínimo, dos euros de gasto público.
El esbozo de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que hemos conocido el pasado jueves, da una nueva vuelta de tuerca al recetario de esfuerzos que debe acometer la sociedad española para devolver las cuentas públicas a una posición más saneada. Las novedades respecto a lo que conocíamos antes de verano han sido más bien escasas. La subida del IVA y del IRPF que ya se está soportando, la reducción de empleo público, el recorte de las prestaciones por desempleo o las mayores restricciones de gasto a los ministerios, engrosarán el ajuste el próximo año. El Estado tiene que reducir el déficit en 7.000 millones de euros y, para ello, el Gobierno plantea medidas de consolidación por algo más del doble.
Lo hace partiendo de dos supuestos, a día de hoy, cuando menos cuestionables: el primero es que este año, "sí y sí", el Estado cumple con el objetivo de déficit, y el segundo, que, en 2013, la economía "solo" se va a contraer un 0,5%, limitando así las pérdidas adicionales de ocupación. El cumplimiento con el objetivo de 2012, incluso por parte del Estado, no está ni mucho menos garantizado; la última palabra la va a tener la recaudación y su capacidad para sortear la recaída del gasto doméstico en el último semestre del ejercicio. Además, llama la atención que el Gobierno haya mantenido para el cálculo del Presupuesto el mismo escenario económico que barajaba en julio, cuando, desde entonces, la percepción de deterioro, dentro y fuera de España, se ha incrementado.
Estas consideraciones son relevantes, no tanto de cara a valorar la credibilidad del proyecto presentado, que también, sino a la hora de anticipar si van a ser o no necesarios más recortes de gasto a los que a día de hoy conocemos. Por lo pronto, se mantiene la congelación de salarios públicos (y ya van tres años consecutivos) y se deja en el alero la actualización de las pensiones, ésa que tiene lugar el primero de enero de cada año para compensar las desviaciones entre la inflación con la que se calcularon y los precios realmente observados el año previo. Ir más allá en los esfuerzos exigidos a los empleados públicos o no proceder a la actualización de las pensiones son medidas que reportarían a las arcas públicas unos ahorros jugosos pero que presionarían, más si cabe, la capacidad de gasto de los hogares españoles.
Esto es lo que ocurre cuando se quiere llegar a meta lo antes posible y la carrera es de obstáculos.
