El rescate de Chipre, cuestión de tamaño
Si se decidiera cubrir todo el coste del saneamiento bancario incrementando la deuda pública y sin exigir sacrificios a los depositantes, la ratio de deuda pública sobre PIB de Chipre podría pasar del 90% del PIB a niveles del 150%. Dentro del Área euro, solo Grecia se aproxima a estas cotas.
La participación de los depósitos del sector privado en el rescate de la banca chipriota (a través de la imposición de una tasa todavía por confirmar) supone cruzar una de las líneas rojas que ninguno de los anteriores programas de asistencia bancaria en Europa, incluido por supuesto el español, había atravesado.
Hasta el momento, y como vía para aliviar la carga que supone para un país rescatar a sus bancos, la asunción de pérdidas en los procesos de reestructuración bancaria se había restringido a los accionistas y acreedores con mayor riesgo. El rescate de Chipre ha roto en buena medida con este esquema, no solo por establecer pérdidas a los depositantes y vulnerar así la garantía que a finales de 2008 se había fijado para los depósitos inferiores a 100.000 euros en el Área euro, sino también por dejar indemne a una porción significativa de tenedores de deuda bancaria. En esencia, el guion del rescate supone alterar el orden de prelación de los acreedores.
Aunque se acuerde una mayor discriminación en los impuestos aplicados a los depósitos en función de su volumen (aquellos superiores a 100.000 euros soportarían una tasa sustancialmente más elevada que los inferiores a esta cuantía), la pregunta que emerge es: ¿se ha abierto la veda para que en futuros rescates los depositantes contribuyan con su ahorro a sanear la posición financiera de la banca?
Pese a que el programa de asistencia oficial a Chipre ha apostado por esta vía, reduciendo la factura para el sector público y entrando así en un terreno inexplorado y potencialmente peligroso, parece que la respuesta es negativa. A diferencia de otros sistemas bancarios, el de Chipre cuenta con características muy peculiares que no se reproducen ni en España ni en las principales economías de nuestro entorno. Una circunstancia que, como veremos, ayuda a entender la propuesta de participación de los depositantes en el rescate bancario.
De esas particularidades, tal vez la más relevante sea la relacionada con el tamaño de la banca. Los depósitos bancarios totales de Chipre ascienden a 72.000 millones de euros, casi un 400% del PIB. En España, este porcentaje cae ligeramente por debajo del 100% cuando se tienen en cuenta los depósitos de hogares y empresas. Además, aproximadamente la tercera parte de los depósitos chipriotas proceden de inversores no residentes, en su mayoría de nacionalidad rusa, atraídos por su mayor remuneración (en media, desde 2009, los depósitos de Chipre pagan un tipo de interés superior en un 2% a los españoles) y/o vinculados a operaciones de "blanqueo" de capitales.
Con una base de depósitos tan elevada en relación al tamaño de la economía, se entiende el incentivo con el que se han encontrado las autoridades a la hora de proponer la aplicación de una tasa sobre los depósitos bancarios. Sobre todo, cuando otras alternativas no resultan lo suficientemente convincentes como para que la Troika las considere factibles. Por ejemplo, si se decidiera cubrir todo el coste del saneamiento bancario incrementando la deuda pública y sin exigir sacrificios a los depositantes, la ratio de deuda pública sobre PIB de Chipre podría pasar del 90% del PIB a niveles del 150%. Dentro del Área euro, solo Grecia se aproxima a estas cotas.
Estos factores diferenciales de Chipre deberían servir como elementos mitigantes de un posible contagio a otros países, como es el caso de España, en el que las características y la situación de su sistema bancario son bien diferentes. En cualquier caso, la gestión del "caso Chipre" durante los próximos días va a ser crucial de cara a contener un posible incremento de la percepción de riesgo sistémico en el conjunto del Área euro. Sería importante asistir a una respuesta contundente desde el frente institucional europeo que incida en las especificidades de Chipre y minimice las posibilidades de que esta gestión del rescate se haga extensiva a otros países. El intento por reducir el coste que tengan que asumir los pequeños ahorradores es un paso en esa dirección.
A corto plazo, el principal foco de riesgo lo situamos en el Parlamento chipriota, que pronto debe decidir sobre la adopción de la tasa bancaria sobre los depósitos. Una eventual negativa que no venga acompañada de un plan alternativo podría derivar en un período de mayor inestabilidad, en el que el bloqueo de financiación del BCE a la banca y la posibilidad de que ésta no pueda afrontar las peticiones de retirada de depósitos prolonguen el "corralito" impuesto el pasado fin de semana más allá del próximo jueves.
