Es hora de hacer frente al problema de la violencia en América Latina y el Caribe

El derramamiento diario de sangre a solo un paso de los Estados

Unidos, es la señal más clara de que algo terrible está sucediendo en el

vecindario. Torsos sin cabeza colgando de los postes de luz en Ciudad

Juárez en México contrastan fuertemente con las limpias calles de El

Paso, clasificada como una de las ciudades más seguras de Estados

Unidos, justo al otro lado de la frontera. Pero México no es el único

que experimenta tasas alarmantes de violencia. En conjunto, América

Latina y el Caribe albergan menos el 10% de la población

mundial pero más del 25% de los homicidios en el mundo.

Una epidemia implacable de violencia está afectando a muchos países y

ciudades en Centro y Sur América, así como en el Caribe. La tasa de

homicidios en la región es cuatro veces superior al promedio mundial,

con alrededor de 23 homicidios por cada 100.000 personas. En contraste

con otras partes del mundo, ya sea América del Norte, Europa

Occidental, África o Asia, el paciente se pone más enfermo. Ocho de

los diez países más violentos del mundo están en América Latina y en

el Caribe, siendo la mayoría de las victimas hombres jóvenes menores

de 30 años. De hecho, para los jóvenes que viven en entornos de bajos

ingresos, hay una probabilidad de 1 entre 50 de ser asesinados antes

de llegar a su 31 cumpleaños.

La triste realidad es que la violencia homicida es sólo la cruenta

punta del iceberg. Mexicanos, guatemaltecos, colombianos y jamaicanos

están huyendo de comunidades plagadas de violencia en mayor número

que nunca. Literalmente, cientos de miles de personas han sido

desplazadas por la explosión de la violencia entre cárteles en el

norte de México, mientras la clase media está haciendo silenciosamente sus maletas desde Caracas a San Salvador. Igual de

preocupante, las tasas de secuestro y otras formas de extorsión están

aumentando en algunos países. Todo esto contrasta con el impresionante

crecimiento económico de la región en la última década. Pero a pesar

de la acalorada retórica de "combatir" el crimen con más policías y

prisiones, la violencia parece estar extendiéndose.

Como era de esperar, los latinoamericanos y caribeños están

empezando a recurrir a medidas particulares para protegerse. El

negocio de la seguridad privada está en auge, con un valor entre los

100 y 165 millones de dólares al año. En la región, el personal

de seguridad privada supera en número a los agentes de policía en casi

el doble. A modo de ejemplo, hay un registro de alrededor de 470.000

vigilantes privados en Brasil y otros 450.000 en México. Y mientras la

élite de la región puede darse el lujo de contratar más vigilantes

armados y adquirir puertas más grandes, los más pobres se ven

obligados a recurrir a los grupos de autodefensa y las pandillas. Los

actos de justicia por mano propia se están convirtiendo en algo más

común en el norte de México y en otros países como consecuencia de la

inactividad policial.

No hay un único factor monolítico que pueda explicar adecuadamente el

aumento de la violencia en América Latina y el Caribe. Hay, sin

embargo, una serie de factores de riesgo recurrentes que se sabe están

estrechamente relacionados con la inseguridad. En contra de la

creencia popular, la violencia no está totalmente asociada a la

pobreza. La desigualdad social y económica, el desempleo

juvenil, la rápida y descontrolada urbanización, las débiles

instituciones policiales y de justicia, así como la amplia

disponibilidad de alcohol, drogas y armas de fuego, están más

fuertemente ligados con resultados fatales. Estos factores, aunados

con una guerra equivocada en materia de drogas, son los verdaderos

culpables.

Durante la última década, las llamadas estrategias de "mano dura"

combinadas con una fuerte vigilancia policial, severas sanciones y

encarcelamientos rápidos, fueron adoptadas por algunos gobiernos para

contrarrestar la violencia. Pero en lugar de prevenir la

victimización, incrementó la población en cárceles que ya estaban a

rebosar. Estos llamados "colegios del crimen" han profundizado

involuntariamente las redes de miembros de pandillas en lugar de

contribuir a su rehabilitación. Más positivamente, un número de

líderes progresistas han empezando a exigir una mayor inversión en

seguridad ciudadana. Con un modesto apoyo de organismos

internacionales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y las

Naciones Unidas, algunas ciudades como Bogotá, Río de Janeiro y San

Salvador están haciendo progresos para revertir la violencia y

promover la cohesión social.

Cuando el valiente liderazgo político se demuestra, los ciudadanos

también son más propensos a tener un papel activo en la promoción de

la protección y seguridad. Las organizaciones no gubernamentales,

grupos de acción cívica, empresas privadas y universidades de toda

América Latina y el Caribe están diciendo no a la violencia de manera

enfática. Los movimientos sociales, como Yo Soy 132 en México, así

como campañas en Twitter y Facebook están haciendo que su voz sea

escuchada, exigiendo mayor rendición de cuentas y una seguridad

pública inclusiva. Estos esfuerzos deben ser apoyados por

instituciones como las Naciones Unidas y otras en la comunidad

internacional. Una manera obvia para avanzar en la objectivo, es hacer

de la reducción de la violencia un elemento fundamental en la agenda

de desarrollo después de 2015. Esto es porque la ausencia de violencia

es central, no un subproducto del desarrollo humano.