¿Debe la Guardia Civil proteger las centrales nucleares?

La Guardia Civil sí debe proteger las centrales nucleares. Así se lo dijo Greenpeace al Ministerio de Industria en mayo de este año, cuando presentó el proyecto de Real Decreto sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

En primer lugar, reforzar la seguridad es necesario en las centrales nucleares ya que, por su naturaleza entrañan un alto riesgo. La sociedad presente y futura asume, sin que nadie le haya preguntado, una serie de responsabilidades y en consecuencia nos vemos obligados a hacernos cargo de mejorar, reforzar, y prevenir el riesgo.

En segundo lugar, la Guardia Civil, además su propia formación, debe tener una formación en materia de seguridad nuclear y debe estar especialmente preparada para los posibles casos de amenaza y de riesgo a los que se pueden enfrentar instalaciones de esta naturaleza. Asimismo, esta unidad debe estar preparada para saber evitar una alarma social o asegurar la no vulneración de derechos humanos y civiles.

En tercer lugar, debe ser completamente independiente del resto de servicios de seguridad, así como del resto de trabajadores contratados o subcontratados, ya que las amenazas a las que se pueden enfrentar pueden tener cualquier origen. Esto no es una hipótesis, está el caso del reactor nuclear belga Doel 4, que en agosto de 2014 se vio afectado por un acto de sabotaje interno en la sala de turbinas. También en territorio belga, entre los años 2009 y 2012, se concedió por parte de la seguridad del estado un permiso de trabajo y se permitió la entrada en la central nuclear de Doel 4 a Ilyass Boughalab, que fue uno de los 46 acusados en el juicio de Sharia4Belgium en Amberes y en 2014 se encontraba en Siria, donde luchaba junto a un grupo yihadista.

En cuarto lugar, según el Convenio de París sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, del que España es parte contratante, los países se encuentran sometidos al principio básico de la responsabilidad objetiva. Según este principio, los dueños tienen una responsabilidad general y total sobre la seguridad en las instalaciones con independencia de toda culpa por parte de un sujeto concreto responsable.

Por ello, los daños producidos por un acto terrorista en las instalaciones nucleares, que no forman parte de un contexto de una guerra civil o de una insurrección, son total responsabilidad del operador nuclear. De esta manera, la protección de los cuerpos de seguridad del Estado no exime a los explotadores de las nucleares de su responsabilidad y, además, todas estas cargas no pueden suponer un coste adicional mayor del que ya existe. Es necesario que paguen los costes adicionales que se genera por esta protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin duda, no dar más licencias de funcionamiento a las centrales nucleares sería un respiro en todos los sentidos.