"Los no nacidos no han ganado para sustos"

La frase se atribuye a un magistrado de nuestro Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, a la sazón ponente de la sentencia del recurso que presentó el Partido Popular a la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivo e IVE del año 2010.

Tras meses de amenazas del ministro Gallardón, parece que en estos momentos nuestro Gobierno está dudando sobre la oportunidad política de presentar una modificación a esta Ley. No quiere asumir el coste que supone eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y, según cuentan algunos medios de comunicación, ha decidido esperar que el Tribunal resuelva el recurso de manera favorable al PP.

En la misma línea, la ministra Mato ya anda eliminando de la financiación del Sistema Nacional de Salud los anticonceptivos de última generación, en una muestra clara de que esto de diferenciar entre la sexualidad y la maternidad nunca fue del agrado del Partido Popular, al menos cuando es una opción para todas las personas. Como ya nos dijera Mayor Oreja, ese referente moral de la ultraderecha española, las mujeres debemos tener hijos para sacar al país de la crisis.

Sin embargo, afortunadamente la mayoría de la ciudadanía española tiene claro que la decisión sobre la maternidad es algo que corresponde a las mujeres, y que la ley debe permitir que cada persona decida de acuerdo a sus convicciones y sus circunstancias. Nadie tiene el derecho de imponer su ideología a otras personas en ninguna situación, y, mucho menos, cuando están en riesgo su salud y su vida.

Según constitucionalistas y personas expertas, nuestra Constitución y la sentencia del Tribunal respecto a la Ley del año 1985, dejan claro que las mujeres son sujetos de derechos fundamentales que corresponde garantizar al Estado. Estos derechos deben equilibrarse con la protección del no nacido, y esto es exactamente lo que avala nuestra ley del año 2010, por eso incorpora la prevención, la información, y, precisamente por eso, es una ley que establece plazos e indicadores, tal y como también hacen las legislaciones de nuestro entorno Europeo.

De acuerdo a este criterio, cada mujer tiene la posibilidad de decidir cuándo es madre, y el Estado debe asegurar que lo sea en condiciones saludables. Proteger la maternidad es garantizar la decisión de las mujeres, su salud y su bienestar, y además garantizar esos derechos laborales y sociales que permiten que hombres y mujeres compartan la atención y el cuidado de criaturas atendidas adecuadamente.

Frente a esto, lo que nos encontramos en nuestro país en la actualidad es la eliminación progresiva de los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que, un recorte brutal de los derechos laborales, donde se incluye el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. A la vez, vivimos momentos de eliminación de derechos sanitarios, educativos y sociales que hasta ahora avanzaban en el cuidado y protegían el desarrollo de los y las menores.

Y mientras esto sucede, las españolas miramos con estupor lo que ocurre en otros países del mundo, esos a los que parecen mirar con admiración el ministro Gallardón, la ministra Mato y el Sr. Mayor Oreja, aquellos donde no existen derechos sexuales y reproductivos y el aborto es ilegal.

En esos lugares, las mujeres y las niñas sufren como consecuencia de una ideología que les es ajena. Sabemos que en aquellos países donde abortar es ilegal no hay menores tasas de interrupciones voluntarias del embarazo, pero sí hay mujeres y niñas pobres que ponen en riesgo su salud y su vida en abortos clandestinos e inseguros. La ideología que impone la ilegalidad del aborto es la misma que impide la prevención y la educación sexual, y por lo tanto niega la sexualidad libre y responsable. Sin derechos sexuales, sin estrategias de salud sexual y reproductiva, lo que encontramos es menos prevención, menos salud, más embarazos no deseados y más abortos clandestinos.

Recientemente hemos conocido un hecho lamentable y conmovedor. Belén es una niña de 11 años violada y abusada por su padrastro. A Belén le han arrebatado la niñez. Más allá de creencias personales o religiosas, la obligación del Estado es dar a Belén la oportunidad de tener una vida, una juventud, una niñez, y esto solo es posible en un entorno jurídico y social donde se protege la infancia, se lucha contra la violencia de género, se respetan los derechos sexuales y reproductivos, y se defiende el derecho a la salud que tienen las mujeres y las niñas.

Como cierre de esta reflexión solo se me ocurre volver al inicio, y, parafraseando al autor del título y sin que sirva de precedente, no me puedo resistir a recordar que quienes no ganamos para sustos cuando gobierna la derecha en este país somos las mujeres.