Vox plantea multar con hasta 100.000 euros la "discriminación" del castellano en Baleares

El grupo parlamentario de Vox en las Islas Baleares ha registrado este jueves en el parlamento autonómico una proposición de ley para crear la denominada "Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística" con el objetivo de evitar la "discriminación" que, según dicho grupo, sufre el castellano en toda la región.

En concreto, y según el documento presentado, la misión de dicha organismo será la de "defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas", en concreto, "el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense". Todas ellas, según la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, han estado “perjudicadas” hasta ahora por una normativa “pancatalanista” que "dificulta el uso de la lengua cooficial, el castellano".

La Oficina de Garantía de Libertad Lingüística ideada por Vox tendría competencias para vigilar "la libertad de la lengua" tanto en el ámbito público como privado. Es decir, obligaría a las administraciones públicas "a emplear las dos lenguas oficiales en todas las comunicaciones, publicaciones y señalética". 

A su vez, los ciudadanos tendrán "el derecho de elegir libremente en cuál de las dos lenguas oficiales se dirigen a las administraciones públicas, y obtener respuesta en la lengua empleada". El incumplimiento de sus normas podría acarrear sanciones que van desde faltas leves hasta multas de 100.000 euros. 

La propuesta de Vox dinamita la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986 por el Gobierno del PP de Gabriel Cañellas y que recoge el catalán como la lengua propia de las islas. Dicha norma establece el catalán como la lengua propia del Gobierno autonómico, el Parlamento, los Consells y la Administración en general. Además, fija que la documentación expedida por las entidades públicas de la CC.AA. esté en catalán, excepto en los casos en los que el ciudadano la solicite en castellano.

Enfado del Govern, que pide la retirada del texto

Pese a que Vox ha presentado la proposición de ley con el pretexto de que formaba parte del acuerdo de investidura firmado con el PP (en concreto, el punto 58 que prevé la eliminación la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos), los populares han exigido a su 'socio' que retire la propuesta al no haberse trabajado de forma conjunta y por incumplir lo marcado en el estatuto autonómico. 

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha señalado este viernes en rueda de prensa que el Ejecutivo de Marga Prohens desconocía esta proposición y que "no habrá ni un texto legal que se apruebe en el Parlament que no cumpla el Estatut d'Autonomia". En este sentido, Costa ha reiterado que "lo único" que se pactó con Vox fue la creación de la Oficina de Libertad Lingüística, pero no esta ley en concreto. 

Vox, sin embargo, ha hecho oídos sordos a la petición del Govern y seguirá adelante con su proposición. Los de Abascal, eso sí, invitan al PP a que presente las enmiendas que considere oportunas a través de la vía parlamentaria.