Senda de estabilidad, una reválida que no tiene asegurados los apoyos en el Congreso

La tensión aumenta mientras se acerca una votación clave para la estabilidad económica del país y, posiblemente, para el resto de la legislatura. Este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez volverá a enfrentarse a la posibilidad de que, por segunda vez en dos meses, el Congreso tumbe su propuesta de senda de estabilidad, paso previo para la elaboración los Presupuestos Generales de 2025 y que, también, marcará los objetivos de déficit de la administración española, así como el de deuda pública para los próximos tres años.

El escenario es complicado. Sin haber asegurado los apoyos necesarios, el Ejecutivo se enfrenta a la negativa ya anticipada de PP y Vox, a los que podría unirse otra vez Junts si las negociaciones de este fin de semana no logran que el partido de Puigdemont cambie de posición en los próximos tres días y se repita en el Congreso la escena de julio. "Es la misma senda que votamos en contra en julio, y la situación no ha cambiado”, advertía hace unos días el portavoz económico del Partido Popualr, Juan Bravo. Si el resultado se repite, el plan del Gobierno para los Presupuestos Generales de 2025 quedaría en el aire.

Un paso clave para los PGE 2025

La senda de estabilidad es el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2025. Fija los márgenes de déficit y deuda que deben respetar el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los próximos tres años. Si el Congreso vuelve a rechazarla, el Ejecutivo podría verse obligado a recurrir a un 'plan B', echando mano de los objetivos fiscales que ya se enviaron a Bruselas en abril de 2023.

Pero este plan alternativo tiene un coste: reduciría en 11.500 millones la capacidad de gasto de las autonomías y los ayuntamientos. "Quien vote en contra se pegará un tiro en el pie, porque allí donde gobiernen tendrán menos recursos", advirtió la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los partidos de la oposición y los gobiernos autonómicos que dependen de este dinero.

Un futuro incierto

La propuesta del Gobierno se enfrenta a una creciente oposición no solo en el Congreso, sino también entre los principales actores políticos. Junts, que hace solo unos días sumó sus votos a los de PP y Vox para tumbar una ley de alquileres de Sumar, sigue rechazando cualquier acuerdo que se perciba como una concesión sin contrapartidas. Vox también se mantiene firme en su negativa, criticando la senda como un proyecto “irresponsable” que no aborda el déficit de manera efectiva.

Sin embargo, el bloqueo no solo afectaría a las cuentas del Estado. Las comunidades autónomas, que ya han mostrado preocupación por la incertidumbre fiscal, podrían verse obligadas a recortar inversiones clave si la senda no se aprueba. La propuesta actual del Gobierno establece un déficit del 2,5% del PIB en 2025, bajando al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, además de reducir la deuda pública por debajo del 100% al final del periodo.

El Senado, otra barrera

Incluso si el Gobierno logra aprobar la senda de estabilidad en el Congreso, aún le quedaría superar la mayoría absoluta del PP en el Senado, donde la formación conservadora ha bloqueado propuestas similares en el pasado. Este bloqueo llevó al Ejecutivo a recurrir a un informe de la Abogacía del Estado para sortear el veto de la Cámara Alta y avanzar con los presupuestos, pero la situación actual podría agravar aún más las tensiones entre ambas cámaras.

A medida que se acerca el jueves, la falta de acuerdos refleja un Congreso polarizado, donde cada votación es una prueba de supervivencia política. El rechazo a la senda no solo afectaría los planes del Gobierno de Sánchez, sino también la viabilidad de las políticas de gasto de gobiernos autonómicos y municipales, en un momento en el que la estabilidad fiscal se encuentra bajo la lupa de Bruselas.

¿Y si no se aprueba?

Si el Congreso rechaza la senda de estabilidad, el Gobierno tiene poco margen de maniobra. La ley de estabilidad presupuestaria le obligaría a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes, pero si esta también fracasa, la única opción viable sería la aplicación del programa de estabilidad ya presentado ante la Comisión Europea. Este plan alternativo permitiría al Ejecutivo seguir adelante con los presupuestos, aunque con objetivos más estrictos que reducirían la capacidad de gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos.