Sánchez presenta este miércoles sus medidas para la regeneración democrática: qué se sabe hasta ahora
El presidente del Gobierno confía en recabar los apoyos suficientes para modificar las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de rectificación y la ley de publicidad institucional.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá este miércoles desde las 09.00h. en el Congreso de los Diputados para exponer las "líneas fundamentales" de su denominado Plan de Acción por la Democracia, basado principalmente en llevar a cabo iniciativas legislativas que ayuden a combatir la desinformación.
La intervención del jefe del Ejecutivo se produce casi tres meses después de que el líder socialista se comprometiera a trabajar "sin descanso" por la "regeneración pendiente de nuestra democracia y por la consolidación de derechos y libertades". Unas palabras que Sánchez pronunció tras anunciar que se quedaba al frente del Gobierno una vez expiraron sus cinco días de reflexión a raíz de la investigación abierta contra su mujer, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción.
En las primeras entrevistas tras comunicar su decisión, Sánchez ya adelantó que su objetivo era poner en jaque a "pseudodigitales" y "asociaciones que difaman y judicializan casos sin pruebas", así como partidos "que deciden participar en la maquinaria del fango". "Hablamos de un problema serio de todas las democracias occidentales y que tenemos que trabajar de forma conjunta. Al final no se puede confundir la libertad de expresión con libertad de difamación", señalaba en una entrevista en RTVE el pasado 29 abril.
Sánchez se dio a sí mismo cien días para presentar su plan y aseguró que contaría con los partidos, medios de comunicación e instituciones para desarrollar sus propuestas. Pero no fue hasta este pasado 1 de julio, en una entrevista en La Ser, cuando el presidente del Gobierno puso sobre la mesa alguna de las medidas planteadas. Entre ellas, establecer un tope de financiación pública para los medios de comunicación.
"No es aceptable que, con recursos económicos, se esté financiando la desinformación. Hay medios que sólo tienen recursos públicos. No tienen lectores. Y eso pone en grave riesgo la independencia de esos pseudomedios de comunicación", aseguraba. Por eso, Sánchez anunció que buscaría modificar la ley de publicidad institucional para establecer un máximo de financiación pública para estos medios, aunque por entonces no indicó porcentajes o cuantías máximas.
Frente a las críticas de la oposición, que ven a Sánchez capaz de cercenar el derecho a la información, el Gobierno explica que todas sus medidas estarán amparadas en la ley de libertad de los medios de comunicación que el Parlamento Europeo aprobó el pasado de marzo. Dicha norma establece que los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, y que esos fondos deberán asignarse con criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios.
A la espera de conocer las propuestas concretas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que su formación, Sumar, ha alcanzado con el PSOE un acuerdo que, igualmente, impedirá a los "pseudomedios que vulneren los códigos deontológicos" acceder a subvenciones y financiación pública.
En la misma intervención, Díaz también ha dicho que el Gobierno derogaría la denominada Ley Mordaza que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2015, aunque desde el PSOE han ido rebajando el alcance de la noticia hasta reducirlo "única y exclusivamente" a la modificación del artículo 36 de dicha ley, para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones.
Además, según fuentes de la formación liderada por la vicepresidenta, se eliminará del código penal las injurias a la corona, a instituciones como el Gobierno, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad, y al sentimiento religioso.
Por último, en el acuerdo se incluye también una modificación legal para reparar públicamente a aquellas personas conocida que son investigadas judicialmente en casos que finalmente no acaban en juicio, como podría llegar a ser el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Una medida que formaría parte del plan de acción para modificar la ley orgánica sobre el derecho al honor y la del derecho a la rectificación.
El PP: Sánchez quiere "cerrar" medios
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La oposición cree que este paquete de "regeneración democrática" sólo esconde el ánimo de Pedro Sánchez de amedrentar a la prensa en un momento en el que no dejan de sucederse informaciones relacionadas sobre la actividad profesional de su mujer. "Parece que el sanchismo nos ofrecerá un plan para ayudar a los corruptos y ponerle las cosas difíciles a quienes los persigue", ha denunciado este martes el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.
Según Génova, Sánchez pretende "cerrar" los medios que le son incómodos porque destapan casos de corrupción, acabando con ellos mediante la retirada de publicidad institucional, en algo que "recuerda a otros regímenes y es tremendamente grave".
El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, aseguró también hace unos días que el plan de Sánchez es uno basado en la "represión democrática" que sólo tiene un objetivo: "Que nadie hable de que la mujer del presidente está siendo investigada por delitos de corrupción económica".