Sánchez impulsará el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones de la UE

Guiño del presidente del Gobierno a los partidos nacionalistas a pocas horas de que se conforme la Mesa del Congreso de los Diputados. Formaciones a las que Sánchez necesita para conformar una mayoría progresista en la Cámara y a las que ha dedicado el anuncio que ha hecho durante su intervención ante el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, este miércoles. 

"Las lenguas cooficiales son un enorme activo de nuestra sociedad", ha comenzado diciendo Sánchez, quien asegura que en España se habla, además del español, "en catalán, en euskera y en gallego" y que el "deber" el Ejecutivo es "consolidar espacios de representación del uso de las lenguas". 

"Debemos hacer más, podemos hacer más y vamos a hacer más", ha dicho Sánchez antes de anunciar que, durante la presidencia española de la UE, impulsará el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias, algo que ha calificado como "un compromiso" que piensa "desplegar" en estos meses. 

Sin embargo, ese compromiso no es nuevo. Como recuerda Europa Press, se trata de uno de los acuerdos alcanzados en julio de 2022 en la mesa de diálogo sobre Cataluña, que tenía como objetivo el impulso y la protección del catalán. Además del compromiso de solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el Pleno, se recogía "la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado". 

Eso sí, en aquel documento sólo se hablaba de revisar "el Reglamento del Senado" pero no se mentaba al Congreso, propuesta que ha planteado Yolanda Díaz, líder de Sumar.

Europa Press recuerda que en los doce meses que han transcurrido desde aquel acuerdo no se ha dado ningún paso en el Senado y que Junts registró una iniciativa en 2021 que el Senado aceptó tramitar con apoyo del PSOE, para reformar el Reglamento y permitir el uso de lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara Alta. La iniciativa, con un coste aproximado de casi un millón de euros, quedó 'congelada' con la ampliación constante de los plazos de enmiendas y finalmente caducó con la disolución de las Cortes.