'Pin parental' y "violencia intrafamiliar": diseccionando el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, líder del PP valenciano, será presidente de la Comunidad Valenciana tras acordar casi en tiempo récord con la extrema derecha un programa de medio centenar de medidas y la inclusión de Vox en su futuro Ejecutivo, donde el torero Vicente Barrera será vicepresidente y consejero de Cultura, y otros dos miembros del partido ultra ocuparán las carteras de Interior y Agricultura. 

El acuerdo se ha dado a conocer este jueves y se anuncia como una batería de medidas que buscan "preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias". 

Un documento en el que tanto PP como Vox se comprometen a "hacer efectivos los 50 puntos programáticos", en los que la formación de extrema derecha ha conseguido imponer muchas de sus reivindicaciones ya conocidas en temas como la educación, la inmigración, la violencia machista o la Memoria Histórica, dos términos, estos últimos, que desaparecen del mapa en esta comunidad. 

Estos son los puntos más polémicos del acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana: 

Memoria Histórica

Adiós a la Memoria Histórica en la Comunidad Valenciana, tal y como reza el propio documento que habla, en su punto número dos, de "garantizar la libertad de memoria" y de que "se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos".

El cambio es sustancial, ya que hasta ahora la región contaba con una Consellería de Calidad Democrática que había localizado hasta diciembre de 2022 un total de 541 fosas en las tres provincias con 2.391 víctimas. Toda la información se puede consultar en un mapa de fosas disponible en la web de la Generalitat. 

Tradiciones

Ya en el enunciado del acuerdo se habla de "la defensa de las señas de identidad propias" de la región y, en ese sentido, uno de los puntos del pacto se compromete a crear una Ley de Señas de Identidad de la Comunidad Valenciana para proteger "los valores y costumbres y tradiciones" regionales. 

Entre esas tradiciones no está la de pertenecer a los "països catalans", por lo que se anuncia la supresión de "las subvenciones a las entidades o asociaciones" que los promuevan. 

Más adelante, en el apartado dedicado a la agricultura, ambos partidos se comprometen a "defender el mundo rural, sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica", en lo que apunta a una defensa de actividades como la caza. 

Televisión autonómica

El pacto también habla de la televisión autonómica, una de las grandes batallas de Vox, que ha abogado en muchos territorios por eliminarlas. 

En el documento dado a conocer este jueves, PP y Vox hablan de un modelo de televisión autonómica "racional con la coyuntura económica" y que apueste por "contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana, favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales". 

Por si no quedaban claras las intenciones, este punto se encuentra el apartado "Reducción del gasto político".

Educación

Promete ser uno de los puntos más polémicos, por varios motivos. Para empezar, porque se incluye el conocido como 'pin parental', que en el acuerdo se anuncia del siguiente modo: "Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares". 

No se queda ahí el pacto en esta materia. En su primer punto, se promete garantizar "la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas".

Para cumplir con todo esto, se promete reforzar "la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos".

En este apartado también se incluye la promesa de garantizar "la educación libre, gratuita y universal desde los 0 años". 

Violencia machista

Ni se nombra la violencia machista, ni la violencia de género, sino que se habla de "violencia intrafamiliar". 

"En especial", puntualiza el documento, "la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas". 

Esta "violencia intrafamiliar" ya se recoge en el Código Penal, concretamente en el artículo 173, pero no es igual a la violencia de género, una lacra que ha dejado más de 1.200 mujeres muertas y más de 400 menores huérfanos desde que hay registros.  

Okupación

"En el caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado", anuncia el documento de medidas pactado por PP y Vox.

Cabe recordar que el Código Penal ya establece dos delitos para cuando alguien entra en casa de otra persona sin permiso. Por un lado, el allanamiento de morada, recogido en el artículo 245.2, y que se da cuando una persona accede a la casa donde vive alguien habitualmente. Un caso que se da poco, que se resuelve rápido, con la actuación de la Policía, recuerdan los expertos siempre, y que contempla penas de prisión de seis meses a dos años.

El otro delito es la usurpación de vivienda, recogido en el artículo 202.1 del Código Penal, y que se produce cuando alguien accede a una vivienda vacía, que no tiene uso. Esto es lo que habitualmente conocemos como 'okupación'. 

Para combatir este fenómeno, que en España dejó en 2022 16.700 denuncias, apenas un 0,06% del total del parque de vivienda, el documento pactado entre PP y Vox recoge el anuncio de creación de una "oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de las víctimas" de la okupación. 

Inmigración

Una de las banderas de la ultraderecha que también aparece en el acuerdo, donde se asegura que la Generalitat, dentro de sus competencias, "pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas". "De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas", añade el texto. 

Este asunto se trata en las últimas tres medidas del pacto, donde se asegura que se dotará "de todos los medios materiales" a los agentes de la Policía para asegurar "el orden público" y "la seguridad de los barrios".