El 'número dos' de Interior acusa al PP de parar la investigación del 'caso cuarteles' en 2017
Fue reabierta meses después, todavía con el PP en el Gobierno.
El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, ha reclamado este martes al PP que explique por qué desde esta cartera se "detuvo expresamente" en 2017 la investigación sobre presuntas irregularidades del 'caso cuarteles', ya que se tuvo en cuenta que el teniente general Pedro Vázquez Jarava, actualmente imputado en esta causa, dijo que no había indicios de delitos.
En respuesta a los medios desde Ceuta, el 'número dos' del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha destacado la "particularidad" de que las presuntas irregularidades por las obras en cuarteles se frenaran en 2017, en la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP), sin dar traslado a Fiscalía de la investigación de Asuntos Internos.
Para ello se tuvo en cuenta que Vázquez Jarava --jubilado en enero de 2018-- aseguró internamente que no había indicios de delitos. La investigación se reinició en mayo de 2018, poco antes de la moción de censura, por un anónimo remitido desde la Secretaría de Estado de Seguridad.
Tolerancia cero con la corrupción
"Resulta inentendible que en el anterior Gobierno del PP se detuviera expresamente la investigación del 'caso cuarteles", ha señalado Rafael Pérez al ser preguntado por la propuesta de sus socios de ERC y EH Bildu de investigar este caso de presunta corrupción y también el 'caso Mediador', que afecta a otro general, Francisco Espinosa, y al exdiputado canario del PSOE, Juan Bernando Fuentes Curbello, alias 'Tito Berni'.
En línea con el mensaje de otros miembros del Gobierno, Rafael Pérez ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "tolerancia cero respecto a la corrupción", ya sea "en el seno del Ministerio del Interior o cualquier administración".
En este sentido, ha dicho que es la autoridad judicial la que tiene que dirigir la investigación y que es "importantísimo" que las acciones de algunos "no empañen" el trabajo de los 80.000 mujeres y hombres de la Guardia Civil.
"Resulta necesario que pidamos explicaciones al PP de por qué este proceder con las investigaciones, por qué este proceder con la justicia", ha continuado el 'número dos' de Interior, destacando que fue con el actual Gobierno cuando Asuntos Internos de la Guardia Civil "pudo reanudar la investigación y poner toda la información que había disponible ante la autoridad judicial".
Los cuatro documentos entregados al DAO
El Servicio de Asuntos Internos había planteado a la cúpula de la Guardia Civil remitir a la Fiscalía las pesquisas iniciadas sobre el constructor Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', imputado en la investigación que actualmente dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid sobre las obras en cuarteles y que aparece mencionado en el 'caso Mediador'.
En la causa de Madrid sobre obras se indaga en las presuntas mordidas de 'Mon' a favor de Vázquez Jarava, que estuvo al frente de la Subdirección General de Apoyo -encargada de las obras- entre 2015 y principios de 2018. En concreto, se pudo beneficiar de viajes y estancias en hoteles junto a su familia, según consta en el sumario.
Según consta en documentación consultada por Europa Press, en abril de 2017 se entregaron a la secretaría del Director Adjunto Operativo (DAO), máximo cargo en la Guardia Civil que entonces ostentaba Pablo Martín, cuatro ejemplares de un documento titulado 'Borrador informe Fiscalía' elaborado por Asuntos Internos, referido al incremento de los contratos adjudicados por distintas unidades de la Guardia Civil al empresario Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', "así como indicios de la ilicitud".
En mayo de 2017, el teniente general Vázquez Jarava, que estaba en la cúpula de mando de la Guardia Civil como responsable en último término de las obras en cuarteles, emitió una contestación en la que hacía referencia a que "por entender que en las actuaciones informadas no existe indicio de delito, no es preciso dar traslado a la Fiscalía del informe de Servicios de Asuntos Internos".
En diciembre de 2017, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, nombrado a propuesta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dictó resolución ordenando el archivo del expediente de Asuntos Internos relativo al incremento en la facturación de las empresas del contratista Ángel Ramón Tejera, "así como el cese de las actuaciones".
La investigación sobre las obras en cuarteles se reinició con fecha de 29 de mayo de 2018, días antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. Ese día tiene entrada un correo electrónico procedente de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, adjuntando un escrito anónimo recibido en la Secretaría de Estado de Seguridad que relata presuntas irregularidades en materia de contratación en la Comandancia de Ávila.
