Negociación al límite: el tiempo se le agota al Gobierno para reformar el subsidio de desempleo

Una de las frases más repetidas en la historia de la política es la que la define como "el arte de lo posible". Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esta frase vuelve a convertirse en una máxima a aplicar a corto plazo, ya que una vez más le toca resolver lo que parece un imposible: conseguir un acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía sobre la reforma del subsidio de desempleo. 

Una medida que el Ejecutivo tiene comprometida con Bruselas como uno de los hitos del Programa de Recuperación a cambio del último desembolso de fondos europeos: un total de 10.000 millones que se prevén solicitar antes de final de año. 

Por eso, al Gobierno no le queda tiempo para discusiones y polémicas internas, y tiene hasta este martes 19 para aprobar una reforma que después ha de enviarse a Europa. Es eso o renunciar a esos 10.000 millones. 

Pero a viernes, la distancia entre Economía y Trabajo parecía grande. Así lo admitía la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reclama la competencia de esta reforma por delante de Economía, el departamento de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. 

"Estamos en una diferencia importante en el modelo de protección social con el PSOE", explicaba la también líder de Sumar, la otra pata de la coalición de Gobierno, este viernes a los periodistas. "Espero que lleguemos a un acuerdo", confiaba, aunque recordaba que la propuesta de su formación "cumple con lo que hemos remitido a Europa". "Componente 23, está a su alcance, que dice mejorar y ampliar el subsidio por desempleo en nuestro país". 

Díaz hacía referencia a la décima de las reformas comprometidas con Bruselas en el Componente 23 del Plan de Recuperación —dedicado a políticas de empleo— que habla textualmente de una "simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo". 

¿Y cuál es esa propuesta? Como se indica en la reforma trasladada a la Comisión, simplificar el acceso a los subsidios por desempleo. La fórmula que propone Trabajo es eliminando el mes de espera para empezar a recibirlo desde que se agote la prestación anterior. Además, quiere ampliar la cobertura para los trabajadores de más de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora carecían de protección. En este sentido, la propuesta del departamento de Díaz quiere que las revisiones para recibir esta ayuda pasen a ser trimestrales y no mensuales, como hasta ahora. 

Estas ayudas para los desempleados se activan cuando no hay derecho a la prestación contributiva y son percibidas por unas 800.000 personas. Actualmente, la cuantía es de unos 480 euros al mes, el 80% del IPREM, el indicador con el que se calculan las rentas.

La propuesta del Ministerio de Economía va enfocada a incentivar que los parados se incorporen al mercado laboral, de tal modo que el subsidio sea más alto al principio del período en el que se cobra y que vaya descendiendo progresivamente con el paso de los meses. Esta propuesta concuerda con la que hizo la OCDE en su último informe. De este modo, se busca fomentar que la persona en paro busque empleo y que, si no lo encuentra, acuda al Ingreso Mínimo Vital. 

Según explica El País, durante una conferencia, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, aseguró que Economía también quiere reforzar el control que se ejerce sobre el compromiso que suscriben los parados para buscar empleo y formarse mientras cobran este subsidio. Este rotativo asegura que Trabajo sí que aceptaría graduar y simplificar todas las ayudas existentes en un único subsidio. 

Aun así, Díaz se ha mostrado muy clara en las últimas horas respecto a quién le compete esta reforma. "Si yo he negociado con la Comisión Europea esta medida, debo cumplir con ella. Este es el objetivo. Un Gobierno de coalición progresista, no se puede plantear recortar los derechos de los trabajadores de nuestro país. Voy a defender a los trabajadores de mi país", expresó este viernes.

Además, como le gusta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tiró de datos al recordar que el SEPE (Servicio Público de Empleo) "tiene un superávit fiscal de 5.700 millones a pesar de que hemos ampliado la protección por desempleo y eliminado los recortes del PP". "No hay nada que lo justifique, nunca se justifica, pero no es tolerable teniendo superávit", aseveró. 

Díaz recordó que estos subsidios "no son recursos del Estado" sino "cotizaciones de los trabajadores". Son las suyas. Parece a veces que es una concesión que les hacemos, son derechos que tienen todos ustedes", afirmó.

Calviño, ese mismo día, se mostró menos directa, aunque sí que marcó terreno al asegurar que la reforma "no es una cuestión" de Economía y Trabajo, sino que "afecta muy directamente a Seguridad Social y a Hacienda", otros dos ministerios del PSOE. "Por tanto, tenemos que coordinar los distintos puntos de vista para que sea la mejor reforma posible y a mí eso me parece normal", agregó. 

Las horas pasan y el acuerdo no parece cercano. La situación es tal que, según indicó la SER, en Moncloa ya piensan en que tendrá que ser el propio Sánchez quien decida e incluso no descartan que se tenga que convocar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo 26 de diciembre para sacar adelante la reforma y no perder esos 10.000 millones procedentes de Europa.