Mucho ruido y pocas nueces: la cronología de las polémicas del juez Peinado en el caso Begoña Gómez

Mucho ruido y pocas nueces. Es el resumen que se pude dar a la instrucción que el juez Peinado lleva realizando desde el mes de marzo a Begoña Gómez, acusándola de varios delitos por haberse beneficiado de la condición de su marido, Pedro Sánchez, al ser presidente del Gobierno.

Juan Carlos Peinado comenzó investigando una denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias basada en informaciones de prensa y un bulo. Pasado el ruido -ya nadie habla de Air Europa ni de sus trabajos en un instituto- , la Audiencia Provincial de Madrid delimitó las pesquisas a unos contratos públicos que había obtenido el empresario Juan Carlos Barrabés que a su vez participó en la cátedra extraordinaria que dirige Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Como esos contratos con Red Eléctrica provenían de fondos europeos, fue la Fiscalía europea la que terminó haciéndose cargo de la investigación. Las defensas de Gómez y Barrabés consideran que ahí quedó “vacía” la causa, pero entonces llegó al rescate una querella Hazte Oír, una asociación de ultraderecha y ligada a la secta ultra religiosa El Yunque. Peinado aceptó la querella y amplió el espectro de su investigación sin informar a la principal aludida, Begoña Gómez, que supo de qué se le acusaba cuando el juez logró que acudiera a los juzgados a declarar y fuera grabada en vídeo.

Por el camino, numerosos titulares que opacaban dos informes de la UCO que indicaban que no se había cometido irregularidad alguna. La primera de ellas fue la propia apertura de diligencias. La denuncia, llena de inconcreciones, refritos de otras noticias, bulos e incluso titulares recortados era admitida a trámite a pesar de que el Tribunal Supremo establece desde hace una década que una información publicada, si no va acompañada de más pruebas, no es suficiente para abrir una causa penal contra alguien. “No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, indica el Alto Tribunal.

Dio igual. Peinado otorgó desde el primer momento a Begoña Gómez la condición de "investigada" (hasta hace unos años el término correcto hubiera sido imputada) en el sumario del caso. Una cuestión que era lógica ya que si un juez investiga si has cometido un delito, la única forma de defenderte es si estás investigado.

No obstante, pasó más de mes y medio para que Begoña Gómez pudiera defenderse. Tal y como publicaba este medio hace unos días, lo lógico es ser llamado a declarar cuanto antes dado que se puede vulnerar el derecho a la defensa, en este caso la de Begoña Gómez.

Finalmente fue citada a declarar el 5 de julio, aunque la noticia se conoció en la recta final de las elecciones europeas. La mujer del presidente del Gobierno era citada ante el juez con un mes de antelación, pero Peinado decidió llamar a declarar a Gómez en medio de una campaña electoral. No es ilegal, pero sí existe una norma no escrita que dice que los tribunales no anuncian nada que pueda interferir en una campaña electoral para no interferir en las elecciones. Dio igual.

Pese a todo, el magistrado decretó el secreto de sumario. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 302 que hay dos motivos para decretar el secreto de las actuaciones. La primera es evitar un grave riesgo para la vida de una persona o “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso”. La Audiencia Provincial dictó que no había motivos para ello y el juez permitió que se accediera a la documentación.

Secreto de sumario menos para Vox

Allí, se descubrió que Peinado había entregado toda la documentación de la causa que se encontraba bajo secreto a una de las partes personadas: Vox. La Ley establece que tan sólo el juez y la Fiscalía pueden tener acceso a las actuaciones cuando la causa está secreta. De hecho, el Código Penal castiga en su artículo 466.2 el delito de revelación de secretos con entre dos y cuatro años de cárcel si es cometido por un juez.

Además, el fiscal que se encarga del caso se enteró de que se habían abierto diligencias dos semanas después de que se iniciaran. Peinado llamó a declarar a seis periodistas que habían publicado información sobre Begoña Gómez y fue el gabinete de comunicación del TSJM el que le dio la noticia en forma de nota de prensa.

La UCO no cuenta

Paralelamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) elaboró dos informes que indicaban que no había nada sospechoso o que pueda conllevar indicio de delito en el desarrollo profesional de Begoña Gómez. La Guardia Civil destacaba en uno de ellos que no había podido recabar datos que permitieran acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el Gobierno de España realizó en 2020 a Air Europa, origen de las informaciones publicadas por El Confidencial y que iniciaron el caso.

La unidad de la Guardia Civil que se encarga de investigar delitos tampoco ve delito alguno en que Begoña Gómez influyera en que Juan Carlos Barrabés, profesor de su cátedra y empresario, se llevara unos contratos con Red Eléctrica. Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación que también firmaron empresa como Microsoft o el Ayuntamiento de Madrid. Dio igual que la UCO tumbara las sospechas de Peinado, el juez continuó asegurando que los informes que había hecho la Guardia Civil a petición suya eran un trabajo "preliminar".

El 11 de julio, la UCO entregó al juez un segundo informe en el que se señalaba que seis de los principales contratos públicos adjudicados al empresario Carlos Barrabés se habían desarrollado "con normalidad" y "bajo los principios que rigen la contratación pública". De ahí que, de nuevo, no se consignara ningún dato incriminatorio contra Begoña Gómez.

Si me quitan el caso, Hazte Oír llega al rescate

Al no poder tirar del hilo del rescate de Air Europa, el juez Peinado se aferró a la denuncia de Hazte Oír. Sin embargo, en el enésimo escándalo del juez, esta apertura de diligencias no fue comunicada a la defensa de Begoña Gómez. Peinado investigaba a Begoña Gómez sin notificarle que estaba siendo investigada y que existía una ampliación de querella. Por ello, Peinado se vio obligado a suspender la declaración de Begoña Gómez el pasado 5 de julio en otro bochornoso momento: el juez pedía a Gómez y su defensa que salieran al pasillo ubicado frente a la sala de vistas para estudiar de qué se le acusaba y después volver a entrar a la sala y prestar declaración. Una cuestión insólita ya que cada día se suspenden declaraciones de acusados por cuestiones nimias con el objetivo de que puedan ejercer su defensa con todas las garantías procesales y con tiempo suficiente.

Dos semanas después, Begoña Gómez acudió de nuevo a los juzgados para acogerse a su derecho a no declarar, esta vez ya sin pseudoperiodistas de ultraderecha que se colaron en el juzgado a primera vez para acosar a Begoña Gómez.

Como Begoña Gómez no declara, le tocaba el turno a Pedro Sánchez. El juez asegura que se investiga a Begoña Gómez por sus actos "desde que su esposo es presidente del Gobierno". Una instrucción, que apunta a una investigación prospectiva y que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

Citar a testigos en base a rumores de un condenado por corrupción de menores

Prueba de ello es que este lunes estaban citados a declarar el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés tras obligarles primero a acudir a declarar como testigos y sin indicarles que se podían estar incriminando. De paso, Peinado ha citado también a declarar a Félix Jordán de Urríes, director de la Fundación Deporte Joven, por ser el "monitor de esquí de Pedro Sánchez" y de su esposa y quien, supuestamente, habría presentado a Barrabés a la pareja. Félix Jordán de Urríes lleva año y medio desmintiendo este bulo.

La citación parte de un escrito elaborado por un abogado de nombre Ramiro Grau, al que el juez ha dado veracidad sin hacer más pesquisas. A Peinado solo le bastó la carta informal en la que aseguraba que "hay fotos en internet con Pedro Sánchez". El sesgo ideologíco de Grau es evidente: ha escrito artículos en los que defiende que en España vamos "camino de la dictadura" y ha publicado un libro titulado 'El feminismo y otras mentiras'. El abogado también fue condenado por corrupción de menores al dar 20 euros a una chica de 15 años para que le masturbara.

En busca de la imagen de Pedro Sánchez sentado ante el banquillo

Después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar, Vox indicaba que como acusación popular iban a pedir que Pedro Sánchez declarara. Dicho y hecho. Vox lo decía un viernes y el lunes Peinado citaba a declarar a Sánchez. Lo hará este martes a las 11:00 horas y su declaración ha tenido que modificar la agenda de Casa Real posponiendo el tradicional despacho veraniego entre el presidente del Gobierno y Felipe VI en Palma de Mallorca hasta esta tarde.

El juez no quería que Sánchez acudiera como un ciudadano más a los juzgados de Plaza de Castilla o que declarara por escrito como se permite a los presidentes autonómicos y miembros del Gobierno, sino que en su providencia explicaba que sería él quien "se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo", es decir, "el Complejo Presidencial de la Moncloa". Este lunes varios técnicos han instalado los dispositivos necesarios en Moncloa para grabar la declaración.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez han recurrido esa declaración por no tener sentido y criticaban que el juez tuviera más interés en que se grabara la declaración que el motivar la misma. De hecho, para llamar a declarar a Sánchez se inventó artículos del Código Penal. Además, Peinado cae en una contradicción: quiere preguntar al presidente sobre hechos que no están relacionados con su cargo a la par que investiga un tráfico de influencias por parte de su esposa en el que se habría aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno. También ha dado igual.

A pesar de que como testigo Sánchez está obligado a declarar y a decir la verdad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el cónyuge de una persona investigada está "dispensado de la obligación de declarar". Lo que hace sospechar que Sánchez guardará silencio, aunque el juez tendrá una imagen hasta ahora insólita en España: la de un presidente del Gobierno declarando en Moncloa. De momento, y sin pronunciarse sobre las polémicas del juez, al PP ya le ha servido para llevar una semana pidiendo la dimisión de Sánchez tras ser llamado a declarar. Alberto Núñez Feijóo se pronunciaba rápidamente tras conocerse la declaración “en nombre del partido mayoritario” de España para pedir a Sánchez que “redacte su tercera y definitiva carta” dimitiendo como presidente del Gobierno y Vox avanzaba que utilizará la declaración para continuar su actividad en el Congreso y volver a preguntar ante el juez la cuestión que le hace dos semanas en el pleno del Congreso el líder de la formación, Santiago Abascal: “¿A cuántos CEOs [consejeros delegados de empresas] que dependen de regulaciones públicas ha llamado Pedro Sánchez para que se reúnan con su mujer?”.

En la excursión a Moncloa de este martes, el juez Juan Carlos Peinado acudirán las defensas de los imputados, la Fiscalía y un representante de la acusación popular, la abogada de Vox Marta Castro.

Sobre lo que pueda pasar tras la declaración de Sánchez nadie sabe nada. En Moncloa, que recibieron la noticia con "estupor" y sorpresa, se preparan para todos los escenarios, incluso que el juez decida imputar en la causa al presidente del Gobierno elevando así la cuestión al Tribunal Supremo.