Mientras Ayuso alerta sobre las drogas, Almeida recorta ayudas para la reinserción a drogodependientes

El Ayuntamiento de Madrid se niega a prorrogar el contrato del Servicio de Asesoramiento a Jueces y Juezas e Información al/la Detenido/a y a su Familia (SAJIAD), dirigido a las personas drogodependientes con problemas judiciales. Un servicio que desde 1989 es financiado al 100% por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud dependiente del Ayuntamiento de Madrid y que es gestionado, vía concurso público, por la asociación SIAD.

El SAJIAD es un desconocido para la mayoría de la población pero un gran aliado para el personal sociosanitario, jueces, abogados, drogodependientes y sus familias. Más de 3.500 personas utilizan este servicio cada año, que se convierte en algo así como la puerta de entrada a una estructura judicial, mediante la cual se realizan mediaciones y orientaciones diversas para que su situación jurídica y terapéutica vayan acompasadas.

En la última comisión de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, hablaba de una reducción del contrato y de la plantilla “prácticamente al 50 %” a partir de 2025 hablando de una adecuación del contrato. Actualmente trabajan en la unidad 17 personas. "SAJIAD es lo que es con las personas que somos y con la sobrecarga de trabajo que asumimos y que no nos quejamos", indicaba al respecto un secretario de la unidad en la Asamblea de Madrid este mismo lunes alertando de lo que supondría una reducción, que haría que el trabajo recayera sobre forenses, provocando un colapso y dilaciones en los procesos judiciales. Es el consistorio el que sufraga la partida total de la unidad desde 1989 a pesar de que los temas de justicia son competencia de la Comunidad de Madrid.

Una cuestión que se producirá a partir de 2025 donde se pasará de un servicio los 365 días del año las veinticuatro horas del día a una prestación los días laborables, de 9.00 a 16.00, garantizando la prestación de la metadona todos los fines de semana, incluido el mes de agosto, que es un mes prácticamente inhábil en los juzgados. Esta unidad, que se encuentra en los juzgados de Plaza de Castilla y que las asociaciones de la abogacía explican que es “trascendental”, ya que realizan alrededor de 400 solicitudes mensuales de informes periciales con entrevistas personales y con familiares, y coordinan los recursos asistenciales, y análisis de documentación clínica así como atender a más de 500 detenidos al mes.

Prieto subrayaba en un congreso los beneficios de la mediación penal en la integración social y la rehabilitación de drogodependientes que tienen o han tenido algún tipo de incidencia legal o judicial, y que en el caso de la población atendida en los Centros de Atención a las Adicciones (CADs) del Ayuntamiento de Madrid supone un 37%.

En una jornada celebrada el 31 de mayo, organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en la que intervinieron altos cargos de la Judicatura –entre ellos, el presidente del Tribunal de Justicia de Madrid, Francisco Javier Viera, el juez decano de los Juzgados de Madrid, Antonio Viejo, y la magistrada del Consejo del Poder Judicial, Ana Carrascosa–, Prieto puso de relieve que las incidencias legales suponen una dificultad más a tener en cuenta en el proceso integrador de las personas drogodependientes.

“La mediación, como medio para la resolución de conflictos”, subrayó Antonio Prieto, “permite introducir elementos educativos y preventivos, facilitando reparar el daño ocasionado a la víctima y la asunción de responsabilidades sobre su conducta y sobre su vida, lo que constituye uno de los objetivos y de los pilares en los que se asienta el tratamiento”. Añadió que “la colaboración entre la Administración de Justicia, los equipos terapéuticos, las asociaciones, las víctimas y la sociedad en su conjunto es esencial si queremos avanzar en este campo tan complejo”.

“Entre 1999 y 2011”, explicó Prieto, “desarrollamos un Servicio de Mediación entre Víctima e Infractor drogodependiente, y en 2017 hemos reanudado, esta vez con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, un programa específico de mediación penal con el objetivo de impulsar la justicia restaurativa que posibilite la reparación del daño entre drogodependientes infractores y víctimas, con los beneficios jurídico penales que ello comporta”.

El Instituto de Adicciones de Madrid Salud cuenta, además, con un Servicio de Asesoramiento a Jueces y Atención al Detenido (SAJIAD) en los Juzgados de Plaza Castilla que realiza asesoramiento técnico no vinculante a jueces y demás profesionales de la Justicia en materia de adicciones, en intervención con personas penadas por delitos contra la salud pública y en dispensación de metadona a personas detenidas que así lo tengan prescrito.

Según datos ofrecidos en la jornada, en el 87% de casos en los que se ha recurrido a la mediación penal para resolver el conflicto ha habido acuerdo.

Esta unidad, puesta en marcha en los 80, atiende aproximadamente al 25 % de las personas que pasan a disposición judicial, donde se trabajan los factores psicosociales relacionados con las conductas delictivas por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y se les informa sobre programas de tratamiento sobre adicciones públicas de su zona de residencia para trabajar en su reinserción.

No solo eso. En estas unidad, además, se realizan analíticas de consumo de drogas a solicitud de diferentes Juzgados de la Comunidad de Madrid. Solo en 2023 realizaron más de 20.000 pruebas en coordinación con la Clínica médico Forense y entregan más de 600 dosis de metadona anuales a las personas detenidas que se encuentran realizando programa sustitutivo.

La Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) y la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) han denunciado que el Ayuntamiento de Madrid no vaya a prorrogar el contrato actual del SAJIAD.

Las dos asociaciones de abogados han firmado un manifiesto conjunto en el que hacen un llamamiento a los poderes públicos para que la Comunidad de Madrid asuma a partir del próximo año la gestión de este servicio como propio y, mientras se tramita, instan al consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida a prorrogar el contrato actual.

Ayuso, en una cruzada contra el cannabis, aunque el problema está en otras drogas

La reducción del servicio que realiza el Ayuntamiento de Madrid contrasta con la guerra contra las drogas que lleva meses haciendo Isabel Díaz Ayuso desde la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Hace tan solo unas semanas, la presidenta madrileña se mostraba en contra de la legalización del cannabis donde aseguraba que tomar este tipo de sustancias “lleva a mayor consumo y el mayor consumo a mayores problemas”. Según ella, consumir marihuana “lleva a otras adicciones como la cocaína y la heroína”, y, además, explicaba, ya se han visto las consecuencias que tiene entre los jóvenes: “Brotes psicóticos, autolesiones, ansiedad, depresión, apatía y trastornos de la personalidad”. “Los adictos de los 80 son ahora vagabundos con adicciones crónicas”, indicaba al respecto.

De esta forma, pedía investigar “los riesgos asociados por el consumo de cannabis” asegurando que “es necesario estudiar a fondo la conexión entre las drogas con la salud mental”, mientras cargaba contra los “grupos antisistema” que defienden su legalización. 

Por ello, su Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley para proteger a los menores de los productos derivados de esta droga, como el CBD [que es la sustancia química de la planta] que son vendidos en distintos establecimientos.

De hecho, en varias declaraciones ha asegurado que “las peores dictaduras del mundo tienen vínculos con el narcotráfico igual que todos los grupos terroristas desde hace décadas” y que "las drogas son el mayor freno a la prosperidad y la libertad en el mundo hasta el punto de que acaban con la libertad personal, son la esclavitud de nuestro tiempo”.

Según datos del sistema de vigilancia de adicciones de la Comunidad de Madrid, en 2022, el cannabis ha sido la droga ilegal más consumida entre los estudiantes de 14 a 18 años. El 27,8% lo ha hecho en alguna ocasión, el 21,8% en el último año y el 14,5% el último mes, siendo la edad media de su inicio es 14,8 años.

De hecho, este mismo fin de semana, la presidenta madrileña clamaba contra la epidemia del fentanilo, que se ha convertido en la droga más mortífera del mundo con 200 muertos diarios.

El propio SAJIAD explicaba en una comparecencia en la Asamblea que los casos que más se tratan en los juzgados con ciudadanos que acaban por tener problemas legales son los relacionados con el consumo de la cocaína, el alcohol y las benzodiacepinas. "La mezcla de esas sustancias dan lugar a otro tipo de delitos" relacionados con los de contra el patrimonio, lesiones y problemas de control, explicaban.

Pese a toda esta ofensiva contra el consumo de sustancias estupefacientes, la Comunidad de Madrid no tiene previsto asumir el coste de la citada unidad. "Este servicio es fundamental y estratégico, está muy bien valorado, y es más que necesario. Mientras el número de personas atendidas no se ha reducido en todos estos años, el consumo de drogas sigue estando presente en la mayoría de las personas detenidas", indica la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Cuca Sánchez, en declaraciones a este medio explicando que según los últimos datos de las administraciones penitenciarias, más del 75% de la población privada de libertad ha presentado una problemática adictiva que relaciona con sus conductas delictivas.

"EL SAJIAD, además de la atención psicológica y sociosanitaria en los calabozos de los Juzgados de Plaza de Castilla (los 365 días del año, durante los últimos 35 años), cumple una función de orientación jurídica fundamental", añade la concejala de Más Madrid. "Reducirlo supondría un obstáculo muy significativo en todos estos procedimientos", explica al respecto.

Hugo Martínez Abarca, diputado de la misma formación en la Asamblea explica que su grupo propuso que el SAJIAD explicara su situación en la Asamblea. "Preveíamos que el PP tendería la mano a continuar el servicio para llegar a algún convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento, pero hicieron una intervención vaga diciendo que les preocupa el consumo del cannabis y diciendo que no iban a aceptar lecciones de los que piden la legalización del mismo", explicaba asegurando que no se indicó nada de continuar con el servicio a pesar de que genera consenso.

La Consejería de Educación se ha remitido a Madrid Salud cuando ha sido preguntada por este medio. Madrid Salud alega que se ha decidido prorrogar el servicio hasta final de año, por lo que hasta entonces no habrá cambios.

"En este tiempo se va a trabajar en la elaboración de un nuevo contrato, ya para 2025, y se quiere que tampoco haya cambios significativos en el mismo. "Se están manteniendo, para ello, conversaciones con la Comunidad de Madrid con la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local", indican al respecto.