Madrid dice que Ayuso paga sus viajes privados, pero no niega los pagos de la sala de Barajas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que la dirigente madrileña se paga sus viajes, así como sus gastos personales, y ha deslizado que "ojalá todo el mundo pudiera decir lo mismo".

Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la información de la 'Cadena Ser' que apunta a que la pareja de la presidenta, Alberto Gónzalez Amador, intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con ella. También se ha publicado que Ayuso reservó con cargo al erario público la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para esos viajes, ya que las fechas de los cargos coinciden con las dos reservas de ida y vuelta.

"Todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus viajes de carácter personal los paga ella. No viaja en Falcon como viajan otras personas. No disfruta de estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes como sí hace el presidente del Gobierno cuando disfruta de las distintas residencias oficiales que tiene a su servicio durante el verano y durante otras festividades", ha trasladado el portavoz del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

García Martín ha insistido en que "la presidenta se paga absolutamente todos los viajes que realiza", así como que "todas las cuestiones son de índole personal". Eso sí, no ha desmentido que se pagara con dinero público esa reserva para un viaje privado, que constan en la .

Por contra, ha criticado que frente a esto se están viendo "tramas de corrupción que están afectando de manera muy importante al Gobierno, al PSOE, con gastos disparatados en cuestiones que causan sonrojo a todos los ciudadanos de bien".

Además, el consejero madrileño se ha preguntado "por qué alguien que no es el propio interesado, que no es el contribuyente y que no es la Administración conoce información que es de carácter privado" y por "cómo es posible" que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que "no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado", y distintos medios den cuenta de "datos personales" que no deberían ser públicos.

"Y ella, no solamente ha presumido de conocerlo, sino que ha dicho que se van a hacer públicos y que se van a seguir conociendo a través de distintos medios de comunicación", ha señalado, al tiempo que ha querido recordarle que "el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación precisamente por la revelación de datos privados".

Concretamente, durante su intervención en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta del Gobierno ha trasladado que una persona "no puede cometer delitos fiscales con facturas falsas, no puede deducirse en las empresas la compra de un rolex, de un saxofón o de un viaje", ya que son gastos "son absolutamente impropios y que son privados".