La ministra de Vivienda evidencia una distancia cada vez mayor con sus socios
Isabel Rodríguez hace un balance de todas las medidas que ha realizado su Ministerio desde que llegó al cargo, pero sin realizar ningún otro anuncio ni convencer al resto de partidos políticos.
“El Gobierno es consciente de la gravedad del problema”. “Es una situación de emergencia social”. “No podemos ponernos de lado”. “Tenemos que estar a la altura de la ciudadanía”. “El Gobierno no es ajeno a esta preocupación y prueba de ello es que la política de vivienda es un eje prioritario”. “El Gobierno es sensible”. “Somos plenamente conscientes”. “No se puede poner en duda la sensibilidad social de este Gobierno”. “No vamos a parar”. Si algo ha querido reflejar la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en el Congreso es que ser, son conscientes de la crisis.
Más allá de aseverar el conocimiento del problema, la ministra se ha dedicado a presentar un “balance exhaustivo” de la acción de su Ministerio durante los últimos meses. Una intervención que, con el precio de la vivienda todavía en auge y con los movimientos sociales a punto de iniciar una huelga de alquileres y solicitando su dimisión, no ha convencido a los sindicatos de inquilinos ni a ninguno de los grupos políticos, ni a derecha ni a izquierda. Excepto al suyo, claro. Pese a la revisión de todo lo ya anunciado, Rodríguez no ha presentado ninguna otra medida orientada al descenso urgente de los precios del alquiler y que, como ha recordado a la ministra, condena a la mitad de la población al borde de la exclusión y la pobreza.
La ministra ha remarcado que, desde su llegada, el objetivo de su Ministerio ha sido “claro”, el de “garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible [...] sobre la base de cinco categorías”. Según sus palabras, son: primera, el “refuerzo de recursos económicos; segunda, la “regulación”; tercera, “fiscalidad”; cuarta, “movilización de suelos públicos y protección del parque”; y, quinta, “colaboración, diálogo”. Entre otras cosas, la ministra ha puesto como ejemplo la puesta en marcha del índice de referencia de precios, la ampliación de moratoria de desahucios hasta 2028, la tramitación parlamentaria para eliminar las Golden Vista, el reglamento para registrar los alojamientos turísticos y de temporada, los avales para hipotecas o la firma de 500 convenios para construcción de 20.000 viviendas públicas.
Por otro lado, Rodríguez ha afirmado también haber aprendido de los errores del pasado, en relación con los años de la burbuja inmobiliaria. Ha puesto como ejemplos la “descalificación de las VPO en propiedad”, que ha menguado el parque público de vivienda, o la construcción de más viviendas. “Más oferta no hizo bajar los precios”, ha considerado. Ambos modelos, sin embargo, son justo dos acciones que quiere llevar a cabo el Gobierno, que en más de una ocasión habló de la importancia de construir más viviendas al tiempo que presumió - hoy mismo lo ha hecho la ministra – de la operación Campamento, que incluye VPO.
En opinión de la ministra, si bien “no existen varitas mágicas” y aunque “muchas de las medidas ya en marcha no darán efectos de manera inmediata, sí contribuirán a la solución final”. “Todas las medidas, al finalizar la legislatura, sentarán las bases para dar una respuesta estructural”, ha defendido.
"No le queda tiempo"
Aparte de Partido Popular y de Vox, cuya aversión y desconfianza se da por descontada, esta mañana se ha incrementado aún más la distancia que separa a la ministra de Vivienda con los socios del PSOE en el Gobierno, tanto de investidura como de Consejo de Ministros. ERC, EH Bildu y BNG, solicitantes de la comparecencia, coinciden en la necesidad de intervenir el mercado del alquiler para rebajar los precios, un precepto que también comparten en Podemos y Sumar.
Mientras desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, se ha mostrado preocupada porque Isabel Rodríguez “esté absolutamente fuera de la realidad”, el diputado de Sumar y Compromís Alberto Ibáñez ha alertado a la ministra de que, “si no está en el lado correcto, no le quedará más tiempo que a un piso de 600 euros en Idealista”.
“Limitar de verdad el precio de los alquileres y evitar la especulación”, le ha pedido el diputado del BNG, Néstor Rego, al igual que el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien se ha preguntado si “existe una mayoría [en el Congreso] que sea consciente de que la situación es insostenible para cada vez más gente”. Si existe, no es la impresión que ha mostrado la diputada de ERC Pilar Vallugera. “Es una vergüenza que tengamos la sensación sistemática de que ustedes están del lado de los propietarios, a quien piden solidaridad”, ha dicho la representante catalana.
El Sindicato exige su dimisión
Si a alguien no ha convencido la ministra es a los miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quienes hace unos días convocaron la primera manifestación en la capital denunciando la situación de la vivienda y que ya preparan una huelga de alquileres. Víctor Palomo, uno de sus portavoces, ha insistido en que exigen su dimisión "por su nefasta gestión". "A día de hoy solo está proponiendo políticas de ladrillazo, las mismas que propone el PP y la patronal inmobiliaria. La ministra no escucha el clamor de la calle. [...] La ministra tiene que soltar la mano de los Jesús Gil y empezar a tomarse en serio el tema", ha asegurado a las puertas del Congreso tras la comparecencia.
