Los problemas de la acogida voluntaria de menores migrantes: ninguna Comunidad cumple lo acordado en 2023 y 2022
La reforma de la Ley de Extranjería obligaría a todas las autonomías a amparar a niños, niñas y adolescentes que llegaran a España sin la compañía de ningún adulto.
El problema es la voluntariedad. Por mucho que este miércoles el Partido Popular decida finalmente aprobar la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes, el acuerdo de la Comisión Sectorial de Infancia que se reunirá en Tenerife no será vinculante. Es decir, las Comunidades Autónomas podrán no cumplirlo. Más allá de los relatos, los datos demuestran que el actual sistema de acogida no funciona.
Según datos del Ministerio de Infancia y Juventud, en 2023 la Comisión ya aprobó, con el voto a favor del PP, la reubicación solidaria de 396 menores migrantes que llegaron a España sin la compañía de ningún adulto. La solidaridad del apoyo al traslado, sin embargo, pierde fuelle cuando se comprueba cuántas Comunidades Autónomas cumplen lo pactado. Aunque desde el Ministerio advierten de que cada autonomía tiene sus peculiaridades, como pueden ser los regímenes forales, lo cierto es que, de los 396 menores, solo se ha producido la reubicación de 62 niños y niñas, 67 si se tiene en consideración que Navarra se ha comprometido a acoger a cinco a finales de este mes.
De todas las Comunidades, tan solo Andalucía, Aragón, Asturias y, ahora Navarra, han acogido a algunos de los niños, niñas y adolescentes, aunque tampoco a todos los que deberían haber recibido. El resto de autonomías, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, no ha amparado a ninguno de los chicos.
El asunto es todavía más grave ya que, a pesar de no haber llevado a cabo la acogida, desde el Gobierno sí se trasladaron fondos económicos (20 millones de euros) a todas las Comunidades para poder gestionar el cobijo.
En 2022, todos los Gobiernos regionales acordaron también en la misma Comisión Sectorial la acogida de 378 menores. Aunque en este caso el cumplimiento es mayor que en 2023, tampoco es íntegro. De todos los niños y niñas que debían recibirse, las Comunidades ayudaron únicamente a 228.
Nada apunta, por tanto, a que este incumplimiento generalizado no se extienda al traslado voluntario que esta tarde propondrá el Ministerio de Infancia y Juventud. Al igual que en 2022 y 2023, el Gobierno quiere que las Comunidades garanticen la acogida de 347 chicas y chicos, una propuesta que este año ya bloquearon los Gobiernos regionales del Partido Popular hasta en dos ocasiones.
Esta mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que, pese a las amenazas de Vox de romper los Gobiernos regionales y al bloqueo que han mantenido, garantizarían las reubicaciones solidarias que propone el Ejecutivo. “Vamos a cumplir con nuestras obligaciones y compromisos como partido de Estado y seremos coherentes y solidarios con la excepcionalidad que atraviesa Canarias”, dijo. De lo que no ha querido hablar, sin embargo, es de la reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno canario junto con el estatal. Y es justo ahí donde estaría la solución.
Si finalmente se aprueba la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería en los términos que proponen desde las Islas Canarias, la acogida de menores extranjeros no acompañados por parte de las Comunidades no sería ya una decisión voluntaria, sino vinculante, es decir, obligatoria. Solo con esta reforma se garantizaría el traslado de los jóvenes desde Canarias, Ceuta o Melilla, cuya capacidad de acogida está superada sobre todo en las Islas. Para que esto suceda, no obstante, al tratarse de una Ley Orgánica, el Gobierno precisa de mayoría absoluta en el Congreso, es decir, el apoyo del PP.
Esta tarde, el Gobierno planteará estas dos cuestiones. Primero, la aprobación del traslado solidario de 347 niños y niñas; y luego, un punto de información con la modificación de la norma. Aunque estos días la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, confiaba en un “gesto positivo de colaboración” por parte de las autonomías, especialmente las del PP, respecto al primer punto, apuntaba como “necesaria” la aprobación de la reforma. Si se cambia la ley, aseguró, “los traslados serían inmediatos”. Fuentes del Ministerio confirman a El HuffPost este extremo. Aunque lamentan que los derechos humanos no se cumplan de manera voluntaria, advierten de que cuando las reubicaciones sean ley ninguna autonomía podrá incumplirlos.
