Llegó el día: el Congreso vota la ley de amnistía con incógnitas hasta última hora

El anticiclón que domina la atmósfera nacional se limita a lo climatológico. Desde hace meses, una tormenta sin fin marca la agenda política (y no poco la social) desde que se hizo realidad el texto de la futura ley de amnistía para los implicados en el 'procés'. Seis meses después de las elecciones del 23-J, el día llegó y este martes el Congreso vota la polémica proposición de ley para la amnistía.

El 'sí' mayoritario parece asegurado, con los previsibles apoyos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Pero los sustos se prometen hasta ultimísima hora. Junts vuelve a repetir la jugada de las últimas ocasiones y persiste en ampliar sus reclamaciones con el único límite temporal del minuto en el que se vaya a votar. Lo hace en pleno 'fuego' judicial, tras conocerse las prórrogas de las llamadas 'trama rusa' y el 'caso Tsunami', ambas con Puigdemont como figura central. Medidas que llegan 24 horas antes de la gran sesión del Congreso, entre acusaciones de lawfare por parte de sectores de la izquierda y el independentismo. 

Con estos ingredientes, vamos a intentar hacer un 'menú del día' de lo que espera este martes en un remozado Congreso de los Diputados que estrenará pantallas táctiles... ideales para aquellos que suelen liarse apretando botones.

Qué (y cómo) se va a votar

Antes que el qué, avisamos; el 'cuándo' será muy tarde. El pleno comenzará a las 15:00 y en él la amnistía será el único ingrediente. Además de votarse el texto presentado por el PSOE y modificado en la Comisión de Justicia, se someterán a votación numerosas enmiendas, de todo tipo, que siguen 'vivas' tras semanas de tramitación. 

Entre ellas, varias del PP, que pide la derogación completa de la futura ley. En el polo opuesto, otras tantas enmiendas de Junts, PNV y ERC. Las más polémicas, y sobre las que persisten las negociaciones de ultimísima hora, las relativas a la posible cobertura de 'todo tipo' de terrorismo, en las que la formación de Puigdemont y Nogueras ha llevado la voz cantante.

La presentación del dictamen será el primer plato, con una duración de 12 minutos, a la que seguirán los turnos de los grupos que quieran defender sus enmiendas, con 7 minutos, mismo plazo que el resto de formaciones. Al acabar, los diputados votarán, con sus sistemas táctiles, las enmiendas que aún sigan 'vivas'.

Cuestión distinta será la votación final del dictamen y del conjunto del texto. Está será pública y por nombramiento, como así ha querido el Partido Popular, siguiendo una fórmula ya marcada en anteriores votaciones relacionadas con la amnistía o con los recientes decretos de desempleo y anticrisis. Por ser una ley orgánica, el texto requerirá de al menos 176 apoyos; no serviría una mayoría simple. Si se mantiene la lógica de anteriores citas, el bloque del 'sí' —PSOE, Sumar, , Junts, Bildu, PNV y BNG— llegaría a los 178, por los insuficientes 172 que lograría la oposición de PP, Vox, UPN y CC.

Precisamente, el PP marcará el futuro inmediato de la ley, ya que al disponer de mayoría absoluta en el Senado, es seguro que rechazará su aprobación en dicha cámara en una tramitación que se aventura más lenta que en el Congreso, a donde podría volver para una final aprobación.

Qué buscan los independentistas en estas últimas horas

La tarde y noche del lunes ha ido de "puertas". Las que unos y otros reconocen tener "abiertas" para seguir negociando hasta "ultimísima hora". El mensaje de partidos independentistas es idéntico; las enmiendas siguen vivas y hay espacio para debatirlas hasta el minuto previo a la votación. No sería la primera vez que esas postreras conversaciones dan fruto en esta incipiente legislatura.

La cuestión central es, en este punto, la cobertura o no del delito de terrorismo en la futura ley de amnistía, que ya vio una modificación en la comisión parlamentaria previa al debate en el pleno. Allí el PSOE aceptó la reclamación de Junts y optó por incluir los delitos de terrorismo, con la excepción de aquellos que hayan causado violaciones "graves de derechos humanos". Pero en el sprint final, ERC y los de Puigdemont buscan blindar cualquier tipo de mención al terrorismo.

Los postconvergentes, que han ido exprimiendo más y más el catálogo de exigencias al Ejecutivo, busca igualmente extender dos meses el plazo de aplicación de la amnistía para iniciarla el 1 noviembre de 2011. El objetivo, cubrir tanto a Carles Puigdemont, como a los CDR

En una línea más conciliadora, desde ERC defienden que la actual redacción es "la mejor ley posible fruto de la necesidad de llegar a este consenso amplio". No obstante, los republicanos también reconocen que hay enmiendas 'vivas' sobre las que se seguirá conversando hasta bien entrado el martes.

Qué dice el PSOE

En Ferraz el mensaje sigue siendo que el texto actual "está bien como está" y que ya no se está negociando, si bien, desde Cataluña, el responsable del PSC, Salvador Illa, reconocía que esas "puertas" no estaban cerradas a un último acuerdo entre las partes.

Antes del cabeza de los socialistas catalanes comparecía la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, para asegurar que están "satisfechos y cómodos" con el texto que salió de la comisión, al considerarlo "suficientemente robusto, plenamente constitucional e impecable". Pero, pese a apuntar que "no hay ningún cambio", ha dejado una opción en el aire, porque "lo que si hay es tiempo y evidentemente en los partidos todos siguen hablando hasta que se celebre la votación". 

"De aquí a mañana seguiremos hablando con todos los actores, pero la realidad es que ahora mismo no hay ningún cambio al respecto. No estamos negociando y lo único es la evidencia de que quedan 24 horas para votar", remató la recién nombrada portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

Qué frentes judiciales se han reactivado en la previa

Dos noticias judiciales sacudían la previa al 'día grande' de la amnistía. En Cataluña, el juez instructor del 'caso Volhov', Joaquín Aguirre, ha acordado prorrogar la instrucción de esta durante medio año. La causa cubre la supuesta trama rusa del 'procés' y este lunes el magistrado ha apuntado que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia catalana para "desestabilizar la Unión Europea". Motivo que le ha llevado a aumentar en seis meses el plazo para investigar un asunto que añade interrogantes al futuro de Puigdemont.

Es, básicamente, la misma conclusión que lo ocurrido en Madrid, donde el juez García-Castellón, ha hecho lo propio con el 'caso Tsunami'. En su decisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha optado por prorrogar otros seis meses la trama sobre la plataforma Tsunami Democratic.

Como en el affaire ruso, aquí Puigdemont también aparece como investigado estrella, por su potencial papel en el germen de esta entidad, investigada por terrorismo y "cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva", en palabras del magistrado.

Que ambas decisiones llegasen a 24 horas de la votación no es 'casualidad' para los sectores independentistas y algunos de la izquierda. Antes bien, acusan a ambos jueces de lawfare, la intromisión de la Justicia en la vida política, cuestión que ha generado numerosos enfrentamientos entre los jueces y numerosos partidos. También con el Gobierno, como ocurrió hace días tras las críticas de Teresa Ribera al juez García-Castellón y el posterior comunicado de repulsa del CGPJ.