Las "inhumanas" y "humillantes" terapias de conversión llegan al Congreso

Las llamadas terapias de conversión o Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (ECOSIEG) son, según la ONU, “inhumanas”, “humillantes, denigrantes y discriminatorias”. Estas mal llamadas terapias buscan, también según Naciones Unidas, “convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en cisgénero”. Como si la orientación sexual o la identidad de género fueran un juego de cromos intercambiables. Pese a ello, en España, aunque están prohibidas, no son todavía un delito sino una infracción administrativa. Es lo que ha llevado a Más Madrid a presentar la semana pasada en la Asamblea una iniciativa para que el Gobierno regional inste al Ejecutivo central a que reforme la ley y las tipifique como delito.

La propuesta, apoyada por el partido impulsor y también por el PSOE, no salió adelante después de que el PP de Isabel Díaz Ayuso votara en contra, como Vox. Según Mónica Lavín, secretaria de Familia del PP madrileño, la proposición carece de sentido y no es más que una persecución a la Iglesia Católica. Pese a reconocer que “son una tortura”, consideró que “no son, ni han sido nunca, una realidad significativa”, dijo Lavín desde la tribuna del Parlamento de Madrid. Y completó luego en la red social X: “La izquierda hace guerra civilismo a costa de la libertad religiosa y de conciencia, instrumentalizando la condición sexual”.

Hace unos días, el pasado 11 de febrero, el Arzobispado de Valencia suspendió la actividad del Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordae, siete meses después de que niños de 11 y 12 años acusaran al presidente del Centro, y además su profesor, de someterles a prácticas de conversión. Según publicó El País, las personas obligadas a participar en estas sesiones “tomaban ansiolíticos y antidepresivos para intentar modificar su orientación sexual”. “Uno de los denunciantes, que reportaba sus ‘progresos’ a Mulet, sufrió autolesiones durante el internado de seis meses en un convento de la localidad cántabra de Ruiloba, donde se combinaban rezos y ejercicio físico”, informó el periódico. A principios de este mes, la Asociación española contra las Terapias de Conversión 'No es Terapia' denunció ante el Ministerio de Igualdad a siete diócesis españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga) por organizar y acoger terapias de conversión basadas "en la abstinencia y la práctica religiosa".

Desde ‘No es Terapia’ llevan años denunciando estas prácticas. Son, además, impulsores de la reforma legislativa que busca tipificarlas como delito en el Código Penal, una proposición que este martes se registrará en el Congreso de los Diputados de las manos de Más Madrid y Compromís (incorporados en el Grupo Parlamentario de Sumar) y el apoyo confirmado de BNG, Podemos y ERC. El pasado viernes, cuando se conoció el trabajo de las fuerzas de la investidura a la izquierda del PSOE con No es Terapia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó que trabajaba ya con el Ministerio de Justicia para que las mencionadas terapias sean catalogadas como delito.

Eduardo Rubiño es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y, como No es Terapia, lleva años movilizado contra esta cuestión. En 2019, entonces diputado en la Asamblea registró una denuncia ante la Comunidad de Madrid por los cursos de sanación de la homosexualidad auspiciados por el Obispado de Alcalá de Henares. Desde Más Madrid, denuncian que “el Gobierno de Ayuso dejó morir la denuncia y no incoó expediente sancionador”. “Después, con su recorte de las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, eliminó la persecución administrativa a estas prácticas, aunque la nueva ley estatal aprobada en 2023 sí recogía esa prohibición administrativa”. Hoy, Rubiño, que ha trabajado junto a No es Terapia y Compromís el texto que se registrará el martes, asegura que “lo que va a pasar es emocionante”. “Será un día histórico”, dice, para recordar: “Desde Más Madrid llevamos años poniendo el foco sobre esta aberración y sabemos de la travesía del desierto que han cruzado muchas víctimas, de su soledad intentando hacer visible esta realidad, y por eso hay que agradecer la enorme labor de la asociación No es Terapia y su valentía y constancia. Los derechos no se conquistan solos”.

Para Rubiño, “España no puede quedarse a la zaga en el reconocimiento y avance de los derechos LGTBIQ+, y hoy sabemos de sobra que los derechos pueden ser papel mojado si no cuentan con todas las herramientas legales para ejercerse y hacerse efectivos. Que en pleno siglo XXI, en una democracia que abandera con orgullo sus leyes y sus políticas de igualdad, haya quien pueda seguir haciendo negocio con prácticas acientíficas que implican mucho sufrimiento y dolor para personas LGTBIQ+ es un sinsentido histórico que hay que corregir. Es incomprensible la relajación y pasividad con que el PSOE ha tratado este asunto hasta ahora, pero tienen fácil demostrar su compromiso, pueden apoyar esta proposición que va a registrarse”.

En la proposición de ley que se registrará en el Congreso, los firmantes citan varios ejemplos de “un total de 58 jurisdicciones, tanto nacionales como subnacionales”, que han tipificado como delito “castigado con pena de cárcel” las prácticas de las terapias de conversión. Francia, desde febrero de 2022, las castiga con hasta tres años de prisión y penas de multa de hasta 45.000 euros; Chipre, desde mayo de 2023, con la pena base de dos años de prisión y multa de 5.000 euros; Islandia, desde junio de 2023, con hasta tres años de cárcel; Bélgica, desde diciembre de 2023, impone una pena de hasta dos años de prisión; y, hace un año, en enero de 2024, Portugal modificó su Código Penal para considerar las terapias un delito y castigarlas con penas de prisión de hasta tres años. Portugal, además, impuso la obligación al Estado “de elaborar un estudio sobre la incidencia de estas prácticas en el territorio nacional, así como de implementar campañas de sensibilización a padres, familias y comunidades sobre la ausencia de validez, ineficacia y consecuencias de estas prácticas”.

La propuesta que se registrará este martes en el Congreso pide, además de tipificar este tipo de prácticas como delito, castigarlas con penas de prisión de uno a cuatro años. Especifica, además, que “se castigará con la misma pena a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG [las terapias de conversión], la fuercen a recibir estas prácticas o la consientan en un entorno bajo su supervisión”.