Las anomalías de la Constitución española que se mantienen 45 años después

La Carta Magna, la ley de leyes, está de aniversario. 45 años desde que el 6 de diciembre de 1978 los españoles dieran su visto bueno a la Constitución en referéndum con un 88,5% del apoyo. Un sí rotundo. 

Una España ávida de democracia se echó a las calles para votar los 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final que componían el texto constitucional. 

Aquel país que despertaba de cuatro décadas de pesadilla franquista, acogió con júbilo un marco legal de libertades, moderno y que, 45 años después, muchos apenas conocen, tanto en su articulado como en su contenido. 

Una Constitución que, pese a rozar la cincuentena, apenas se ha modificado dos veces en toda su historia. La primera, en 1992, para cambiar una palabra que permitió que España firmara el Tratado de Maastricht. La segunda, en 2011, con la modificación del artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda frente a otras partidas. 

Ninguna de las dos tocaba el Título preliminar, el Capítulo segundo, la Sección primera del Título I, o el Título II, que la propia Constitución protege de tal forma que, de modificarse, se deben disolver las Cortes, convocar elecciones y votar el cambio en referéndum.  

El resto de cambios, de menor calado, requieren una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (Congreso y Senado), lo que hace necesario un gran consenso político que no se ha dado ni tan siquiera para eliminar la palabra "disminuido" del artículo 49, pese a que tanto PP como PSOE están de acuerdo en hacerlo. 

Estos dos cambios de la Carta Magna contrastan con las más de 60 modificaciones de la Constitución de Alemania, las más de 30 de Suecia y Bélgica, las más de 20 de Francia y Países Bajos, o la quincena de enmiendas de la de Italia. 

Articulado anacrónico

Esta falta de cambios de calado en los últimos 45 años hace que la Constitución tenga aspectos totalmente anacrónicos. Al ya citado artículo 49 que habla de "disminuidos", se añade que, por ejemplo, apenas se menciona dos veces en todo el texto a la mujer: para hablar de su derecho al matrimonio y para recordar que está por detrás en la línea sucesoria de la Corona. 

Este apartado de la Carta Magna, el artículo 57, concita consenso en su cambio pero no se ha modificado nunca. Y ahora, con la descendencia del actual monarca, Felipe VI, al ser dos mujeres sus hijas, ni siquiera requiere de urgencia el cambio. 

Otra anomalía es que en la Constitución de un país tan europeísta como España, miembro de la Unión desde 1986, y actualmente ejerciendo la presidencia de turno de la UE; no se mencione a Europa y que tan sólo se cite a la Unión Europea en el artículo 135, tras ser modificado para la preeminencia del pago de la deuda en 2011. 

Desconocimiento de la Constitución

Aunque quizás esto sea un mal propio de todos los países, lo cierto es que hay muchos ciudadanos que desconocen el contenido de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, que obliga a que los que más tienen, paguen más (artículo 31); que indica que la propiedad privada debe estar supeditada al interés general (artículo 33); que habla del derecho al autogobierno de las "nacionalidades" que forman España (artículo 2); y que dice que la cárcel debe servir para la reinserción (artículo 25). 

Con estos cuatro artículos, el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías hizo un experimento hace unos días en su cuenta de X, haciendo como si con ellos quisiera conformar una nueva Constitución. 

"Suena a comunismo", "totalitario", "analfabeto" o "Estado fallido" fueron algunas de las respuestas que recibió, demostrando el desconocimiento que existe sobre la Carta Magna. 

Lo que no se cumple 

A eso se suma el hecho de que, pasados 45 años, muchos de los artículos, o no se cumplen, o han sido incumplidos en algún momento de nuestra democracia. 

Por ejemplo el artículo primero, que reza así: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Esa igualdad no se cumple si atendemos a los últimos datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que afirma que hay 12 millones de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión social.

Precisamente sobre igualdad habla el artículo 14, que asegura que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Los esfuerzos en los últimos años han sido enormes para alcanzar al igualdad entre hombres y mujeres, pese a la brecha de género que todavía existe; así como para acabar con las discriminaciones por orientación sexual, aunque las agresiones homófobas y la intolerancia ha vivido algunos picos preocupantes, especialmente con el auge de la extrema derecha. 

Otro artículo que no se termina de cumplir es el 16, que habla de que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Lo cierto es que las asociaciones laicas mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 12.000 millones de euros al año. 

"Aunque proclama la aconfesionalidad estatal, al estipular “relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, abrió la puerta a una inaceptable confesionalidad de hecho, especialmente por la firma de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede", critica Europa Laica en su último manifiesto. 

Otro clásico del debate constitucional es el artículo 69, que habla del Senado como "la Cámara de representación territorial". Son numerosos los senadores que, en el ejercicio de sus funciones, han reconocido que la Cámara Alta no cumple con este precepto constitucional. Se trata esta de una de las reformas históricas pendientes de la democracia. 

La Constitución envejece y lo hace sin renovarse, sin revisarse, pero siendo arma arrojadiza entre partidos políticos. Y mientras tanto, mantiene sus anomalías 45 años después.