La reforma de la Ley Mordaza o por qué el lío para derogarla no ha hecho más que empezar

Este jueves, EH Bildu anunciaba un acuerdo con el Gobierno para reformar y, en la práctica, casi suprimir la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Una norma, que lleva 9 años en vigor y que tras seis años de gobiernos de Pedro Sánchez parece llegar a su fin. O no del todo.

Hasta ahora, la norma ha seguido intacta en su mayor parte, a pesar de las promesas del PSOE de eliminarla. Este verano, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunciaba un acuerdo entre el PSOE y Sumar para reformar la ley. Sin embargo, la supuesta derogación se diluyó rápidamente cuando los socialistas matizaron que solo se modificaría el artículo 36, que es el de la toma y difusión de imágenes de actuaciones policiales.

Se trata de una reforma que no cambiaba mucho ya que fue el único punto de la norma declarado inconstitucional. Ha habido más de 1,8 millones de multas entre 2015 y 2022. Estas sanciones, en su mayoría, se debieron a desobediencia, resistencia o faltas de respeto a la autoridad. Durante el estado de alarma por la pandemia, Interior llegó a imponer 1,1 millones de multas, que posteriormente fueron anuladas por el Tribunal Constitucional.

Tras lo polémico de su aprobación en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP de Rajoy, Pedro Sánchez había prometido eliminar esta ley como primera acción de su gobierno. A su llegada al poder en 2018 tras la moción de censura, reiteró este compromiso, asegurando que "ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión". Sin embargo, la ley sigue en pie y los intentos por reformarla han encontrado resistencia tanto interna como externa. De hecho, ha habido más años en los que el PSOE ha gobernado bajo la norma que el PP.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ya había prometido una nueva legislación de seguridad ciudadana, pero las exigencias de ERC y Bildu, impidieron un consenso. Entre sus demandas figuraba cuestiones que ahora en 2024 parece que sí van a tener lugar: la eliminación del uso de pelotas de goma, la sanción por desobediencia a los agentes y las devoluciones en caliente.

Un análisis jurídico elaborado por el Grupo de Investigación de Problemáticas Sociales de CNT-Valencia argumentaba hace casi una década que esta ley representa uno de los movimientos más represivos del Estado español en las últimas décadas.

Concluían que la reforma buscaba solo sofocar la creciente ola de protestas vividas en el 15M y sus derivadas con cuestiones tan restrictivas como las sanciones administrativas que, reemplazaron a faltas que antes eran procesadas judicialmente. Las injurias a miembros de las fuerzas de seguridad, la ocupación de inmuebles, y el uso del espacio público sin autorización, que antes requerían intervención penal, pasan ahora a ser consideradas infracciones administrativas leves o graves, lo que facilita la imposición de multas.

El análisis subrayaba cómo esta transformación judicial a administrativa abre la puerta a abusos, al permitir que la Administración actúe como juez y parte. Esta situación, según el informe, otorga a la policía mayor margen de actuación arbitraria y convierte las pruebas presentadas por los agentes en "valor probatorio" casi incuestionable, salvo que el acusado logre demostrar lo contrario, algo difícil en la mayoría de los casos. Es decir, que en vez de asumir la presunción de inocencia, es el acusado el que debe probar su inocencia ya que, a grosso modo, prevalece lo que dicen los agentes.

También se crearon cuestiones como la perturbación del orden público en manifestaciones frente a instituciones gubernamentales, el uso no autorizado de imágenes de las fuerzas de seguridad, o la colocación de pancartas en edificios. Cuestiones que eran habituales en protestas pasaban a ser parte de sanciones graves.

La ley también introdujo medidas preventivas que permiten a la policía limitar el recorrido de manifestaciones y establecer controles de acceso a estos eventos. La identificación previa en controles puede servir, aparte de para garantizar la seguridad, como prueba de participación en actos que luego podrían ser sancionados.

Una de estas cuestiones es la que le ocurrió a los seis de Zaragoza. Este jueves, apenas unas horas después del acuerdo anunciado por EH Bildu, el programa 'Hora Veintipico' entrevistaba a Francho Aijón, padre de Javitxu Aijón, que lleva cuatro meses en la cárcel por participar en 2019 en una protesta contra Vox. Unas 300 personas se manifestaron el 12 de enero de 2019 ante un mitin de Vox en el auditorio que Santiago Abascal celebraba en la ciudad. Cuando intentaron acercarse al auditorio, y sin previo aviso, la policía cargó contra los manifestantes a pesar de no producirse ningún acto violento durante la marcha. El grueso del grupo huyó para evitar ser víctimas de las cargas policiales al campus de la ciudad universitaria de Zaragoza mientras eran perseguidos por la Policía. Allí, sin poder salir porque un cordón policial lo impedía, sí se produjo algún altercado como la quema de un contenedor o el tiro de piedras contra los agentes.

Pasado el revuelo, la policía se marchó, pero regresó dos horas después deteniendo a seis personas en un bar y sin indicarles el motivo. Dos de ellas, por cierto, eran menores y nunca se les aplicó el protocolo específico, según denuncia Amnistía Internacional.

Gracias a la ley mordaza, los jóvenes fueron acusados como coautores de los delitos de desorden público y atentado contra la autoridad. Ya que se aplicó la pena máxima, fueron condenados a seis años de cárcel. Los menores tuvieron que pagar 11.000 euros así como un año de libertad vigilada.

Casos como este, que evidencian que los cambios anunciados necesitan de más trabajo es lo que ya han puesto sobre la mesa partidos como el BNG, que ha indicado que la norma "puede y debe ser mejorada" para garantizar una "completa derogación de la Ley Mordaza y la ampliación de derechos y libertades de la ciudadanía".

Entre estos cambios está la eliminación de la presunción de veracidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la obligatoriedad de actas en las identificaciones o cacheos o la eliminación de cualquier elemento agresivo en las movilizaciones por parte de los agentes de la autoridad.

"No tenemos aún una relación de enmiendas que vamos a presentar. Hay muchos cambios positivos que van en una buena dirección porque es un avance importante, pero es verdad que hay otros aspectos que no se tocan o que no quedan de la forma más adecuada. Es en esa línea en la que vamos a actuar. Por ejemplo, en la presunción de veracidad. Es un problema y un elemento clave porque ataca directamente a la presunción de inocencia que debe prevalecer siempre. Vamos a proponer que se elimine porque debe haber atestados policiales que deben ser tomados en cuenta como elementos que permitan determinar la actuación, pero que automáticamente no tengan ese carácter de ser ciertos", ejemplifica el diputado del BNG, Néstor Rego.

Así, por ejemplo proponen que se motive en el lugar de la actuación policial el uso de la autoridad para evitar "motivaciones se puedan elaborar a posteriori" y que de garantías.

"Creemos que es un buen punto de partida, queremos contribuir a que la ley se tramite y que arranque con fuerza porque sabemos que va a haber resistencia de la derecha, la ultraderecha y de las asociaciones policiales ultras. Es necesario contribuir a esas resistencias que se va a encontrar la ley en su tramitación", explica Rego recordando que "no es el punto de llegada" y apelando al resto de fuerzas parlamentarias a que se sumen.

En cualquier caso, este conato de cumplir con la promesa de Pedro Sánchez llega cuando el PSOE ha sido el partido que ha estado en el poder cuando se ha aplicado más del 60% de las actuaciones amparadas por esta norma. Seis años de espera y nueve de vigencia que, parece, comienzan a tener fecha de caducidad.

"Hubo un intento de reforma que era insatisfactoria. Es una cuestión de necesidad de las fuerzas que componen el Gobierno de mantener una mayoría que pongan en marcha otras cuestiones. Tienen que asumir ahora unas propuestas que con mayor holgura no tuvieron lugar en la anterior legislatura. El PSOE ha sido el partido que mas tiempo mantuvo la ley y que mas la aplicó. Es muy positivo que exista esa disposición en el que valoremos que es un buen punto de partida para tramitar la norma que acabe con la derogación de la ley del PP", concluye.