La reforma fiscal del Gobierno depende ahora de Podemos: "No aceptaremos tomaduras de pelo"

El Gobierno se enfrentará previsiblemente este jueves a una nueva votación de infarto en el Congreso de los Diputados. Su paquete de medidas fiscales - que incluye un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, la subida de dos puntos en el el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros o el incremento de la fiscalidad del tabaco - peligra ante la postura de Podemos de votar en contra si no hay una garantía de que también se aprobará posteriormente una prórroga del impuesto a las energéticas.

Una medida que el Gobierno acordó este lunes con ERC, Bildu y BNG, pero que también necesitaría de los votos de Junts y PNV, formaciones que se han mostrado abiertamente en contra de seguir aplicando nuevos gravámenes a empresas de ambos sectores.

La formación morada ha mantenido desde el principio su posición a favor de hacer fijos estos impuestos adicionales que el Gobierno creó en 2022 para hacer frente a los posibles seísmos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. El impuesto temporal a los bancos grava al 4,8% los intereses y comisiones generados en España por su actividad bancaria en aquellas entidades que facturen más de 800 millones. El tributo energético, por su parte, grava a su vez el 1,2% de la cifra de negocio de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones, excluyendo para el cómputo los ingresos derivados de las actividades reguladas.

Según los datos aportados por el ministerio de Hacienda, el impuesto ha sumado para las arcas del Estado en dos años un total de 5.767 millones de euros. En concreto, 2.908 millones en 2023 y 2.859 millones en 2024.

Aunque mantener ambos impuestos formaba parte del plan de acción de PSOE y Sumar, las presiones de las empresas integradas en estos sectores - amenazando con retirar inversiones si se prorrogaba - han llevado a que PNV y Junts se opongan frontalmente a ellos. Una división dentro del bloque de investidura que ha condenado al Gobierno a interminables horas de negociaciones.

Asi se vio este lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso, primer campo de batalla para aprobar esta paquete fiscal. Los desencuentros entre los socios hicieron que la sesión se prolongara hasta la madrugada, con múltiples recesos y enfado generalizado de los diputados, que ya no sabían ni qué tenían que votar ante las diferentes introducciones de enmiendas transaccionales.

El giro de guión llegó cuando ERC, EH Bildu y el BNG anunciaron sobre las 23.00 un acuerdo con el Gobierno que permitía superar la votación en la Comisión y sacar adelante el impuesto a la banca en el pleno del jueves, a cambio de un futuro real decreto ley que prorrogará un año el gravamen a las grandes energéticas. En total, fueron 19 votos afirmativos (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG) y 17 en contra (PP y Vox).

Junts, tras cierta sorpresa, también votó a favor del paquete. Sin embargo, los de Puigdemont reiteran que se opondrán a cualquier impuesto a las energéticas. "Lo que se ha aprobado es el acuerdo de hace 15 días. No se ponen en riesgo los puestos de trabajo, ni se sube la factura de la luz ni del gas", defendía este martes la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, en declaraciones a TV3 y Catalunya Ràdio. 

Para salvar la alianza con Junts, el equipo de María Jesús Montero salió rápido al quite y defendió que el acuerdo con ERC, Bildu y BNG sólo atañe a las energéticas que no "inviertan en descarbonización". Lo que, en práctica, supondría no aplicarlo a ninguna. 

Pero antes de eso llegará el pleno de este jueves con el impuesto a la banca y el paquete de medidas fiscales sobre la mesa. El primero dependerá de la acción de PNV y Junts, y el segundo de Podemos.

Los de Ione Belarra exigen al Ejecutivo garantías de que estos dos partidos también apoyarán en el futuro mantener el impuesto a las eléctricas. Si no es así, sus cuatro diputados votarían en contra o se abstendrían en la votación de las medidas fiscales. Si el voto es finalmente negativo, se produciría un empate a 175 votos y, tras tres votaciones, con idéntico resultado, la medida decaería.

Fuentes de Podemos a El HuffPost dicen conocer que lo firmado por ERC y EH Bildu con el Ejecutivo es "papel mojado" ya que, sin los votos de PNV y Junts, ese gravamen no puede salir adelante. De hecho, explican que fueron contactados por estos partidos el lunes por la noche con la idea de poder sumarse a esa prórroga de un año, pero que decidieron no hacerlo al comprobar que el Gobierno no tiene los votos necesarios. Otra cosa será si se logra el 'sí' de los postconvergentes y los jeltzales, aunque reconocen que la posibilidad de que esto se produzca es "relativamente baja". 

Por el momento, califican de "tomadura de pelo" el intento del Gobierno de intentar contentar a todos sus socios, con opiniones claramente enfrentadas entre sí, y lamentan que se haya aprovechado la transposición europea del impuesto de sociedades para introducir una reforma fiscal que merecía su "propio debate". "Nuestros votos estarán si el impuesto (a las energéticas) se mantiene", recalcó Belarra en un tuit.

El Gobierno sabe que los órdagos de Podemos van en serio. En enero de este año, tumbaron la reforma del subsidio de desempleo que presentó Yolanda Díaz puesto que incluía un recorte de las pensiones de los mayores de 52 años. El ministerio del Trabajo, finalmente, tuvo que plegarse a su condición para aprobar el decreto en el mes de junio.

El Gobierno sabe que es crucial que la votación de este jueves, al menos la relativa al paquete fiscal, salga adelante. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se mostró ayer convencido de que el Ejecutivo será capaz de diseñar un impuesto para las grandes energéticas que puedan apoyar a la vez Junts y Podemos, con exenciones para las compañías que utilicen sus beneficios para descarbonizar.

El argumento con el que los socialistas intentan convencer a Podemos es que no se puede tratar igual a una empresa que reparte todos sus beneficios entre los accionistas, que a otra que los reinvierte para contribuir en la descarbonización. Pero desde el PSOE saben que no será fácil convencerles y confían en que, al menos, se abstengan. "De aquí al jueves vamos a estar negociando hasta que suene la campana", resumía López.