La paradoja de Isabel Díaz Ayuso: defiende a Miguel Ángel Rodríguez pero condena las amenazas a periodistas
La presidenta madrileña se suma una declaración institucional de Más Madrid que defiende el trabajo periodístico pero insiste en el apoyo a su jefe de Gabinete.
La Asamblea de Madrid ha sido protagonista este jueves de un gran oxímoron. Mientras Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, amenaza una periodista con cerrar su periódico y “triturarlos”, el Partido Popular ha apoyado una declaración institucional de Más Madrid que “condena enérgicamente cualquier forma de violencia, amenaza, censura o intimidación dirigida a periodistas y medios de comunicación”.
Un día después de que Rodríguez reconociera haber expandido el bulo de los periodistas que acudieron al domicilio de la presidenta de la Comunidad, el Partido Popular ha apoyado un texto que pide promocionar “un entorno propicio” para el desempeño del periodismo que “requiere de instituciones y gobiernos que no operen como difusores de bulos”.
Un bulo, el de Miguel Ángel Rodríguez, que esta mañana ha sido secundado por la propia Ayuso, que en respuesta a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha insistido en que “no se puede intimidar a una persona en su propiedad privada, como está pasando”. En la línea de los mensajes que su jefe de Gabinete envió a algunos periodistas, la líder regional del PP ha persistido en la idea de que hay profesionales de medios de comunicación intimidando “al entorno de los políticos, a una portera de finca, a los vecinos, a ciudadanos anónimos” e “incluso a menores”.
Del mismo modo, Ayuso ha vuelto a restar importancia a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, manteniendo que no se puede equiparar una discusión de “dos personas en un chat de confianza” a lo que, en su opinión, hace Más Madrid, a quienes acusa de “atacar recientemente a todos los medios de comunicación”.
Respecto a las acusaciones sobre su pareja, Alberto González Amador, la presidenta de Madrid ha repetido la estrategia de los últimos días, afirmando que se trata tan solo de una "inspección fiscal" que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid". Ha denunciado, no obstante, que en España hay "unos dos millones de inspecciones fiscales" pero que no reciben el mismo tratamiento. "Están intentando hacer de un caso particular un caso político porque están a la desesperada", ha zanjado.
