La ONU llama a España a adoptar "las medidas necesarias" contra las leyes de concordia de PP y Vox

El Gobierno español pidió amparo a Naciones Unidas por la derogación de las leyes de memoria histórica y democrática en comunidades comandadas por el PP y Vox. Ya hay respuesta, y es contundente: llama a España a adoptar "las medidas necesarias" contra las leyes sustitutas, las llamadas "de concordia". 

Según publica este viernes el diario El País, la ONU pide expresamente que se tomen "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos". 

Son tres los relatores de la ONU que firman la recomendación: Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 

Los tres revisado los nuevos articulados amparados por derecha y ultraderecha en Castilla León, Aragón y la Comunidad Valenciana, y tienen una conclusión clara: "las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos", ya que, señalan, "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia". Son normas, recordemos, que no condenan siquiera la dictadura franquista y que las asociaciones memorialistas denuncian por "blanquear" el fascismo. 

Para la ONU, esas iniciativas del PP y Vox "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista; "obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos” en la materia y “pueden invisibilizar", advierten, "las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista", indica la información de Natalia Junquera.

La contundencia de los relatores no se detiene ahí. Cada párrafo añade críticas a la marcha atrás del tándem PP-Vox. Destaca, por ejemplo, que se "evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista" y que las nuevas normas ayudan a alentar teorías "revisionistas o negacionistas" sobre la Guerra Civil y la dictadura. 

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, destaca que se iguala a las víctimas de la II República [cuyo gobierno fue elegido democráticamente], al "terrorismo etarra e islámico" y se "desvirtúa" el objetivo de las leyes de memoria de "atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil", que no habían sido reparadas.

La ONU, tras analizar las nuevas normas, recuerda al Gobierno que tiene obligaciones internacionales adquiridas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), por lo que debe actuar para que no se den los pasos contemplados por PP y Vox. "Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano", insiste. 

Además, los relatores de la ONU advierten de que "el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español". 

Por ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que "elevará esta cuestión por su gravedad a las principales instancias Europeas e Internacionales", como el al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.