La ofensiva contra la memoria histórica de PP y Vox avanza allí donde gobiernan

Que el 18 de julio de 1936 se produjo en España un golpe de Estado franquista que dio inicio a una guerra y a la posterior toma de poder por parte de militares sublevados, constituyendo un régimen dictatorial que se prolongó durante 40 años, es, para el Partido Popular y Vox, una “visión sesgada y sectaria de la historia”. Tanto es así, que en la Proposición de Ley de Concordia que ambas formaciones han registrado en Castilla y León, ni siquiera se menciona la palabra dictadura. La historia, para los historiadores, dijeron en rueda de prensa.

Lo sucedido este martes en Castilla y León, con el registro de una nueva norma que pretende suprimir la memoria histórica, no es más que una nueva línea en el guion que el Partido Popular aceptó interpretar cuando, para gobernar en algunas Comunidades Autónomas, acordaron con la formación de ultraderecha, ya sea en Aragón, Islas Baleares, Extremadura, Cantabria o en la propia Castilla y León. Si el PP quiere seguir gobernando, ha de cumplir lo pactado, añadiendo el prefijo des- a la palabra memoria.

Hace unos días, José María Llanos, el portavoz de Vox en la Comunidad Valenciana, se jactaba de ser la primera región “que ya tiene en marcha una Proposición de Ley de Concordia, derogando la memoria histórica [...] frente a esa falsa memoria democrática que era sectaria y partidista y que solamente recordaba a unos y olvidaba a otros”. Como si la II República, con un Gobierno elegido democráticamente en las urnas, y la dictadura fuesen lo mismo, Llanos anunciaba la ampliación del “espectro histórico, desde los crímenes que se produjeron ya en la República de 1931 hasta la actualidad”.

Sin llegar a mencionar la dictadura franquista, el portavoz de Vox sí señaló que en la nueva ley de Concordia “no puede faltar el reconocimiento histórico de lo que han sido los crímenes terroristas de la ETA y de otros partidos de izquierdas, u otras agrupaciones, mejor, de izquierdas, del FRAP o los GRAPO”.

Esta proposición de ley, la valenciana, es hermana gemela de la presentada este martes en las Cortes de Castilla y León. Allí, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, trató de ocultar el sofoco al señalar que no están “equiparando la II República con la dictadura ni mucho menos”. El hecho de que en el texto que proponen no figure en ningún momento la palabra dictadura responde tan solo, en opinión del vocero popular, a la búsqueda “de más pies al gato de los que tiene”.

Pese a sus justificaciones, lo cierto es que la proposición de Ley de Concordia en Castilla y León, “frente a la visión sesgada y frentista de la ley estatal”, también amplía el “espectro histórico” y equipara la II República con la dictadura de Francisco Franco. “Condenamos”, apuntó de la Hoz, “las vulneraciones de derechos humanos entre los años 1931 y 1978”.

A su lado, Carlos Martínez, portavoz de Vox, no tuvo intención de ocultar los empeños de la nueva norma, explicando que “nunca ha habido un relato consensuado de la Segunda República, la guerra civil y el franquismo”. Señalar los crímenes cometidos por el franquismo sería, para Martínez, “algo impropio o incompatible con un régimen democrático”. Aunque los textos propuestos por la formación de ultraderecha estén cargados del ideario que defienden, el portavoz de Vox manifestó que se trata de un “texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas sin deferencia por sus victimarios”. “Se termina con una visión sesgada y sectaria de una parte de la historia, eliminando imposiciones ideológicas”, insistió.

También fuera de toda connotación ideológica, el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el día de la muerte de Franco, en Aragón PP y Vox anunciaron la derogación de la ley de Memoria Democrática de la comunidad, una norma “nefasta” y “una herramienta de agitación social” en opinión de la ultraderecha. Es un camino que se producirá también en Extremadura o Cantabria, donde el pasado mes de septiembre aprobaron la elaboración de una norma para derogar la ley de Memoria Histórica y Democrática que, según la portavoz de Vox en la comunidad, Leticia Díaz, “omite por completo a una parte de las víctimas”.

En las Islas Baleares, donde PP y Vox amenazan con hacer lo propio, hace unas semanas el portavoz adjunto de la formación de ultraderecha en el Consell de Mallorca, David Gil, reescribió el guion definiendo el golpe de Estado franquista como “la última cruzada de liberación”.

Blanqueo de la dictadura

Frente al registro de la ley de Concordia en Castilla y León, este miércoles se ha producido otro, también en las Cortes de esa misma comunidad, pero esta vez por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que solicita la retirada del texto propuesto por PP y Vox. Para Emilio Silva, presidente de la asociación, el intento de estas formaciones responde a “una operación de blanqueo de la dictadura”.

Silva destaca que PP y Vox utilicen un discurso “permanente sobre la guerra civil y lo bélico en una comunidad autónoma donde las trincheras no cubrían ni el 0,2% del territorio”: “Lo que hubo en Castilla y León fue la conquista por parte de los golpistas en 1936 y el asesinato de miles de civiles, como era mi abuelo, que no estaban cerca de ningún frente de guerra, y que alguien decidió que no debían existir y que debían desaparecer”.

Desde la ARMH han denunciado el uso de la palabra “concordia” o “reconciliación”, “huecas” en los textos propuestos. Silva, además, ha expresado su sorpresa porque PP y Vox pretendan, bajo el amparo de la protección de datos, que en las exhumaciones no se puedan desvelar los nombres de los asesinos franquistas. Asimismo, ha querido hacer una comparativa con el terrorismo que vivió el País Vasco, preguntándose si alguien “se atrevería a ir allí a decir que hay que tratar igual a las víctimas que a los que pudieron morir preparando un atentado”.