La ley de amnistía entra en vigor tras su publicación en el BOE

Martes 11 de junio de 2024. La ley de amnistía ha entrado en vigor y se ha convertido en una realidad con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este martes 11. Sin embargo, a partir de esta jornada, es cuando llega la verdadera prueba de fuego del texto impulsado por el Gobierno de coalición progresista y los socios habituales de la investidura de Sánchez.

Una vez que entra en vigor la amnistía, su aplicación y la forma de hacerlo queda en manos de los distintos jueces y tribunales que tienen bajo su responsabilidad alguna de los cerca de tres centenares de causas o procesos que sobrevuelan al microuniverso derivado del procès, tanto a personalidades políticas como de la sociedad civil. Y que se reparten un diverso abanico de instancias y tribunales de distinto corte: desde el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas -estas últimas de carácter económico- a distintos tribunales catalanes.

La gran duda, llegados a este horizonte, es la que afecta a aquellos que siguen fuera de España, en situación de prófugos de la justicia, como el propio Puigdemont. Lo primero que deberá dilucidarse ahora es si se suspenderán de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor, ya que no hay una opinión homogénea entre los juristas y los fiscales del Supremo del juicio por el referéndum ilegal del 1-O.

¿Y ahora qué?: los posibles choques y dilataciones

En este sentido, uno de los mayores choques tiene que ver con los condenados por delito de malversación, lo que concierne a ex vicepresident Oriol Junqueras o a los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Mas no solo a ellos. También al propio Puigdemont, cuyo siguiente movimiento natural es tratar de regresar a Cataluña, y los exconsellers Toní Comín -que acaba de revalidar su euroescaño en las europeas, el único de Junts- y Lluis Puig. Los fiscales del Supremo han trasladado a la Fiscalía General del Estado que no piensan amnistiar este delito, al considerarlo contrario a los intereses financieros comunitarios.

Eso sin contar la letra pequeña. Hemos llegado al tiempo de la entrada en vigor de la norma, sí, pero los tribunales todavía disponen de un plazo de dos meses para aplicarla. Eso sin contar con que se deriven eventuales dilataciones, por ejemplo, si se plantean cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. El PP ya ha asegurado que dará la batalla contra la norma en el plano comunitario.

En líneas generales, y a aquellos sobre los que pena una condenada o proceso por malversación, habrá que esperar a que se siga el mismo guion que ocurrirá con el resto de casos. En este caso, el juez que dictó la euroorden de búsqueda y captura contra Puigdemont, Pablo Llarena, deberá dirigirse a las partes, tanto a las defensas como a las acusaciones, para que le trasladen sobre la aplicación de la amnistía en distintos procesos. Todo a la espera de conocer la postura decisiva -y presumiblemente común-  de los fiscales y la última palabra que tendrá el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Justo el día después de constituir la Mesa del Parlament

La ley de amnistía ha quedado recogida en el BOE tan solo un día después de que se constituyese la Mesa del Parlament de Catalunya. Y, precisamente, las fechas eran una cuestión de extrema relevancia al tratarse del más importante trámite y votación para controlar los tiempos que vienen en dicha comunidad de cara a presentar la investidura de un candidato a president y otro. En el que, indudablemente, Junts va ganando.

Los postconvergentes y los republicanos sorprendieron ayer con un preacuerdo para colocar al exconseller Josep Rull en la presidencia de la cámara catalana, un candidato de consenso que también recibió el visto bueno de la CUP a pesar de su pasado en CiU. Lograron dejar fuera a la candidata socialista de un PSC que fue la lista más votada en las elecciones catalanas, pero que vio cómo el independentismo unió fuerzas una vez más para hacer valer sus intereses.

Pero la clave de lo ocurrido ayer en el primer día del nuevo Parlament tiene más que ver con lo que se permitió durante la votación. Contra la reciente sentencia del Tribunal Constitucional -que resolvía un caso de la anterior legislatura- se aceptaron los votos telemáticos de los diputados fugados, como el caso de Puigdemont o del republicano Ruben Wagensberg, lo que acabó posibilitando que los independentistas unieran fuerzas y se presentase un recurso de amparo.

Consulta aquí el texto íntegro de la ley de amnistía en el BOE