La ley de amnistía adapta ahora los delitos de terrorismo y traición al derecho europeo

PSOE, Junts y ERC han anunciado este miércoles un acuerdo in extremis para desbloquear la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y facilitar su definitiva aprobación. El pacto entre los tres partidos se ha producido en vísperas de la reunión de la Comisión de Justicia de este jueves, que tiene como único punto del día debatir y votar un nuevo dictamen y devolver la ley al Pleno para evitar que decaiga.

Aunque en el comunicado firmado de forma conjunta no se dan detalles, fuentes cercanas a la negociación han señalado que la norma mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables, aunque ahora quedan ajustados al "derecho europeo" y no al Código Penal español. Es decir, el PSOE mantiene su compromiso de no amnistiar todos los casos de terrorismo como sí pretendía Junts, pero ya sólo quedarán excluidos si supone una vulneración grave de la legislación internacional.

De este modo, según detalla El País, quedan excluidos de la medida de gracia “los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la directiva europea de 2017″, y a su vez “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente.

Así, quedarían previsiblemente cubiertos actos como los protagonizados por Tsunami Democràtic, organización a la que el Supremo atribuye posibles delitos de terrorismo callejero con Carles Puigdemont como supuesto líder. Y en el caso de actos que puedan constituir delitos de traición, la proposición rechaza la amnistía de cualquier delito “que haya tenido como resultado una vulneración de los principios de la Carta de Naciones Unidas o de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países". Es decir, si se ha producido una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España.

Con respecto a la malversación, la nueva enmienda transaccional especifica que no podrán ser amnistiados quienes sean encausados por un tipo de corrupción “que suponga enriquecimiento personal”, una de las principales recomendaciones que ofreció  la Comisión de Venecia en su estudio de la norma.

Además, la norma cubrirá a todos los afectos por el proceso independentista a partir del 1 de noviembre de 2011 -en el texto anterior era el 1 de enero de 2012-, con lo que quedarán incluidos "todos los acusados del Tribunal de Cuentas". De esta manera, a juicio de Junts, quedarían amnistiadas todas las personas involucradas en el proceso independentista. "De este modo, se cierra definitivamente una etapa que ha condicionado la vida política catalana y de toda España durante demasiado tiempo", se señala en el texto.

La norma podría estar aprobada a mediados de mayo

El acuerdo entre PSOE, Junts y ERC logrará desbloquear la ley de amnistía después de que el pasado enero Junts votara en contra del anterior texto en el pleno. De este modo, la norma tuvo que regresar a la Comisión de Justicia para negociarse nuevas enmiendas o modificaciones y, posteriormente, repetir el proceso y votar una nueva ponencia. El plazo acababa el pasado 21 de febrero, pero el PSOE solicitó una prórroga de otros quince días que expira este jueves 7 de marzo.

Una vez que el nuevo dictamen sobre la amnistía vea la luz verde de la Comisión, se votaría en el pleno una semana después y de ahí pasaría al Senado. En la Cámara Alta, el PP forzará durante dos meses que la ley esté en proceso de tramitación, el máximo de tiempo permitido. En ese tiempo se pronunciará sobre la amnistía el CGPJ, ya que el PP ha pedido un informe al gobierno de los jueces.

Finalmente, volverá al Congreso para su teórica aprobación definitiva en la segunda quincena de mayo si no hay nuevas discrepancias entre PSOE y Junts.