La Justicia impacta de lleno en la política para el final de la campaña electoral

“La prudencia es una de las principales virtudes de la Justicia”. Así al menos lo atestigua una fuente judicial a El HuffPost que no comprende que determinadas decisiones jurídicas se hayan anunciado en plena campaña electoral en lugar de esperar hasta el lunes. Si bien no está escrito en ningún sitio, hay una suerte de regla consuetudinaria que establece que los jueces no interferirán en contiendas políticas. Y no es tanto por no tomar partido, que también, sino por propio respeto a su trabajo.

Este mismo viernes El País cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo “tiene una norma no escrita por la que evita hacer públicas las sentencias o judiciales que afecten a dirigentes o partidos en periodos electorales”. Y así hacen. De hecho, en la noticia, el periódico detalla la congelación desde abril de la sentencia por la caja b del Partido Popular ante el aluvión de elecciones.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, defendía esta especie de código estos mismos días, pidiendo a los magistrados que intentaran, “en la medida de lo posible, ser lo más neutrales” y “tratar de no interferir en procesos judiciales o en la inmediatez de contiendas electorales”.

Pero, como se dice, si las reglas están para romperlas peor es si estas ni siquiera están impresas. Esta semana diferentes movimientos judiciales han impactado de lleno en la campaña electoral. A pesar de no haber anunciado nada al respecto durante semanas, el juez Juan Carlos Peinado estimó oportuno citar a declarar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, este mismo martes. La convocatoria es para el próximo 5 de julio. “¿De verdad habría cambiado algo si esperase a anunciarlo el lunes?” se preguntan las fuentes consultadas, que ven “un intento claro de interferencia".

Tras la decisión de Peinado, llegó la carta de Pedro Sánchez. En su misiva, el presidente del Ejecutivo recordaba el ya mencionado precepto: “Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado”. Más adelante, añadía: “Dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores – el señor Feijóo y el señor Abascal – encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”.

Las palabras de Sánchez no sentaron bien en un caduco Consejo General del Poder Judicial, que, aunque no emitió una resolución, sí quiso adelantar que el próximo lunes, después de la celebración de las elecciones, reuniría a su Comisión Permanente de manera extraordinaria para analizar si el mandatario habría afectado a la independencia judicial con su correspondencia.

Y no solo eso. El juez Peinado también quiso responder al presidente y excusar su decisión en que “no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”. La costumbre, pese al hábito, no es ley.

Asimismo, Peinado ha especificado que la Junta Electoral no le ha transmitido que ninguna de las personas a las que ha citado “hayan sido proclamadas en el proceso electoral vigente”. Por ello, el magistrado estima que Begoña Gómez, pese a ser la mujer del presidente del Gobierno, no influye de manera alguna en la campaña. Hoy mismo, sin embargo, el PP ha utilizado la imagen de Gómez para pedir el voto.

Eso no es todo. Este sábado, en plena jornada de reflexión, tendrá lugar una concentración en Ferraz, muy cerca de la sede del PSOE, para rezar un "rosario por España" como ya ha ocurrido en diferentes ocasiones durante los últimos meses para denunciar la ley de Amnistía. Una manifestación que ha autorizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en contra del criterio de la Junta Electoral.

Una de las ponentes del Tribunal que ha permitido dicha convocatoria es Guillermina Yanguas, hasta 2016 alto cargo en el Partido Popular.