La jueza que ha imputado al novio de Ayuso ya impidió que se investigara a Casado por las comisiones de su hermano
Tendrá que acudir a declarar junto a cuatro personas más
La jueza que ha imputado por dos delitos por presunto fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso es la misma que impidió que se investigara al expresidente del PP, Pablo Casado, tras señalar en una entrevista en COPE que se investigaran los negocios de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia la pandemia.
Tras la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, el caso ha caído en manos del Juzgado de Instrucción número 19, cuya titular es la magistrada María Inmaculada Iglesias. Una veterana jueza que impidió que se investigara al líder del PP que señaló indicios de corrupción en la Comunidad de Madrid.
En concreto, un particular le denunció por revelación de secretos y fue precisamente el Juzgado de Instrucción 19 el que archivó la causa por la falta de legitimación que tenía aquella persona para judicializar algo de lo que no era perjudicado directo basándose "en meras informaciones difundidas a través de los medios de comunicación sin aportar indicio de comisión de tal delito".
Además, en la actualidad el mismo juzgado lleva la investigación sobre el fallecimiento de tres mujeres en el incendio de una residencia de ancianos privada, pero dependiente de la Comunidad de Madrid, en el distrito de Aravaca el pasado mes de febrero.
Alberto González Amador, imputado
En concreto, la jueza ha imputado a Alberto González Amador, por dos supuestos delitos de fraude fiscal y un presunto delito de falsedad en documento mercantil, que tendrá que ir a declarar junto a otras cuatro personas.
La jueza ha anunciado esta decisión en un auto en el que apunta que los hechos denunciados por Fiscalía tras recibir un informe de la Agencia Tributaria "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades de los años 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951,41 euros) y otro por presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados". Un total de 350.000 euros.
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
