La jueza abre una nueva pieza para investigar si hay más delitos de González Amador, pareja de Díaz Ayuso
La investigación se centra en los negocios con Quirón en 2021 y se conoce horas después de saberse que intentó desgravarse gastos de sus vacaciones por Europa junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La jueza Inmaculada Iglesias, encargada de la causa sobre Alberto González Amador, ha decidido abrir una pieza separada para aclarar si el novio de Díaz Ayuso pudo haber cometido más delitos.
En su decisión, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha estimado el recurso del PSOE y Más Madrid para ampliar la investigación por si hubiera cometido administración desleal y corrupción en los negocios.
La jueza alude a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 en relación a sus negocios con la clínica Quirón.
Ante las posibles implicaciones de de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, propiedad de González Amador y Quirón Prevención S.L., la magistrada pretende destapar si el objetivo era "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona" y así generar unas "bases imponibles negativas a compensar para el futuro", recoge EFE.
La información, adelantada por la Cadena SER, llega apenas horas después de que la misma emisora desvelase que González Amador intentó desgravarse gastos de sus vacaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En concreto, por un viaje de carácter personal de 11 días por Croacia y Grecia. En ese tiempo la pareja alquiló diversos automóviles, de cuyos gastos trató de pasar facturas González Amador.
Y un día antes, se hacía público que González Amador también intentó hacer pasar un reloj Rolex, un saxofón, desodorante y pelotas de pádel como gastos de empresa ante Hacienda.
Actualmente, la pareja de Díaz Ayuso está siendo investigado judicialmente por dos delitos fiscales y falsedad en documento, en un procedimiento que la política madrileña ha llevado a un plano personal contra ella.