La Fiscalía estima que la amnistía podría afectar al menos a 486 personas

La Fiscalía General del Estado ha calculado que la ley de amnistía podría afectar al menos a 486 encausados en 86 procedimientos penales que se están tramitando en diferentes juzgados del país, esencialmente en Cataluña.

Un día después de la entrada en vigor de la norma, el ministerio fiscal ha hecho públicos los datos recabados por las diferentes fiscalías territoriales acerca de los procedimientos penales a los que podría ser de aplicación la ley de amnistía, que afecta a hechos relacionados con el "procés" entre 2011 y 2023.

No obstante, la Fiscalía precisa que no a todos estos procedimientos puede serle de aplicación la norma al no estar incluidos algunos delitos en el texto legal, como por ejemplo el de odio, que puede investigarse junto con otros en alguna causa.

Los cálculos del ministerio fiscal se centran en los procedimientos que siguen tramitándose en juzgados y tribunales del país, es decir, no entrarían las causas archivadas o con condenas ya cumplidas, pese a que en este último caso también podría tener efecto la amnistía en la cancelación de antecedentes penales.

Al margen de los penales, también hay otros procedimientos administrativos o contables -como el de los gastos del "procés" del Tribunal de Cuentas- que la ley de amnistía busca beneficiar.

En los últimos meses, la cifra de personas que podrían acogerse a la ley de amnistía manejada por el gobierno era de 372, aunque esta fue aumentada por Junts, que llegó a hablar de un millar de personas, mientras que ERC y Ómnium la estimaban en torno a 1.500 o 1.600.

Causas abiertas en el Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ de Cataluña

Entre los casos que pueden verse afectados por la amnistía se encuentra la causa principal del "procés" que se ha investigado en el Tribunal Supremo por sedición (un delito ya desaparecido), malversación y desobediencia, y que se divide en dos ramas: los líderes independentistas ya condenados, con Oriol Junqueras a la cabeza; y los huidos, entre ellos Carles Puigdemont.

El expresidente de la Generalitat también está implicado en otro procedimiento investigado en el Supremo, el de los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic de octubre de 2019 en Barcelona, un caso que también se instruye en la Audiencia Nacional respecto a aquellos que no están aforados, como la dirigente de ERC Marta Rovira.

A esa investigación por terrorismo se une otra, también seguida en la Audiencia, que la Fiscalía incluye entre las causas que podrían verse afectadas por la amnistía: la que mantiene a la espera de juicio a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por planear acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del "procés".

Esos son los únicos procedimientos penales que se tramitan fuera de Cataluña, donde su Tribunal Superior de Justicia mantiene dos causas por desobediencia, prevaricación y malversación, como la de los preparativos del referéndum del 1-O, en la que están acusados los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.