La cara B de los anuncios de Pedro Sánchez en materia de alquiler
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y también Sumar, denuncia que los 200 millones en bonos de alquiler son, en realidad, 200 millones más para los rentistas.
No ha sentado bien, y esto es casi lo más amable que se puede decir de cómo ha caído el anuncio de Sánchez en el ánimo de quienes salieron a la calle para exigir soluciones a la crisis de la vivienda. El Gobierno escucha con atención, dijo el presidente del Gobierno, que poco más y levanta la pancarta. “No quiero una España con propietarios ricos e inquilinos pobres”, espetó. Y de golpe anunció 200 millones de euros en bonos de alquiler para jóvenes, que demuestra que, más que escuchar, el Gobierno oyó. “El Gobierno ha escuchado... A los rentistas”, reaccionaban al rato desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. En apenas 24 horas, la distancia entre el Ejecutivo y los arrendatarios se ha ensanchado más que la que separa a Leire de La Oreja de Van Gogh.
El presidente del Gobierno aprovechó su participación en la jornada World in Progress que ha organizado el Grupo Prisa en Barcelona para lanzar el mensaje tras la multitudinaria marcha de este domingo. Sánchez, que aseguró "compartir la demanda" de los manifestantes, quiso también defender la actuación de su Gobierno. "En estos seis años hemos avanzado con leyes pioneras, multiplicando por ocho la inversión en vivienda, logrando contener las subidas de los precios durante la pandemia, acabando con la lacra de los desahucios, protegiendo la vivienda pública de la especulación, que miles de jóvenes vayan pudiendo acceder al alquiler gracias a los bonos", enumeró Sánchez antes de reconocer, eso sí, que "no es suficiente" y, de ahí, los anuncios posteriores que tanta crítica han suscitado.
La propuesta de Sánchez va en dirección opuesta a lo que solicitan desde el Sindicato. Por qué. Lo explica uno de sus portavoces, Fernando de los Santos. “El bono joven tiene dos problemas principales que deberían conocer [el Gobierno] si lo han estudiado mínimamente. El primero, que se convierte en una forma de transferencia de rentas para los rentistas, una vez más. Si se da dinero para pagar el alquiler, lo que harán los caseros será subirlo. El dinero acabará donde siempre, en el bolsillo de los rentistas”, explica.
Quizás el mejor ejemplo sea el del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De nada sirve cobrar más si los precios de la vivienda suben igual o más, y además sin control. Matemáticas para dummies. Lo alertaba hace unos meses incluso la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Puedo seguir subiendo el SMI que, si los precios de la vivienda siguen subiendo, si no hacemos nada, será misión imposible”, decía. Y esto es justo lo que denuncian los inquilinos. Si la respuesta del Gobierno es ofrecer una suerte de subvenciones, nadie impedirá a los caseros que sigan subiendo el precio del alquiler. ‘Ah, ¿tienes más dinero? Paga más’. Lo resumía muy bien esta mañana el cómico David Pareja, poniendo voz al Gobierno: “Hemos oído a la ciudadanía. Así que vamos a sacar 200 millones de euros de los impuestos de la gente y se lo vamos a dar a los propietarios”.
Pero este es solo el primero de los dos problemas que ve Fernando de los Santos en los bonos. ¿Cuál es el otro? “Que se confunde el problema, haciendo creer que es un problema de edad cuando es un problema de clase. Hay una capa de población cada vez mayor que vivimos de alquiler y lo hacemos empobrecidas, porque pagamos la mitad de nuestro sueldo o nuestra pensión a esas otras personas que acaparan cada vez más propiedad. Les ocurre a muchas personas jóvenes, pero también a personas que no entran en la categoría de joven y no pueden emanciparse, a pensionistas, personas en situación de desempleo o familias migrantes que viven en infraviviendas... El problema es de ricos y pobres, es entre quienes tienen las propiedades y quienes las necesitamos”. Esa "España con propietarios ricos e inquilinos pobres” de la que habló Sánchez.
La propuesta del presidente Sánchez no solo no coincide con ninguna de las veinte reivindicaciones diferentes del Sindicato, sino que además contraviene la primera de ellas, la “bajada generalizada de precios de alquiler”. Por ello, desde la organización han convertido este lunes el grito de ayer en un clamor. “¿La solución?”, se pregunta a sí mismo Fernando de los Santos, y se contesta: “Bajada inmediata del 50% de los precios, y si no lo hacen los gobiernos, o los caseros, lo haremos nosotras y nosotros organizados a través de la huelga de alquileres, mediante autorreducción de precios”.
El bono para el alquiler no solo ha sido rechazado por quienes se están organizando para defender el derecho a la vivienda, sino también por Sumar, la otra parta del Gobierno de coalición. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, se puso en la red social X el traje de peatón a quien le preguntan por un destino. “No es por ahí”, dijo Errejón a Sánchez. “Esto es hacerle otro bizum de dinero público a los caseros, que se quedarán con la ayuda pública y volverán a subir los precios. Hay que intervenir para limitar los precios”, pidió.
Desde el Ministerio de Vivienda, no obstante, recuerdan que el Bono Alquiler Joven no solo "es una ayuda que lleva impulsando el Gobierno durante los últimos tres años para ayudar a la emancipación de los jóvenes de nuestro país" sino que también es una de las medidas "que viene recogida en el acuerdo de coalición progresista".
Más allá de que la medida no sirve, está también lo que el jefe de Economía de la Cadena SER, Javier Ruiz, llama “ruido político”. Estas ayudas son estatales, pero tienen que gestionarse por parte de las comunidades autónomas. El lío está servido. Esto decía el Defensor del Pueblo en su último informe anual: “El Bono Alquiler Joven suscitó en 2023 un número elevado de quejas ante el Defensor del Pueblo. La gestión de esta línea de ayudas por algunas consejerías autonómicas es insuficiente y muchos jóvenes aún no habían recibido el abono de la subvención meses después de haberla solicitado. Las quejas recibidas reflejaron problemas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Región de Murcia”. ¿Quién gobierna en todas ellas? El Partido Popular.
El asunto es si cabe peor al comprobar que tampoco el segundo anuncio de Sánchez ha sido bien recibido por los inquilinos. Un reglamento, dijo repitiendo lo que antes había avanzado la ministra de Vivienda, para luchar contra el fraude en los alquileres turísticos y de temporada. La cosa es que ni siquiera es un anuncio, o al menos así lo entienden desde el Sindicato. “Es lo mismo que anunció la ministra [Isabel Rodríguez] el 3 de julio y ya dijo que se aplicaría a finales de 2025”, explica otro de sus portavoces, Víctor Palomo. El aviso que en realidad quieren, comenta Fernando de los Santos, es el de la prohibición de los pisos turísticos. “Quieren [el Gobierno] anunciar lo que sea y han decidido tirar adelante sin incluir capacidad sancionadora”, lamenta Palomo, que cree que el reglamento será tan solo “un portal web que sirva de registro”.
“Otro bluf”, zanja Palomo.
