Jueces y fiscales ven un "riesgo evidente de quebrar la democracia" en el pacto PSOE-Junts y el CGPJ anticipa acciones legales
Todas las asociaciones de jueces, conservadoras y progresistas, ponen el foco en las referencias al lawfare. El CGPJ
Varias asociaciones de jueces y fiscales ven con "profunda preocupación" el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts y consideran que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia". Igualmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anticipado que actuará por "los cauces legalmente establecidos" ante las acusaciones de lawfare.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), o lo que es lo mismo, las cuatro asociaciones judiciales, tanto las consideradas progresistas como las conservadoras, han firmado un comunicado conjunto para expresar un rechazo especialmente evidente en "las referencias al lawfare o 'judicialización de la política' y sus consecuencias".
A las críticas del sector judicial se ha sumado, horas más tarde, el CGPJ. Después de dejar constancia de su rechazo a la futura ley, este jueves, su Comisión Permanente se ha reunido este jueves en sesión extraordinaria para aprobar una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts.
El órgano ejecutivo del CGPJ ha tachado de "inadmisibles", "tanto semántica como sustantivamente", las referencias "al 'lawfare' --judicialización de la política-- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura".
"Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", ha indicado.
La cuestión del lawfare
Para las cuatro asociaciones de jueces "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". "Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", indican en un comunicado recogido por Europa Press.
Las asociaciones firmantes recuerdan que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución". Por ello denuncian especialmente las críticas del llamado lawfare contra miembros de Junts ya que "estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", afirman.
Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha sido el encargado de mostrar su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo".
En concreto, habla de "la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", ha señalado Oliva.
Otro de los integrantes, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, considera que el pacto supone implícitamente "un cambio de modelo constitucional" al buscarse el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto "es un golpe de gracia al sistema constitucional español" y la ley de amnistía que saldrá adelante, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts".