Isabel García, de sus tuits en contra de la ley trans a los "puntos violeta"

El Gobierno ha cesado a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres apenas seis meses después de nombrarla. Su paso por la institución ha estado marcado por la polémica tanto por sus opiniones sobre la ley trans como por la actividad empresarial junto a su esposa.

Tras días de presión política, el Ejecutivo ha destituido a García. Podemos e incluso Sumar -socio de Gobierno del PSOE- habían exigido su cese por considerar injustificable que se utilice una institución contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal.

Su llegada al cargo fue duramente criticada tanto por Sumar como por Podemos y las entidades LGTBI debido a sus posturas sobre el colectivo trans, si bien han sido los negocios que comparte con su esposa, Elisabeth García, los que han puesto fin a su carrera en el Ministerio de Igualdad. Una actividad que García defendió como escrupulosamente respetuosa con la legalidad.

Actividad empresarial

Tras la publicación de que García y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le exigió explicaciones y que fuera transparente sobre su actividad.

Fue entonces cuando emitió un comunicado en el que aseguraba que cumplía escrupulosamente con la ley y que sus empresas -de las que pasó a tener un porcentaje del 8 % tras ser nombrada directora- no entraban en conflicto de intereses con su cargo. La ministra de Igualdad le concedió tiempo para que se explicara, un plazo que finalmente ha culminado con su cese.

García subrayó el pasado jueves que tenía "la conciencia tranquila" y "la certeza de haber hecho las cosas bien", así como que tanto ella como su mujer han sido "muy escrupulosas en sus actuaciones profesionales" y que ninguna de esas empresas ha recibido nunca "un solo contrato del Instituto de las Mujeres". También señaló que nunca había realizado gestión o recomendación alguna para favorecer ningún contrato.

Ley trans

La actividad de García ha estado rodeada de controversia desde su nombramiento, que fue criticado por partidos como Sumar y Podemos y por las organizaciones LGTBI debido a sus duras manifestaciones contrarias a la ley trans. Estas entidades exigieron su cese.

En redes sociales, la directora del Instituto de las Mujeres había escrito mensajes en los que negaba la existencia de las mujeres trans y hablaba de "dictadura queer" o de "delirio trans".

De hecho, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) su nombramiento, al considerar que atentaba contra la dignidad y los derechos de las personas trans.

Tal fue la reacción al nombramiento que Redondo tuvo que reunirse con los colectivos LGTBI para asegurarles que su departamento trabajaría siempre en favor de la igualdad de las personas trans.

La propia García expresó entonces por escrito su "absoluto compromiso" con la ley trans y pidió perdón por si alguno de sus "comentarios personales" en el debate previo a la tramitación de la norma ha podido causar "alguna ofensa".

Isabel García contó entonces con el respaldo de la ministra de Igualdad, que pidió un voto de confianza hacia ella y destacó su currículum profesional en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

Un mandato opaco

Su perfil en estos seis meses al frente del Instituto de las Mujeres ha sido bastante discreto. No ha comparecido ante el Parlamento ni ha dado ninguna rueda de prensa.

García (Las Palmas de Gran Canaria, 1968) fue designada directora del Instituto de las Mujeres el 27 de diciembre de 2023.

Su trayectoria política ha estado vinculada al PSOE y a la igualdad. En 2015 fue designada Diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, cargo que simultaneó con el de Concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) hasta julio del 2019.

En esa etapa creó la Red de Municipios contra la violencia de género de la provincia de Valencia.

Entre 2019 y 2022 fue asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y desde entonces hasta su nombramiento como directora del Instituto de las Mujeres trabajó en el sector privado junto a su mujer, Elisabeth García, en el ámbito de la consultoría sobre temas de igualdad.

Según precisó ella misma, esta actividad se centraba en proyectos sobre igualdad que se ofertaban a empresas privadas, clubes deportivos y entidades públicas, como ayuntamientos o universidades.

Al ser nombrada directora del Instituto de las Mujeres y asesorada por la Oficina de Conflictos de Intereses, redujo al 8 % su participación en las empresas que compartía con su mujer, Elisabeth García, para que fuera compatible con su cargo. La ley permite que ese porcentaje sea de hasta un 10 %.

"Desde entonces, me he desvinculado no sólo de la titularidad sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas mi esposa", escribió en un comunicado. Esas empresas son Imber Consultoría de Igualdad S.L. y ELIG Consultoría Política de Igualdad y Diversidad S.L.