¿Se han acabado los privilegios fiscales de la Iglesia en España?

"Ya nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada". El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, intentaba el pasado miércoles vender como una renuncia voluntaria el acuerdo suscrito entre Gobierno e Iglesia para poner fin a dos de las regalías fiscales que la institución católica había disfrutado hasta ahora. 

Concretamente, la Iglesia comenzará a pagar dos impuestos de los que había estado exento durante las últimas décadas: el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Contribuciones Especiales, que según cálculos del Gobierno, aportarán a las arcas unos 16 millones de euros al año. Es decir, la Iglesia tendrá que abonar la tasa correspondiente cuando realice obras en los inmuebles de su propiedad o en zonas o elementos de titularidad municipal pero que son privativos de esta entidad.

El pacto fue suscrito por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el nuncio apostólico, Bernardito Auza, tras una reunión en el Ministerio de Exteriores. El Ejecutivo celebró el acuerdo al asegurar que, de este modo, se ponía "fin al régimen fiscal privilegiado de la Iglesia".  En una entrevista en TRECE Televisión, canal propiedad de los obispos, el 'jefe' de las cuentas de la CEE también se sumaba a esta tesis al señalar que la Iglesia quedaba equiparada fiscalmente a cualquier organización sin ánimo de lucro. "Es un acuerdo que beneficia a toda la sociedad (...) Al final ha triunfado la cordura. Lo único que se le ha pedido al Gobierno es que se comprometa a que ese sistema permanezca en el tiempo”, añadía.

Pero, ¿es cierto que se ha puesto fin a los privilegios fiscales de la Iglesia en España? El pacto alcanzado esta semana sólo atañe a dos pequeños impuestos de carácter local que diferentes organizaciones sociales ven como "el chocolate del loro". "Es sólo una cortina de humo para ocultar otros temas más importantes a resolver sobre la relación Iglesia-Estado", sostiene Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, en una conversación telefónica con El HuffPost. Su organización exige la derogación de todos los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede "como condición inexcusable y democrática para avanzar en la libertad de conciencia y la laicidad del Estado".

Dicha alianza vigente desde hace casi cincuenta años exime a la Iglesia de pagar por sus inmuebles tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) o el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. Algo que, según Europa Laica, certifica que la Iglesia sigue manteniendo actualmente en España un alto beneficio fiscal. "Lo que han firmado ahora son migajas que no resuelven nada", aseguran. 

No paga el IBI por los edificios sin dedicación al culto

Especialmente, la organización denuncia que el Gobierno va a seguir permitiendo a la Iglesia no pagar el correspondiente IBI por aquellos edificios y locales no dedicados al culto, algo que el Ejecutivo se planteó modificar en 2018 pero que no se ha llevado a cabo durante todo el gobierno de Sánchez. "No tiene sentido, y es algo que también cuestiona la UE, que la Iglesia no pague el IBI de los sitios en los que es titular pero no tiene rendimiento espiritual. Son inmuebles alquilados a entidades comerciales pero se ahorran este impuesto, produciéndose una competencia desleal que vulnera la normativa europea", explica. 

La Iglesia se escuda en que todas las entidades no lucrativas, no sólo ella, se benefician de un régimen fiscal especial establecido en la famosa ley de mecenazgo, al considerarse que prestan un servicio a la sociedad y contribuyen al bien común. Sin embargo, en el informe que el Gobierno publicó en 2021 con los casi 35.000 bienes que la Iglesia inmatriculó desde 1998 a 2015 - aprovechándose de la modificación del Reglamento Hipotecario decretada por el Ejecutivo de José María Aznar - se podía apreciar que unos 20.000 correspondían a templos o dependencias anexas, pero otros casi 15.000 se incluían en el epígrafe de “otros usos”. Ahí había de todo: solares, viviendas, locales, trasteros, plazas de garaje, huertos, fincas o incluso un teleclub en Argensola (Barcelona). Con muchos de ellos, la Iglesia obtendría un importante rendimiento económico al margen de su labor social pero sin pagar el IBI correspondiente.

Además, según Juanjo Picó, no se puede equiparar el inmenso número de bienes que posee la Iglesia a lo largo de todo el territorio español con el de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones de partidos o sindicatos, que también disfrutan de esta ventaja fiscal. Muchos expertos consideran, de hecho, que la Iglesia sigue siendo actualmente el mayor propietario inmobiliario de España.

Pese a todo, al gobierno de Sánchez le ha temblado el pulso con la exención del IBI. La exvicepresidenta Carmen Calvo se mostró en el pasado partidaria de que la Iglesia católica en España respondiera fiscalmente "igual que en Francia o Italia", donde sí están obligados a sufragar el impuesto de bienes inmuebles. Incluso, llegó a informar de ello al secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. Sin embargo, dicha modificación nunca se llevó a cabo. 

La casilla en la Declaración, un privilegio del 0,7%

Europa Laica critica que ningún Gobierno, ni siquiera el de ahora, haya limitado o incluso suprimido todos los acuerdos de financiación, de fiscalidad, temas jurídicos o de la educación concertada que han sido adquiridos con la Santa Sede. "Socavan la aconfesionalidad del Estado", explican.

El mismo grupo también desdeña "la escenografía gatopardiana" que hicieron Iglesia y Gobierno esta semana al establecer que el impuesto ICIO que ahora sí se va a pagar "ya estaba cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" por una sentencia de 2017 que obligaba a los obispos a pagar dicha tasa debido a unas obras de ampliación en un colegio de Getafe tras una denuncia del propio consistorio. "No se trata de ninguna renuncia eclesial, ni ha contado con el beneplácito de la Santa Sede, como se dice en la nota emitida. Es una simple aplicación legal comunitaria", explican. Además, la organización 'menosprecia' los 16 millones de euros que, según el Gobierno, se sumarán a las cuentas con esta decisión frente a "los 12.000 millones con los que anualmente se financia a la 'corporación católica' por distintos conceptos con dinero público, incluidos los beneficios fiscales que disfruta". 

La casilla de la "X" en la Renta ocupa un puesto relevante en dicho cálculo. El pasado mes de febrero, la Conferencia Episcopal señaló que el importe total asignado a la Iglesia a través de la Declaración de la Renta 2002 se situó en los 320.723.062 euros, un 8,5% más que el año anterior. Para Europa Laica, el IRPF es un privilegio que tiene la Iglesia Católica en contra de la aconfesionalidad del Estado y aboga por suprimir su casilla y la de fines sociales porque, según Picó, "la mitad de esas aportaciones acaban en manos de entidades asociadas a la propia Iglesia". Además, según su ‘Informe Crítico sobre la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica', sólo el 25% del dinero recibido a través de la "X" se destina realmente a labores asistenciales y pastorales.