Estas son las consecuencias de declarar la emergencia nacional en España por la Dana en Valencia

El Partido Popular ha vuelto a solicitar este lunes que el Gobierno decrete el estado de emergencia en la provincia de Valencia como consecuencia de los desastres que ha dejado la DANA del pasado jueves en la zona. 

Una situación que provocaría que el mando pase a tenerlo el Ejecutivo y no la comunidad autónoma que, de aplicarse, dejaría sin poder gestionar la respuesta a las crecidas al president valenciano, Carlos Mazón.

La situación supondía que el Gobierno se reuniera y en Consejo de Ministros aprobara un real decreto declarando o un estado de emergencia o un estado de excepción. Pasan del menos al más restrictivo divididos en: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. No obstante, este último no aplicaría al caso ya que está reservado para momentos en los que la soberanía nacional esté en peligro.

Los tres supuestos están recogidos en la Constitución, en concreto dentro del artículo 116, limitando muy detalladamente los derechos que pueden ser suspendidos. Sin embargo, su regulación está establecida por la Ley Orgánica 4/1981.

La ley también regula los estados de alarma y excepción, como bien se vio en la pandemia, que pueden aplicarse en crisis sanitarias, catástrofes o alteraciones graves del orden público. A diferencia del estado de sitio, que tiene que ser aprobado por el Congreso, estos dos pueden activarse con menos requisitos, siendo el estado de alarma declarado directamente por el Gobierno vía decreto ley y posteriormente convalidado en el Congreso. El estado de excepción solo se aplica obtener el visto bueno del Congreso.

La gestión de situaciones de crisis en España recae en una Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis y en otros órganos de apoyo. Estos incluyen el Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia, que coordina los recursos y respuestas necesarias, y el Departamento de Infraestructura y Seguimiento, que mantiene la operatividad del Centro Nacional de Crisis y asegura la conexión constante con la Presidencia del Gobierno.

La otra vía: subir el grado de emergencia al nivel 3

Según el Plan de Protección civil, hay cinco escenarios de alerta. El cero, que supone solo la prealerta y el nivel 1, 2, 3 y 4. Actualmente se encuentra en el grado 2, pero la situación operativa de nivel 3 está reservada a emergencias de interés nacional. Solo puede ser decretada por el Ministerio del Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska sería la persona encargada dirección de la emergencia, que contempla "la ordenación y coordinación de las actuaciones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales del ámbito territorial afectado". El propio ministro puede movilizar efectivos y recursos de otras comunidades autónomas, a pesar de que no estén afectadas. No obstante, y a pesar de que solo lo puede decretar el ministro del Interior, el presidente de la comunidad autónoma puede solicitarlo.

El nivel 2 en el que se encuentra ahora Valencia solo se declara cuando se entiende que la capacidad inicial de respuesta de la comunidad autónoma en cuestión se ha visto superada al no tener los medios y recursos necesario y contempla el apoyo del Estado de forma adicional, pero siempre bajo el paraguas de la presidencia de la comunidad autónoma, que es lo que lleva ocurriendo desde el momento en el que Mazón pidió a la UME que acudiera a Requena y Utiel.

De hecho, es lo que ha ejemplificado este lunes el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, compareciendo desde Moncloa: "Quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma. Es el director de la emergencia quien nos dice en este sector o en este otro".