El sistema electoral en Galicia, una 'perita en dulce' para el PP

Pasan los años y en Galicia hay algo que se mantiene inalterable: el absoluto poder territorial del PP. Una fuerza electoral indestructible. El partido de Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijóo y, ahora, el de Alfonso Rueda, suma ocho mayorías absolutas en las últimas nueve convocatorias electorales. Un arrase sin comparativa posible en cualquier otra región de España y que el próximo 18 de febrero pretende ampliar con una nueva cita en las urnas. 

Las encuestas publicadas a lo largo de esta legislatura dan tranquilidad a los populares. Prácticamente todas auguran que Rueda renovará la mayoría heredada de Feijóo, aunque varias de ellas también sostienen que su margen es muy ajustado. El PP podría estar moviéndose actualmente en el filo de los 38 escaños, el límite para asegurarse el Gobierno. Caer por debajo de esa cifra supondría perder la mayoría, depender de otras fuerzas políticas e, incluso, abrir la puerta a un cambio político. La última vez que esto ocurrió fue con el famoso bipartito de PSOE y BNG liderado por Emilio Pérez Touriño. Y de eso ya han pasado 15 años. 

El PP cuenta a su favor con un gran arraigo en las zonas rurales de la región, donde se tiende a un voto conservador. En un estudio del CIS del año 2020, fecha de las últimas elecciones, se señalaba que el perfil de votante del PP en Galicia tiene 65 o más años (el 46,6%), reside en un municipio de entre 200 y 10.000 habitantes (36,4%) y no tiene estudios (49,8%). Las ciudades, en cambio, son el granero principal de la izquierda. 

En estos comicios, adelantados cuatro meses a su fecha natural, el PP también juega con el desgaste que para el PSOE supondría haber negociado con los partidos independentistas catalanes la ley de amnistía, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. 

De hecho, Génova espera que las elecciones gallegas supongan el primer castigo electoral de Sánchez en este 2024, para después seguir con la misma estrategia en las elecciones europeas y vascas. "La alternativa al PP es convertir Galicia en una sucursal independentista apoyada por el PSOE", señalaba hace una semana en una entrevista el candidato Rueda. 

A todos estos factores, el PP suma además otro muy importante: la partida está decantada a su favor. "El sistema electoral gallego tiene un sesgo que favorece a los populares", asegura a El HuffPost Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED. Junto con su colega José Rama Caamaño, publicó en 2018 un estudio sobre dicho sistema en el que, en sus páginas finales de conclusiones, se asegura: "Se trata de una de las instituciones más susceptibles de ser manipuladas políticamente". 

El sistema electoral fue uno de los caballos de batalla durante la tramitación del Estatuto de Galicia a finales de los setenta y principios de los ochenta. Tal como señaló el constitucionalista y analista político español Blanco Valdés, "la competitividad (...) derivó de un doble orden de motivos: por un lado, el número y el reparto interprovincial de escaños que habían de componer la primera Asamblea autonómica y, por otro, la introducción de una barrera legal de votación para acceder a la Cámara". 

La ley electoral gallega de 1985 fijó en 75 el actual número de escaños del Parlamento, pero estableció una mínima representación de diez diputados para cada una de las cuatro provincias. El resto de ellos, 35, se adjudicarían según la proporción de población. Además, se estableció una barrera del 3% de voto válido en cada provincia para poder obtener representación.

El 'golpe maestro' de Fraga en 1992

Estas condiciones se han mantenido hasta la actualidad, salvo la del 3%. En 1992, Manuel Fraga decidió de forma unilateral, aprovechando su mayoría absoluta, reformar la ley electoral para subir el umbral mínimo de votos para conseguir representación parlamentaria en cada circunscripción al 5%. "El objetivo era que pequeños partidos nacionalistas de corte moderado, no necesariamente progresistas como el caso de Coalición Galega, tuvieran más dificultades para conseguir representación", asegura Fernández Esquer. Es decir, Fraga buscaba con esta maniobra favorecer la gobernabilidad y evitar la atomización ideológica.

Con este dibujo, los expertos sostienen que el sistema electoral gallego actual cuenta con dos principales factores de 'desigualdad': uno a nivel provincial y otro en cuanto al porcentaje de voto para obtener representación. Sobre el primero, el mínimo de diez diputados por provincia hace que Lugo y Ourense, territorios en los que el PP tiene más apoyos, estén sobrerrepresentados en detrimento de La Coruña y Pontevedra. En términos prácticos, esto supone que la incidencia en el resultado final de un elector orensano o lucense es aproximadamente el doble que la de un ciudadano coruñés o pontevedrés.

"La justificación histórica a este reparto se fundamentó en la necesidad de alcanzar una mayor cohesión y vertebración territorial entre las zonas urbanas y las de carácter rural. En esencia, este mecanismo constituía una suerte de discriminación positiva en favor de las provincias esencialmente rurales que, de lo contrario, podrían ver postergadas sus demandas particulares", asegura el profesor de Derecho Constitucional. 

El segundo factor, el relativo a la barrera de entrada (fijada en un 5% de voto por circunscripción), también puede modificar sustancialmente los resultados dado que impide que fuerzas minoritarias logren entrar en el Congreso. Un escenario que, dada la fragmentación con la que parte la izquierda en estas elecciones, puede perjudicar de manera destacada sus intereses. 

Además, esta barrera afecta especialmente a las dos provincias donde hay más población y también se suma más voto progresista, A Coruña y Pontevedra, dado que en Lugo y Ourense, al haber menos escaños en juego, los partidos suelen necesitar de por sí más del 5% de los votos para obtener, al menos, un escaño. En 2020, Podemos obtuvo el 4,43% de los votos en A Coruña. En Pontevedra, el 4,58%. Resultado final: cero escaños.

Cabe destacar, eso sí, que Galicia no es la única CC.AA. que tiene el umbral en el 5%, puesto que también lo tienen fijado así Cantabria, La Rioja, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Por el contrario, lo han situado en el 3% Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

Un peligro para una izquierda tan fragmentada

En suma, según el estudio de Fernández Esquer y Rama Camaño, el PP sería la fuerza más beneficiada por los sesgos mayoritarios del sistema electoral gallego, pues en todas las elecciones en las que ha participado resulta el partido con una mayor prima o bonificación. El gran perjudicado sería el BNG, mientras el PSOE se ha servido de su posición de segunda fuerza política para obtener primas en términos de escaños. Para evitar este desequilibrio, ambos autores abogaban por reducir de diez a tres el mínimo de diputados de cada circunscripción y bajar la barrera de entrada al 3%.

Pero a falta de un consenso para cambiar la ley electoral, las autonómicas del próximo 18 de febrero seguirán celebrándose con las reglas actuales. Para Fernández Esquer, la posible nueva mayoría absoluta del PP dependerá, en un panorama fragmentado, de si partidos como Vox, Democracia Ourensana, Sumar y Podemos logran superar el mínimo del 5% y arañar escaños. Y añade: "Es evidente que cuanto más dividida acuda la izquierda, más dificultad habrá para arrebatar la mayoría absoluta del PP. Pero también dependerá de cómo se distribuya ese voto y la eficiencia de traducir esos apoyos en escaños. De ahí que sea tan importante el sistema electoral".