El Senado veta la amnistía y la devuelve al Congreso para su aprobación definitiva

La Ley de Amnistía ha dado este martes su último paso en el Senado. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara para aprobar el veto a esta norma, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas, por lo que tendrá que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten esa enmienda a la totalidad hecha por el Senado y se apruebe definitivamente. En concreto, han sido 149 votos a favor frente a 113 en contra.

Como era previsible, los de Alberto Núñez Feijóo han optado por dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, que se vetará en el Pleno de este martes 14 de mayo, una sesión que no estaba prevista inicialmente ya que este miércoles, el 15 de mayo, es festivo en Madrid.

La ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado aprobó el pasado lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que "entran en conflicto con la arquitectura jurídica" de la Unión Europea.

La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.

De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la Ley de Amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta dispone hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.

Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría 'popular', ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.

Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".

Eso sí, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.

En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.

Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque al final ha quedado en nada y los populares se han echado atrás

Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueves quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.

Eso sí, en su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.

En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.

El Senado creó una comisión 'ad hoc' para tramitar esta ley de amnistía y por ella han desfilado diferentes expertos jurídicos propuestos por los grupos para opinar sobre la proposición de ley.