"El secreto sobre los motivos del secreto": ¿por qué España mantiene una Ley de Secretos Oficiales franquista?

“El secreto sobre los motivos del secreto no lo voy a entender nunca”. Asombrado, el diputado del PNV Aitor Esteban se dirigía así al ministro Félix Bolaños el pasado miércoles en la Sesión de Control en el Congreso, tras preguntarle por qué el Gobierno no desclasificaba los documentos que pueden aclarar los conocidos como caso Zabalza y caso Aldana, ambos expedientes incluidos en la Ley de Secretos Oficiales.

En 1985 apareció en el río Bidasoa el cadáver esposado de Mikel Zabalza. Lo último que se supo de este conductor de autobuses y afiliado al sindicato ELA es que había sido detenido por la Guardia Civil y trasladado al sombrío cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, en San Sebastián. Cinco años antes, en 1980, en el bar Aldana de Alonsotegi, explotó una bomba que asesinó a cuatro personas e hirió a otras diez, algunas de ellas miembros del PNV. Los Grupos Armados Españoles (GAE), una banda parapolicial de extrema derecha, reivindicaron el atentado.

¿Por qué no se pueden desclasificar estos casos? Es la pregunta que Esteban lanzaba a Bolaños: “¿En qué afecta a la seguridad nacional? ¿No será que el Gobierno está amedrentado por un cuerpo policial? No tiene explicación ninguna que afecte a la seguridad del país. Eso no es así y usted lo sabe”.

Una ley franquista

La cuestión que planteaba el PNV responde a un debate de fondo que tiene que ver con una ley, la de secretos oficiales, aprobada en plena dictadura franquista, en 1968, y que tan solo ha sido reformada en una ocasión, en 1977. Desde entonces, ha habido un sinfín de intentos infructuosos por modificarla a lo largo de los años y con diferentes Gobiernos, siendo el último de ellos este mismo mes de marzo, con la aprobación en el Congreso de la toma en consideración de una proposición de ley propuesta por la formación vasca, un partido para quien este asunto es capital.

Pese a no existir un listado de todos los asuntos que, desde 1968, han terminado en los archivos más profundos del Estado, una modificación de esta norma podría proyectar luz sobre muchas de las sombras que ocultan el desarrollo de acontecimientos sustanciales para el país, como la salida de España del Sahara, el golpe de Estado del 23F o los GAL.

Pero no solo eso. En los últimos años han sido muchas las ocasiones en los que el Gobierno se ha escudado en esta ley para no desvelar según qué informaciones. Por ejemplo, ha sido la excusa para esconder los motivos por los que la Policía se infiltró en movimientos independentistas y anarquistas en Cataluña y Valencia; el expediente abierto al mando del Ejército que llevó a los miembros de su unidad al Valle de los Caídos; el coste de los viajes del presidente del Gobierno y quién le acompaña en sus desplazamientos en los aviones Falcon; la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali; la exportación y venta de armamento; o el uso del programa Pegasus por parte del CNI para espiar a políticos catalanes y que llegó incluso a comprometer los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles.

El problema principal respecto a la norma no radica, sin embargo, en que existan secretos oficiales para materias que sí pueden poner en riesgo a personas concretas o, directamente, la seguridad y la defensa del Estado. El dilema recae en la cantidad de años en los que un tema debe permanecer oculto. La norma actual no establece plazos concretos para la desclasificación del material reservado. Con la ley franquista hay asuntos que pueden llegar a mantenerse silenciados siempre.

Sistema de plazos

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales que ha presentado el PNV, cuya toma en consideración ha sido aprobada por el Congreso hace unos días, sí propone delimitar la vida de las materias archivadas: los secretos se desclasificarían como máximo en 25 años y el material clasificado como reservado, en diez años. Con una excepción: el Consejo de Ministros podría proponer una prórroga “excepcional y motivada”, solo en el caso de las materias secretas, por un período de diez años.

El plazo de vigencia que el Gobierno propuso en la anterior legislatura era superior. El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que como muchos otros intentos del pasado no llegó a aprobarse, establecía que la información de alto secreto se desclasificaría en 50 años prorrogables a otros quince; los secretos, en 40 años prorrogables a otros diez; el material confidencial, entre siete y diez años no prorrogables; y la materia restringida, entre cuatro y diez años no prorrogables.

Además de por el adelanto electoral, el Anteproyecto que defendía Félix Bolaños no salió adelante por las dudas que suscitó entre algunas formaciones como el propio Partido Nacionalista Vasco, que no entendía, por ejemplo, que la redacción propuesta por el Gobierno no recogiera la desclasificación automática de los secretos oficiales anteriores a la aprobación de la nueva ley.

Fuentes del PNV aseguran a El HuffPost que, tras “varios años tratando de modificar esta ley”, confían en que su iniciativa “sea precursora del cambio y que el Gobierno español no deje pasar la reforma” en la legislatura actual. Más allá de “asuntos puntuales que tienen relación con Euskadi como el caso Zabalza o Aldana”, el interés del PNV no está en desvelar “ningún archivo concreto”. “No buscamos que salgan a la luz aspectos que afecten al Estado”, defienden: “Se trata de crear una ley de clasificación de documentos que sea democrática a través de un sistema de plazos”. Para los jelztales, reformar la ley es “importante” para “homologar la legislación del Estado a la de los países del entorno en esta materia, dejando atrás la Ley Franquista de 1968”.

Las organizaciones no gubernamentales son otras que llevan años solicitando al Gobierno una actualización de la Ley de Secretos Oficiales, sobre todo en lo relativo a la venta y exportación de armamento y la protección de los derechos humanos. Hace pocos años, Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón se unieron para la campaña ‘Armas Bajo Control’ y realizaron un análisis de las exportaciones españolas de material de defensa, otro material y productos y tecnología de doble uso.

En su informe, las ONG advertían de la necesidad de avanzar en transparencia y solicitaban a los grupos parlamentarios que impulsaran la propuesta del PNV para reformar la norma, de manera que se garantice “el principio general de transparencia” y no se limite “el acceso a información para prevenir, reducir o mitigar abusos y violaciones de derechos humanos en el comercio de armas y la rendición de cuentas del Gobierno”. Para estas organizaciones, debe existir la “obligatoriedad de motivar la clasificación de materia secreta y excluir” de la misma “las materias que afectan a los derechos humanos”.

Vulneración de derechos humanos

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional (AI), comparte con el PNV la urgente necesidad de reformar la ley. La norma, en su opinión, “no puede convertirse en una carta blanca que proteja información que pueda esclarecer la vulneración de los derechos humanos”. Desde AI hacen mucho hincapié en el comercio de armas: “Las actas de la junta interministerial que decide la venta de armamento a países donde existe un riesgo de ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos son secretas en base a esta ley”, denuncia.

Consultado sobre si la ONG cree que esta será la legislatura en la que por fin se logre la ansiada reforma, Canales reconoce los intentos del PNV y, aunque desconocen la posición del Gobierno, confían en que se puedan hacer avances. Sobre el Anteproyecto presentado por Bolaños, si bien considera que “el estándar desde el que se parte es tan bajo que cualquier cosa es un avance”, el investigador cree que “para adecuarse a los estándares internacionales se debe trabajar para ir un poco más allá”.

Uno de los motivos que señala Canales para creer que la reforma debe estar cerca es el Convenio de Tromsø, según el Gobierno “el primer instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas”. El convenio establece el derecho de la ciudadanía a acceder a los documentos oficiales, limitado únicamente “para proteger determinados intereses como la seguridad nacional, la defensa o la intimidad”.

El HuffPost se ha puesto en contacto con el Ministerio de Félix Bolaños para profundizar en sus intenciones respecto a la Ley de Secretos Oficiales durante esta legislatura, pero no ha obtenido respuesta. No obstante, el ministro contestó el pasado miércoles a Aitor Esteban que coincidía en la necesidad de una reforma. “Tanto es así”, dijo, “que me lo está preguntando a mí, el único ministro de la democracia que ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto” para modificarla. Bolaños propuso al diputado del PNV “trabajar en esto con rigor para dar un paso adelante en lo que tiene que ser una norma que combine la seguridad del Estado, la defensa y la seguridad nacional y la obligación de conocer hechos que han ocurrido hace muchos años”.