El imperial monumento de Madrid que cierra sus puertas y no podrá ser visitado más

El castillo de Manzanares El Real, un monumento del siglo XV símbolo de Madrid por albergar en 1983 la firma del Estatuto de Autonomía, pertenece desde esta semana a su anterior propietaria, la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado, que deberá cerrar las instalaciones al público por no disponer de licencia al vencer el contrato de arrendamiento que desde décadas mantenía con la Comunidad de Madrid.

La duquesa ha recuperado la propiedad del inmueble, que fue levantado en 1475 a instancias del primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza y Figeroa, y construido por el arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas.

El deseo de la duquesa era mantenerlo abierto al público por su reclamo turístico y el impacto económico que tiene en la localidad madrileña (9.0000 habitantes), pero al vencer el contrato de gestión y uso público que mantenía la Comunidad de Madrid este 5 de enero, el castillo cierra sus puertas.

Este cierre viene motivado por la imposibilidad de conceder a los propietarios los permisos para su apertura a los visitantes, según han trasladado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones entre la familia Arteaga, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares.

La gestión cultural y turística del monumento símbolo de la región, que albergó la firma del Estatuto de Autonomía en 1983, vuelve a manos de la XX duquesa del Infantado, igual que sucedió recientemente con el parque infantil situado al lado del castillo, después concluir la cesión que su abuelo Íñigo de Arteaga y Falguera, capitán general de la II Región Militar, hizo en 1975 al Ayuntamiento de Manzanares, tras no alcanzar un acuerdo con el Consistorio para el alquiler o compra de la finca de casi 3.000 metros cuadrados.

Desde 1965, el Estado primero y después el Gobierno regional de Madrid han gestionado el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con inversiones destinadas a obras de reconstrucción, conservación, mantenimiento y apertura pública de la fortaleza-palacio.

En las negociaciones previas a la devolución del castillo a sus dueños, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares trasladaron a la familia que la calificación como rústico del terreno en el que se ubica el monumento impide la concesión de permisos para su apertura al público, algo que los propietarios consideran que se podría haber valorado durante las seis décadas de gestión pública.

Según el abogado de la familia, Miguel Temboury, esta cuestión podría revertirse si existe voluntad política, por lo que ha reclamado a la Comunidad y al Ayuntamiento que encuentren "una solución urgente a este problema y permitan que el castillo siga siendo un espacio de encuentro y disfrute para todos".

"Existen vías legales que permiten una rápida reapertura del castillo. Es cuestión de voluntad de las administraciones implicadas (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Manzanares el Real) el que puedan hacerse efectivas", subraya el abogado.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han indicado a EFE que, a partir de la finalización del contrato de arrendamiento, el castillo depende de la propiedad, y las licencias "pertenecen al ámbito municipal", si bien han precisado que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte "se sigue trabajando para dar continuidad al servicio público que se ha venido ofreciendo".

En el Ayuntamiento de Manzanares han manifestado que son conocedores "desde hace ya varios meses" del vencimiento de la cesión y del deseo de la propiedad de mantener su apertura al público desarrollando una actividad similar a la que se venía ejerciendo, por lo que entendieron, al igual que la familia, que "la fórmula" para llevarlo a cabo era realizando un cambio de titularidad de la licencia.

Si embargo, constataron que la Comunidad de Madrid "venía realizando la actividad sin licencia", lo que "dificulta enormemente" la situación actual, ya que la actividad se inició hace más de 50 años, anterior a las normas urbanísticas del municipio de 1977.

"Por las características urbanísticas del terreno en el que se encuentra el castillo, no se puede dar una licencia directa. Tampoco es factible concederla a través de una calificación urbanística, dado que nuestras normas subsidiarias no contemplan dichos usos", han recalcado desde el Ayuntamiento.

Ambas administraciones llegaron a la conclusión en la última reunión que mantuvieron el 16 de diciembre que "la única vía factible era la de tramitar una modificación de las normas subsidiarias", y compartieron la necesidad de que este bien patrimonial recupere su actividad "cuanto antes", agilizando entre todos esta tramitación, para lo que se reunirán con la propiedad después de las fiestas navideñas.