El Gobierno traslada a la Fiscalía que el protocolo canario de acogida de menores migrantes puede vulnerar derechos
La fiscal superior de Canarias informó este viernes de que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes.
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha enviado a la Fiscalía un informe en el que expone que el protocolo aprobado por el Ejecutivo de Canarias sobre la acogida de menores migrantes "puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España".
Fuentes del Ministerio han comunicado este sábado la remisión del informe, subrayando que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es "exclusiva" de la comunidades autónomas, independientemente de la situación en la que se encuentren.
"Con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo", han señalado desde el Ministerio,d esde donde han asegurado mantener su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.
El informe remitido por Juventud e Infancia a la Fiscalía de Menores considera --según las mismas fuentes-- que el protocolo canario vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Tampoco atiende "al interés superior del menor, reconocido en la CDN y legislación orgánica (Carta de Derechos del Niño y la legislación vinculada a los derechos de la infancia)".
"Supone una vulneración de los derechos de las personas menores de edad al estar limitando la protección de las personas menores de edad en el territorio autonómico contraviniendo los derechos reconocidos por la CDN y no realizar una actuación proactiva para garantizar el bienestar del menor en la medida que del acto de la Comunidad Autónoma se desprende una actuación clara que reduce la efectividad de los derechos de las personas menores de edad", entiende.
Por último, señala que "es contrario al Estatutos de Autonomía de Canarias, en la medida en la que esta no se ejerce la competencia exclusiva en materia de protección de menores".
Fue este jueves cuando apareció publicado en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo aprobado por el Gobierno autonómico, que reivindica defender así el interés general del menor y con el que trata de acabar con el "desorden" que ha habido en los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas.
Dicho protocolo, publicado este jueves por el Ejecutivo canario en su boletín oficial, señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
Dicha iniciativa establece una previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, informó este viernes de que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a los niños y jóvenes que llegan en patera al archipiélago.
El gobierno canario se defiende:
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), negó este sábado que los menores migrantes no acompañados estén o estarán en situación de abandono. En declaraciones a los medios, Domínguez enfatizo que lo que pretende el Ejecutivo canario con el nuevo protocolo es "que se cumpla la ley".
Esto es, "que se dejen de hacer las cosas como se venían haciendo hasta ahora" y que los menores migrantes sean entregados por la Policía, no a las ONG, sino a un funcionario de la comunidad autónoma y "de manera individualizada, con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación, y que sepamos exactamente adónde va a ir ese menor".
"¿Adónde los enviamos? ¿A centros que están saturados? Si la Fiscalía nos dice que tenemos que enviarlos ahí, nunca vamos a dudar en hacerlo. Porque más centros de acogida no tenemos", reflexionó Manuel Domínguez. Sobre la posible visita del papa Francisco a Canarias, Domínguez recordó que la visita que hizo al Vaticano meses atrás fue precisamente con este objetivo.
La idea, abundó Domínguez, es conseguir una "imagen" con la que "hacer ver al mundo cuál es la situación precaria que estamos viviendo" en el archipiélago; "a Europa el auxilio que necesitamos" y al Gobierno de España "la urgencia y la emergencia que estamos padeciendo".
Si finalmente el papa visita Canarias "le recibiremos con los brazos abiertos, sería una magnífica noticia" y permitiría "llevar a cabo una acción que hizo de manera distinta, pero efectiva, Italia con Lampedusa", aseveró.