El Gobierno llevará al TC las leyes antimemoria impulsadas por PP y Vox 

El PP y Vox han dado pasos en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana para tumbar las normas de Memoria Histórica y Democrática. Han planteado nuevos textos de "concordia", sin explicar en qué consiste dicho concepto, con los que enmiendan la plana a los gobiernos previos, que habían legislado, en línea con el Ejecutivo central, para abrir nuevas etapas de verdad, justicia y reparación. 

Ahora La Moncloa, tras estudiar las propuestas, da un paso adelante para impedir que los nuevos articulados prosperen, por ir contra el espíritu de la ley nacional. Según adelanta la Cadena SER, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciará este lunes una batería de medidas de protección. 

"Las iniciativas presentadas en los tres territorios tienen aspectos en común y para los socialistas suponen el blanqueamiento del Franquismo y un intento por reescribir la historia", indica la cadena de emisoras, que afina que ya se ultiman sendos recursos al Tribunal Constitucional (TC) alegando que las iniciativas regionales chocan con la ley estatal de Memoria Democrática aprobada en 2022. Entiende el ministerio que, además de igualar dictadura y democracia, se va directamente en contra de los valores constitucionales.

Moncloa filtra también que "valora pedir la paralización automática de algunos artículos de los textos", algo que se haría efectivo desde la interposición de ese recurso por parte del Gobierno. El acuerdo para dar el paso tendría que acordarse en una próxima reunión del Consejo de Ministros y tras recibir la opinión de los servicios jurídicos, afina la información. 

No sólo el Gobierno irá contra este revisionismo de la derecha y la derecha ultra. También los socialistas, dice la SER, "estudiarán todos las vías para contrarrestar" los pasos que están dando PP y Vox en contra de las leyes de Memoria. 

En algunos casos, las iniciativas rectifican normas aprobadas por gobiernos del propio Partido Popular, como el Decreto que en 2018 promovió en Castilla y León el presidente Juan Vicente Herrera. Los socialistas se alinean así con las asociaciones de Memoria y las familias de las víctimas de la Dictadura y la Guerra Civil. Fuentes de la dirección del partido aseguran que las medidas llamadas de concordia "tocan los consensos del 78".

Para defenderse, por ejemplo, en Castilla y León, se dice que la futura ley tiene como objetivo "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", es decir, desde la Segunda República que se desarrolló en un régimen democrático hasta el fin de la dictadura. Esa "honra" se hace, no obstante, sin referencias o condenas a la dictadura de Francisco Franco porque para el procurador del PP, Raúl de la Hoz "es algo que está implícito" en el "espíritu" proposición y "no hay que buscar al gato más pies de los que tiene".