El Gobierno y Canarias pactan el reparto obligatorio de menores migrantes a otras CC.AA.
Se pretende que se apruebe en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o de proposición de ley, como plantea el Gobierno
El Gobierno de España y el de la región de Canarias (archipiélago frente a la costa africana) pactaron una reforma urgente de la Ley de Extranjería española para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados entre todos los territorios españoles y aliviar así a aquellas zonas que registran ya una situación de "emergencia" en la materia.
Esta contingencia se vive en la actualidad en Canarias, Ceuta y Melilla (ciudades españolas fronterizas con Marruecos), de ahí que la propuesta inicial se dirija a aliviar a esos tres territorios, donde el número de menores que acogen supera con creces sus capacidades para garantizar los derechos que les asisten.
Así lo expusieron en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa.
Quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada el próximo mes de septiembre.
El texto que Torres presentó este lunes al presidente canario establece que cuando los recursos de acogida para menores migrantes de una comunidad estén por encima del 150 % de su capacidad, como ocurre ya con Canarias, Ceuta y Melilla, "se aplicará la ley" para propiciar su derivación a otras regiones del país, en función de su PIB y de su población, tal y como se acordó en 2022 en una Conferencia Sectorial, ha recalcado Torres.
En el caso de Canarias, se considera que su cupo de acogida es de 2.000 menores, por lo que a partir de 3.000 (un 50 % por encima de lo fijado), se activarían los recursos de derivación hacia otras regiones. Con la situación existente en estos momentos, eso supondría que deberían salir de Canarias 2.500 menores no acompañados.
Los Gobiernos español y canario mantienen diferencias jurídicas respecto a cómo se va a proceder en adelante cuando lleguen más menores no acompañados en pateras y cayucos a territorios ya saturados, lo que ocurrirá en las islas con toda probabilidad, pues no se espera que el flujo se detenga.
Canarias pretende que todos los menores que excedan su cupo de 3.000 sean asignados automáticamente a otras regiones tras su rescate y desembarco en las islas y que sean derivados "en un plazo máximo de quince días" a otra comunidad.
Estas se encargaría de hacerles las pruebas óseas que determinan su edad, ya que en las islas 1.800 chicos aguardan ahora por esa prueba y la lista de espera es de seis meses.
El Gobierno de España cree razonable esa petición de que las comunidades receptoras sean las que determinen la edad de los chicos que reciban, pero pide tiempo para estudiar ese plazo máximo de 15 días para acometer la derivación.
Tanto Fernando Clavijo como Ángel Víctor Torres se mostraron optimistas con el éxito de esta reforma legal, hasta el punto de que el primero confió en que contará con mayoría en el Congreso de los Diputados.
El ministro socialista espera que esta reforma legislativa cuente con el respaldo de los conservadores del PP, que la secundan ya en Canarias y en Ceuta.
Ello permitirá, recalcó, que en adelante se imponga la ley en territorios que ahora se niegan a acoger a menores migrantes no acompañados, dado el fracaso que ha tenido hasta el momento la solidaridad voluntaria.
