El día que Puigdemont puso precio a los siete síes de Junts
El expresidente catalán pone sobre la mesa sus condiciones al apoyo de Junts. El Gobierno, tranquilo tras conocerlas. Feijóo descarta verse con los independentistas.
"Estén preparados por si hay elecciones, pero también para una negociación que puede acabar en acuerdo histórico". Consciente del poder que el resultado de las elecciones del 23 de julio le ha otorgado, Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder oficioso de Junts, dejaba claras las dos opciones que le quedan a España: "O elecciones o pactan con nosotros".
La endiablada matemática parlamentaria que salió de las urnas y la evidente distancia entre bloques, ha convertido a los siete diputados de Junts en imprescindibles para decantar la investidura a derecha o izquierda.
Cualquier candidato —ya sea Alberto Núñez Feijóo, del PP, o Pedro Sánchez, del PSOE— ha de convencer al partido nacionalista catalán para obtener sus siete síes. Y eso pasa por convencer a Carles Puigdemont, el expresidente catalán, quien ya no preside el partido pero es, de facto, su líder.
Este es el terreno de juego y faltaba conocer las condiciones del partido, que el propio expresident ha anunciado en rueda de prensa este martes desde Bruselas, la capital de Bélgica, donde se encuentra huido desde 2017 tras la declaración unilateral de independencia y donde es, además, eurodiputado.
La condición fundamental, sin la que no habrá negociación, una ley de amnistía. O lo que Puigdemont ha calificado como "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra independentismo y los independentistas". Porque, dice el expresidente catalán, "el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia". Puigdemont quiere que esta amnistía "incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014".
Las otras dos condiciones que el expresidente catalán ha puesto sobre la mesa son un mecanismo de mediación y verificación de los acuerdos a los que se llegue en la negociación, así como el reconocimiento efectivo del independentismo catalán como actor político. "No se puede negociar con quienes nos consideran la segunda amenaza más importante después de amenaza terrorista", ha dicho Puigdemont.
Todas estas condiciones son, para el expresident catalán, acordes a los tratados y acuerdos internacionales, y no son contrarias a la Constitución. Tampoco requieren "de un largo proceso legislativo", ha añadido. "Son condiciones previas que se han de poder cumplir antes de que se agote el tiempo para evitar las elecciones". Si se dieran, ha dicho Puigdemont, podría iniciar una negociación que les obligaría "a trabajar para un compromiso histórico". "Sólo depende de la voluntad política", ha aseverado.
De tal "acuerdo histórico" puede depender la investidura de Pedro Sánchez como todo el mundo es consciente en el panorama político español. Por eso se está cocinando poco a poco, con discreción, y paso a paso.
Por eso, como ha apuntado Feijóo desde el Congreso, la visita a Puigdemont de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, como líder de Sumar, no es baladí. El exdirigente catalán pide soluciones políticas al conflicto y eso es justo lo que acordaron tras el encuentro en Bruselas: "Explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político".
Por supuesto, al líder y candidato del PP no le ha hecho ni pizca de gracia conocer las exigencias previas de Puigdemont, pese a que se las pudiera imaginar. Y ha zanjado un asunto que le estaba erosionando a nivel interno: la posible reunión con Junts dentro de la ronda de contactos que mantiene como candidato asignado por el rey para la investidura.
"Si nos va a proponer la amnistía como requisito para la investidura, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP. Yo no voy a ser el presidente del Gobierno de la amnistía como condición para ser presidente. Nos podemos ahorrar la reunión", ha dicho ante los periodistas tras reunirse con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal.
Feijóo ha asegurado que él no aceptará las condiciones que cree que Sánchez sí asumirá. "Por donde parece que esté dispuesto a pasar Sánchez yo no paso", ha dicho el líder del PP, quien cree, sin embargo, que el presidente en funciones "no se va a atrever a garantizarle una amnistía a Puigdemont como paso previo a ser presidente del Gobierno".
"Nunca seré presidente a cambio del interés general de los españoles", ha dejado claro Feijóo, quien considera que "nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones para el Gobierno de España las marque un político que está en busca y captura por la justicia española". Feijóo cree que "este es el camino escogido por el PSOE" y que "España tiene que volver al camino constitucional".
Pero desde el Gobierno y desde el PSOE niegan que el país se vaya a salir de ese camino de la Constitución. De hecho, ese es, tal y como repiten una y otra vez sus portavoces, el marco: la Carta Magna.
"Sánchez ha garantizado que en España se cumpla la Constitución en todos los territorios. Con esa guía, conforme a la Constitución, con la base del diálogo y con el objetivo de la convivencia, es como afrontamos la futura legislatura", ha aseverado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno en funciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Fue con otro Gobierno, de otro color político, del PP, cuando en España hubo quien quiso saltarse la Constitución", ha recordado Rodríguez, que ha insistido en mandar un mensaje de "tranquilidad".
Fuentes gubernamentales citadas por EFE y Europa Press también han querido trasladar esa impresión: que el Ejecutivo en funciones está tranquilo tras conocer cuáles son las condiciones de Puigdemont para sentarse a negociar. Destacan, sobre todo, el hecho de que el expresidente catalán haya dado más importancia a una eventual amnistía que a un referéndum de independencia, apenas mentado.
¿Vía 'exprés' para la amnistía?
Sobre la posibilidad de que una ley de amnistía se apruebe en el Congreso antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, como ha reclamado Puigdemont, desde Sumar se han mostrado optimistas. Lo ha hecho Jaume Asens, miembro del equipo negociador del partido de Yolanda Díaz en declaraciones a LaSexta, donde ha recordado que la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición se hizo vía exprés, en apenas un mes.
Eso sí, por aquel entonces las dos cámaras, tanto en Congreso como el Senado, contaban con una mayoría de izquierdas. Ahora el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que dilataría los plazos.
Esta vía exprés es la que quieren aplicar PSOE y Sumar para reformar el reglamento del Congreso y poder así utilizar el catalán, el euskera y el gallego en el debate de investidura de Feijóo, previsto para los días 26 y 27 de septiembre.
La idea, indica Europa Press, sería registrar la proposición de ley esta misma semana para que sea admitida por la Mesa y se pueda debatir en la semana del 19 al 21 de septiembre, aprobándose por lectura única, sin pasar por Comisión. Durante este proceso, explica esta agencia, la Mesa puede ir contratando traductores para la sesión de investidura.
Este sería un gesto más de cara a lograr decantar el 'sí' de Junts a favor de Sánchez y del bloque progresista. Un sí que ya tiene precio. Veremos cuánto se acaba pagando por él.