El caso Koldo vs. el caso Ayuso: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?

“La búsqueda de material de protección era desesperada, hasta tal punto que los aeropuertos de Pekín o Shanghái parecían mercados persas”. Quien fuera fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, recuerda de esta forma el caos generalizado durante los primeros meses de pandemia, cuando todos los países comenzaron una carrera contrarreloj para hacerse con material de protección sanitaria.

El descontrol se explica con una anécdota que evoca Martín Pallín: la de los aviones cargados con material sanitario y con un destino ya fijado que desembarcaban lo empaquetado tras recibir in situ más dinero para llevarlo a otro país. “Los primeros momentos”, comenta el exfiscal del Supremo, “fueron de carrera desbocada”. Y es ahí, en el desconcierto, donde se “propician los casos de aprovechamiento y corrupción”.

Los más pícaros vieron además intensificadas sus opciones de pillaje gracias al decreto de alarma del 14 de marzo de 2020, que liberaba a las Administraciones de “tener que sujetar el procedimiento de contratación a los requisitos formales”. Es decir, “para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas" se permitió, de manera excepcional, contratar a dedo, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin exigir experiencia o solvencia a las empresas. Se conformó un hábitat más que adecuado para quienes la conducta ética se mide en millones de euros.

Uno de estos casos de supuesta conveniencia en la compraventa de mascarillas es el que investiga desde hace unos días la Fiscalía Anticorrupción y que ha culminado con la expedición del exministro socialista José Luis Ábalos hacia el Grupo Mixto del Congreso. Pero el llamado caso Koldo no es el único que ha captado la atención mediática y pública en la pugna comercial por los cubrebocas.

El hermano de Ayuso

“La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros”. La afirmación es del exlíder del PP, Pablo Casado, durante una entrevista en la cadena Cope en febrero de 2022.

Casado denunciaba entonces el cobro de una comisión por parte del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras haber intermediado en un contrato para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros, una adjudicación a dedo del Gobierno regional a la empresa de un amigo de la familia, según reveló en noviembre de 2021 eldiario.es.

El caso de Tomás Díaz Ayuso fue investigado durante meses por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. Terminó archivado y Pablo Casado apartado del PP y lanzando un fondo de capital riesgo para invertir en defensa e inteligencia artificial. Pero ¿qué diferencias hay entre el caso Koldo y el caso del hermano de Ayuso?

Para el periodista de El País Fernando Peinado, en conversación con El HuffPost, “la principal diferencia es que Koldo se encuentra dentro de la Administración pública, es un empleado del Ministerio que habría cobrado mordidas y habría utilizado su cargo para proponer adjudicaciones a una empresa en concreto”.

Cabe señalar que cobrar una comisión por un acuerdo comercial no es delito, aun millonaria puede ser lícita, no así un soborno o una mordida. El Código Penal establece como delito en su capítulo V, referido al cohecho, que una “autoridad o funcionario púbico, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase". Es también delito que un particular retribuya la intermediación de “una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública”, como por ejemplo el arreglo para entregar un contrato a una empresa y no a otra.

El hermano de Ayuso, a pesar de su relación de parentesco y de ser el “mejor amigo” de la presidenta, no trabajaba dentro de la Administración, aunque sí la ha tenido como clienta durante dos décadas en las que ha ejercido como comercial de productos médicos.

Según relata Peinado en El País, cuando estalló la pandemia, Tomás Díaz Ayuso le propuso “a un amigo íntimo, Daniel Alcázar, importar mascarillas desde China para vendérselas a las administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, por medio de la empresa textil de Alcázar, Priviet Sportive SL”. Según los fiscales, ambos acordaron que Ayuso cobraría 175.000 euros y un bonus a determinar por cada operación de venta exitosa.

Ni Priviet Sportive SL (caso Tomás Díaz Ayuso) ni Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas SL (caso Koldo) tenían relación previa con la compraventa de material sanitario. La actividad de la primera se centra en el sector textil y la segunda se dedica a los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

La ausencia de relación con el comercio de materiales sanitarios, no obstante, fue un hecho habitual en los cientos de contratos con empresas de diversa índole que se firmaron durante la pandemia, algo que ha constatado el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización sobre la contratación de las Administraciones en aquel momento.

Sin pruebas contra Ayuso

Si bien el hermano de la líder popular había mantenido una relación comercial con responsables de compras de Sanidad en la Comunidad, los fiscales no encontraron pruebas que acreditasen su mediación entre Priviet y el Servicio Madrileño de Salud.

Según el decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción, no se percibió ilegalidad alguna ni en la contratación ni en la incompatibilidad de contratar con Priviet por su relación con el hermano de la presidenta. “El análisis de la tramitación del contrato, de su objeto, precio y ejecución no permite concretar ilegalidad alguna, al menos en lo concerniente a las conductas incluidas en el perímetro de esta investigación”, concluyó el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

En relación con el precio de las mascarillas del caso Ayuso, aunque no se pudo certificar su calidad, la Fiscalía Europea no vio probado que su coste fuera desproporcionado. Sí existen diferencias entre el precio de unas y otras. Cada mascarilla adquirida por Priviet costó seis euros IVA incluido, mientras que las compradas por la empresa del caso Koldo costaron 2,5 euros la unidad.

Archivada a nivel judicial, la causa de Ayuso sobrevive a nivel político, como se ha podido ver en el enfrentamiento en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. 

La causa de Koldo García, más reciente, todavía está abierta, tanto en Anticorrupción como en la Fiscalía Europea, bajo secreto de sumario y ha provocado ya varias detenciones, incluida la del exasesor de Ábalos.

El hermano del duque de Feria

El periodista de El País referencia un tercer caso que presenta también similitudes con las otcausas mencionadas: el de Luis Medina, hermano del duque de Feria, y Alberto Luceño, dos amigos que se aliaron para vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid y que están a la espera de juicio por estafa agravada, falsedad documental y, en el caso del segundo, también por delito contra la Hacienda Pública. Medina enfrenta una solicitud de nueve años de cárcel y Luceño, quince.

También en Canarias

Este jueves se ha conocido otro caso en relación con la compraventa de mascarillas, esta vez en Canarias, donde el Juzgado de Instrucción ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra cuatro empresarios, incluyendo al presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas y a un exalto cargo del PP, Miguel Ángel Ramírez.