Doble examen el 19 de septiembre a las lenguas cooficiales españolas

El pasado 17 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remitió una carta a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea —integrado por los 27 países miembros— solicitando que se modifique el reglamento del régimen lingüístico de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales y de trabajo.

Una especie de "autopase" de España —es precisamente el Gobierno español quien ejerce desde junio la Presidencia de turno del Consejo de la UE— que se produce después de que el PSOE y Sumar acordaran con los nacionalistas catalanes (ERC y Junts) el apoyo de estos para constituir una mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso. Luchar en Europa la oficialidad de las lenguas a nivel comunitario era una de las exigencias a cambio de sus votos. 

Y los partidos de izquierdas se han puesto a ello en las últimas semanas a través de las dos vías posibles. Por un lado, esta: tratar de modificar el reglamento reclamándolo al Consejo. 

Por otro, pedirle a la Mesa del Parlamento Europeo que autorice que estas tres lenguas sean de uso y de trabajo en el Hemiciclo. Esta última vía no implicaría que las lenguas fueran oficiales, como la primera opción, pero sí que se pudieran usar parlamentariamente. 

Lo que muchos no saben es que la Mesa del Parlamento Europeo lleva con esta petición formal sobre la mesa desde septiembre de 2022. Es decir, un año con el tema estancado. La pasada semana, tanto los socialistas europeos como los Verdes, a instancias de PSOE y ERC, pidieron elevar de nuevo el tema al organismo europarlamentario y que se volviese a estudiar. 

Pero el órgano presidido por la 'popular' Roberta Metsola decidió esperar a que sea el Consejo el que se pronuncie sobre la petición de España realizada por Albares. Y esto será el próximo martes día 19. 

Casualmente, ese mismo día se votará en España otra reclamación del independentismo catalán: que el Congreso de los Diputados también permitiera que se usen estas lenguas durante los debates, además de para el trabajo parlamentario. 

La modificación del reglamento se presentó hace unos días y el debate tendrá lugar el martes mientras se discute en Bruselas si los 27 países miembros aceptan reformar el reglamento y hacer oficiales el catalán, el euskera y el gallego. 

Tanto en el Ejecutivo en funciones como en los eurodiputados españoles de izquierdas hay optimismo respecto a este asunto, aunque prudencia. 

No ven obstáculos insalvables que impidan que se tome esta decisión y consideran que en Europa se entiende la particular inclusión de las distintas lenguas en la Constitución. 

El objetivo, en todo caso, es demostrar al independentismo que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que las lenguas se hablen en los distintos parlamentos. Será posible en España, pero parece más difícil en Europa. 

Al menos, después de lo que ha expresado el Ejecutivo de Suecia, gobernado por la derecha, haya expresado sus dudas sobre la posibilidad de reformar el reglamento. Estocolmo, según informa Europa Press, quiere examinar "más a fondo" las consecuencias "legales y financieras" de la propuesta española. 

De hecho, la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessika Roswall, recordó en las últimas horas que "hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE".

Las reticencias suecas serían suficientes para tumbar la petición española, ya que la reforma del reglamento requiere de la unanimidad del Consejo. 

El problema es que, según informó El País este viernes, también hay dudas entre otros Estados miembros, que fueron expresadas en la reunión de embajadores de los Veintisiete celebrada el pasado día 15. 

En esa reunión, tal y como adelantó El Español y confirmó el propio El País de fuentes conocedoras del cónclave, España, en su esfuerzo por lograr la exigencia de Puigdemont, se ofreció a pagar los costes que supondría hacer que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE.  

Los países reticentes no se opusieron de forma rotunda, pero sí pidieron más tiempo, por lo que podría darse la circunstancia de que el Consejo estudiase la propuesta pero postergase una eventual decisión. 

El consuelo para el Gobierno y para el independentismo catalán es que, si finalmente Bruselas desestima la propuesta española, al menos en el Congreso de los Diputados ya se estará hablando en las distintas lenguas durante el debate del 19 de septiembre. Cada gesto cuenta para lograr la investidura.